Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido ser absuelta de cara a su juicio, ya que asegura que «en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse» y que «no se apropió» del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Así lo ha expuesto en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que añade que tampoco «destinó a usos privados» el software de la UCM, como sostiene la acusación popular liderada por Hazte Oír.
Gómez se enfrenta a un juicio con jurado popular por presuntos delitos de malversación y de tráfico de influencias, por los que Hazte Oír reclama 13 años de prisión para ella, después de que el juez Juan Carlos Peinado acordara sentarla en el banquillo junto a su asistente, Cristina Álvarez, al terminar la investigación.
La esposa del presidente señala que el dominio de la cátedra, «sufragado con fondos personales», fue «un mero instrumento técnico de acceso web, creado en el contexto de las indicaciones» de la UCM.
Y asevera que la Universidad «no ofrecía un cauce operativo para registrar el dominio y la plataforma tecnológica no estaba finalizada para completar su registro», por lo que su actuación como codirectora de cátedra «fue funcional y provisional, con ánimo de impedir que terceras personas pudieran hacerse con el dominio y utilizarlo hasta que el proyecto estuviera finalizado y pudiera registrarse a nombre de la UCM».
«La plataforma tecnológica siempre se ha concebido como propiedad de la UCM», asegura la esposa del presidente del Gobierno, y señala que el registro del dominio «se llevó a cabo con pleno conocimiento de la UCM y con el objetivo de que el Máster propio tuviera un logo identificable y distintivo en las futuras labores de divulgación y promoción».
Gómez niega haber presionado al rector
Por otro lado, Gómez argumenta que llevaba colaborando con la UCM «mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno», concretamente desde 2012. La defensa de Gómez precisa que «en ningún caso se exige titulación universitaria superior para dirigir las cátedras extraordinarias ni para impartir docencia en los títulos propios, pues no son títulos oficiales».
Asimismo, la esposa de Sánchez asegura que «no influyó ni ejerció presión moral» en el rector de la UCM, Joaquín Goyache, ni en el que fue vicerrector Juan Carlos Doadrio, «ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la creación de la Cátedra extraordinaria que dirigió». Y precisa que se reunió con el rector en el Palacio de la Moncloa porque «la Escuela de Gobierno, como la gran mayoría de dependencias de la universidad, se hallaba cerrada con ocasión del COVID-19».
Además, puntualiza que los ingresos que percibió como docente en la UCM fueron variando desde el año 2012 hasta 2024 «en función del número de horas de docencia impartidas, así como de las funciones desempeñadas», pero que en ningún caso, «dada su condición de colaboradora externa», ha superado «el límite retributivo de 15.000 euros brutos anuales».
«La Cátedra extraordinaria no ha supuesto a Gómez beneficio económico alguno», indica su abogado Jaime Campaner, y añade que «no ha sido remunerada» por ello: «Ha desempeñado sus funciones de forma gratuita durante cuatro años».
El «apoyo» de Cristina Álvarez
Sobre su asistente personal, Cristina Álvarez, también acusada en esta causa, Gómez indica que «le proporciona la ayuda necesaria para coordinar, organizar y gestionar todas sus funciones, no sólo institucionales, sino también familiares, privadas y profesionales». Gómez recalca que «como todas las esposas de los presidentes del Gobierno» de la democracia española, «realiza de forma gratuita funciones institucionales en el ámbito nacional e internacional en apoyo a la presidencia del Gobierno».
Y que por ello «ha sido costumbre que las cónyuges del presidente necesariamente cuenten con personal de apoyo de carácter eventual» para que ejerzan «apoyo en todas las actividades que han sido tradicionalmente realizadas» por ellas, indica, «tanto de carácter institucional, como de naturaleza privada o profesional».
Por tanto, defiende que Álvarez, para quien la acusación popular pide seis años de cárcel por presunta malversación, «no ha desatendido sus funciones como asistente de la esposa del presidente del Gobierno por auxiliarla en diversas cuestiones relacionadas con la Cátedra extraordinaria».
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