Marlaska se queja al CGPJ de que se prohibiera a la Policía informar a sus mandos y Perelló respalda la actuación de la magistrada

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en la que le transmite su «preocupación» por la decisión de la jueza María Tardón de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores. Sin embargo, la presidenta del Supremo ha defendido la actuación de Tardón y ha pedido «el máximo respeto», en respuesta a la misiva de Marlaska.
En la carta de Interior Marlaska sostiene que en situaciones de extrema gravedad, como la de Ceuta, debe ser compatible que la policía judicial informe a los órganos judiciales a la vez que facilite al Gobierno «cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional».
Perelló ha contestado con otro escrito al ministro del Interior para subrayar que los órganos de gobierno del Poder Judicial «tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales». Además, continúa la carta, la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, que es «general» para todos los ciudadanos y «especial» para la policía judicial.
La presidenta del CGPJ ha trasladado al ministro que está «plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales».
Marlaska defiende que es «de gran interés»
Para el ministro, la información de la que dispone la Policía Nacional es «de gran interés» para Interior y para que el Gobierno ejerza «con el mayor acierto sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado».
Así partiendo de que «respeta escrupulosamente» la independencia judicial, argumenta que, ante una situación de interés para la seguridad nacional, «no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos» en la gestión de una crisis de tal magnitud.
El titular de Interior envió la misiva después que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), adscrito a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, haya elaborado un informe a petición de la magistrada de la Audiencia Nacional, que según Interior dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre dicho informe.
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