La asesora de Begoña Gómez pide su absolución ante una acusación «disparatada»

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, ha pedido su libre absolución en el escrito de defensa presentado en la causa en la que está acusada de malversación, junto a la esposa del presidente del Gobierno, y ha solicitado además que se condene en cosas a la acusación popular por la temeridad de una acusación «disparatada».

En el escrito presentado, la defensa de Cristina Álvarez ha negado que exista un delito de malversación en los hechos que se le atribuyen, incluso si son considerados ciertos, y sostiene que la acusación popular solo busca «rédito político de un juicio mediático». «No cabe mayor temeridad», recalca.

También apunta a la «desmesura de las penas que se interesan» o al número desproporcionado de testigos, 120, para, sostiene, «alargar al máximo el juicio» y que coincida con un proceso electoral, obligando a «los 11 ciudadanos que tengan la mala suerte de ser designados como jurados» a asistir a una vista de varios meses de duración.

Álvarez, a quien la acusación popular pide 6 años de cárcel, destaca que también la Fiscalía pide el sobreseimiento del caso en su contra, al igual que Manos Limpias, también acusación popular.

La asesora subraya que no intervino en la contratación de un dominio para el software de la cátedra que encabezaba Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, que no llegó a inscribirse a nombre de nadie, tampoco en el registro de la marca «Plataforma de medición de Impacto Social y Medioambiental www.TransformaTSC.org» ni en la constitución de la sociedad Transforma TSC.

En el caso del dominio, fue Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra, quien lo registró y después transfirió a Begoña Gómez, mientras que fue la esposa del presidente del Gobierno quien registró la marca y constituyó la sociedad.

Además, en todo lo relacionado con el software y con el dominio, «actuó siempre siguiendo instrucciones de Begoña Gómez y en el convencimiento de no estar realizando nada que sea ilegal o estuviera prohibido» y no contribuyó a ejecutar un acto delictivo, por lo que no es cooperadora ni cómplice.

Solo se le atribuye, recalca esta defensa, «asistir a una reunión informativa e intercambiar seis correos» con personal de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense.

«¿Cómo se puede mantener la acusación cuando el software nunca ha dejado de estar a disposición de la Universidad Complutense, hasta el punto de que un técnico del Servicio de Sistemas de la Universidad es quien figura como propietario/owner?», se pregunta esta parte.

Álvarez pide que en el futuro juicio por jurado popular declaren varios testigos, como Blanca de Juan, personal de la Complutense o la directora de otro máster que también registró un dominio a su nombre.

Además, de forma subsidiaria y en caso de ser condenada como cooperadora, pide que se le aplique la pena inferior por su relación con la acusada como autora, es decir, Begoña Gómez.