Una jueza pide una macrocausa del ‘caso residencias’ que determine si los protocolos generaron «un marco discriminatorio que afectó a múltiples residentes»

Una jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero sostiene que la investigación sobre los protocolos de no derivación hospitalaria aplicados en las residencias durante la pandemia no debería abordarse caso por caso, sino de manera conjunta, ante la posible existencia de un patrón común de discriminación. A su juicio, la cuestión central no es únicamente determinar qué ocurrió con cada residente de forma individual, sino esclarecer si las directrices de no derivación establecieron criterios que generaron «un marco discriminatorio que afectó a múltiples residentes». 

El auto, al que ha tenido acceso Público, expone que «no debe partirse de una valoración fragmentada de cada víctima sino que lo que debe es determinarse si objetivamente los protocolos de derivación hospitalaria en residencias incorporaban sesgos discriminatorios que pudieran haber condicionado de manera generalizada la asistencia sanitaria disponible para concluir, por tanto, que no cumplían los estándares médicos en el contexto excepcional de pandemia, generando de esta manera un marco discriminatorio que afectó, simultáneamente, a múltiples residentes». En concreto, la jueza propone investigar si la decisión de no trasladar a determinados residentes a un hospital pudo estar condicionada por factores como el grado de movilidad, el nivel de discapacidad u otros posibles sesgos estructurales que acabaran determinando quién podía ser derivado y quién quedaba fuera de esa atención hospitalaria.

Esta interpretación ha abierto, además, una cuestión de competencia. La jueza entiende que debería ser la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid nº 3 la encargada de investigar conjuntamente todas las denuncias. Sin embargo, este órgano rechazó asumir la inhibición al considerar que cada procedimiento corresponde a una víctima distinta, con circunstancias sanitarias, residencias y situaciones asistenciales propias. Por ello, defendía que no existía una conexión suficiente como para reunir todas las investigaciones en una única causa.

La resolución plantea que, si esos criterios se aplicaron de forma uniforme, pudieron haber provocado una «exclusión sistemática»

Por su parte, la jueza de Navalcarnero recalca que la investigación no debe partir de una «valoración fragmentada de cada víctima». A su parecer, existe un elemento común —los protocolos y la forma en que fueron aplicados— que justificaría una investigación unificada de las distintas causas para evitar la «dispersión judicial». Además, el auto vincula los hechos investigados con el artículo 511 del Código Penal, relativo a la denegación de prestaciones por motivos discriminatorios. La resolución plantea que, si esos criterios se aplicaron de forma uniforme, pudieron haber provocado una «exclusión sistemática» de las personas que no alcanzaban determinados umbrales de movilidad o discapacidad.

Finalmente, el auto acuerda que, hasta que exista una resolución firme sobre la cuestión de competencia, esta debe mantenerse en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza nº 3, dentro de las diligencias previas 982/2021, relativas al posible delito de denegación discriminatoria de prestaciones en el caso de una residente concreta. Mientras tanto, Navalcarnero acuerda el sobreseimiento y el archivo de sus actuaciones. En este supuesto, al tratarse de una cuestión de competencia negativa —es decir, cuando dos juzgados rechazan hacerse cargo de la investigación de un mismo caso— corresponde a la Audiencia Provincial decidir qué órgano debe asumirla.

Otro intento para una macrocausa 

El auto de Navalcarnero llega después de varios intentos frustrados de unificar judicialmente las investigaciones sobre la discriminación sanitaria sufrida por las personas mayores en las residencias madrileñas durante la pandemia. El 30 de abril, la Audiencia Provincial de Madrid decidió no concentrar todas las investigaciones en una macrocausa. El tribunal descartó tanto la unificación completa de los procedimientos en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid como la opción intermedia de agrupar allí únicamente las diligencias relacionadas con los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La decisión supuso mantener la dispersión de las causas entre distintos órganos judiciales.

Sin embargo, el escenario volvió a cambiar en julio. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid optó entonces por concentrar ambas investigaciones en una misma causa. En su resolución, el tribunal acordó que el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles se inhibiera a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que ya investigaba hechos similares, con el objetivo de «evitar resoluciones contradictorias y garantizar una adecuada administración de justicia».