La Justicia internacional fracasa ante Israel: Netanyahu libre y una denuncia de Sudáfrica que no avanza

El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una denuncia contra Israel por genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que es el tribunal de Naciones Unidas con potestad para dirimir las disputas entre Estados. Pretoria pedía a la CIJ que ordenase a Israel dejar de matar y causar graves daños  a la población palestina de Gaza para provocar su destrucción física como grupo, y que permitiera el acceso a la ayuda humanitaria. Casi tres años después, nada de esto ha sucedido; Israel sigue perpetrando impunemente el genocidio en la Franja.

El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI), que es el tribunal internacional con potestad para perseguir a los dirigentes mundiales por delitos de lesa humanidad, emitió una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad. 

Los jueces de la CPI hallaron indicios razonables sobre la presunta responsabilidad penal de Netanyahu y Gallant del delito de guerra de «hacer morir de hambre», entre otros «actos inhumanos» sobre la población gazatí. 

Esas órdenes de detención siguen vigentes e implican que los 124 Estados miembros de la Corte, adheridos al Tratado de Roma, deben arrestar a Netanyahu y Gallant si estos pisan su territorio. Sin embargo, Hungría, gobernada entonces por el ultra Víktor Orbán, incumplió sus compromisos como fundador de la CPI al no detener a Netanyahu en abril de 2025, cuando este visitó oficialmente el país centroeuropeo durante cuatro días.

El mismo día en que Netanyahu pisaba Budapest, el Gobierno de Orbán anunciaba que Hungría abandonaba la CPI. De nada sirvió la posterior denuncia de la Corte ante su órgano supervisor sobre la «mala fe» en la actuación de Hungría. El pasado mes de mayo, con Orbán fuera del Gobierno, el Parlamento húngaro revocó la salida de la CPI.

Inoperancia

Para la profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos Sonia Boulos, la Corte Penal Internacional «respondió lenta y tímidamente a las atrocidades en Gaza». Boulos considera que la denuncia de Sudáfrica contra Israel y su opinión consultiva en la Corte Internacional de Justicia, que declaró la presencia continua de Israel en Palestina como un acto ilegal que viola las normas imperativas del derecho internacional, «presionaron indirectamente a la CPI para que demostrara una mayor implicación».

Hay que recordar que el caso de Palestina ante la CPI se abrió formalmente el 3 de marzo de 2021. Fue impulsado por la adhesión del Estado de Palestina al Estatuto de Roma, en 2015, y su solicitud de investigar presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hace más de cinco años de la apertura del caso e Israel sigue masacrando a niños palestinos.  

La lentitud e inoperancia de la Justicia internacional para frenar el genocidio en Gaza no tiene tanto que ver con los instrumentos jurídicos en el marco del derecho penal internacional y el derecho humanitario sino con la voluntad de los Estados, opina Boulos. En este sentido, una de las mayores piedras en el camino de la CPI para frenar al Gobierno de Netanyahu está siendo el apoyo que recibe del Gobierno de Trump, que le ha declarado la guerra a la Corte Penal Internacional, imponiendo sanciones a quienes colaboren con el tribunal. Su personal ha recibido graves amenazas, en una guerra sucia por parte de Israel.

Incumplimiento de Israel

Hace unos días, el Gobierno de Sudáfrica presentó un expediente contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por incumplir las medidas provisionales impuestas por el tribunal para prevenir el genocidio en la Franja de Gaza, en un nuevo impulso para que la CIJ actúe contra Israel. 

Ante la denuncia de Sudáfrica, en diciembre de 2023, a la que se sumó España posteriormente, entre otros Estados, la Corte Internacional de Justicia dictó varias medidas provisionales contra el Estado de Israel, de obligado cumplimiento pero sin instrumentos efectivos para hacer que se cumplan. 

Así, en enero de 2024 la CIJ instaba a Israel a permitir urgentemente la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria para hacer frente a las adversas condiciones de vida a las que se enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza. Sin embargo, esto no ha ocurrido.

Durante estos años desde que las autoridades sudafricanas interpusieron la denuncia, han sido varios los intentos de impulsar la acción de la Corte, con recordatorios puntuales por parte de Sudáfrica sobre el flagrante incumplimiento de las medidas provisionales por parte del régimen de Netanyahu. 

Ahora, Sudáfrica, que sufrió un apartheid o régimen de segregación racial entre 1948 y 1991, insta a la Corte a que vuelva a presionar a Israel, documentando el incumplimiento sistemático de las medidas provisionales que debía seguir para frenar el genocidio. En su expediente, Sudáfrica recuerda que desde que se dictó el violado alto el fuego, en octubre de 2025, ha muerto de media un niño al día en Gaza asesinado por el  Ejército israelí.

A la denuncia sudafricana se sumaron España, Bélgica, Irlanda, Turquía, Colombia, México, Argelia o Egipto, entre otros Estados, con la ausencia significativa de Francia, Alemania e Italia.

Nuevo impulso de Sudáfrica

Es una buena ocasión para que los Estados que se sumaron a la denuncia de Sudáfrica se unan de nuevo a esta petición de cuentas ante la CIJ. Precisamente España se sumó a la denuncia de Pretoria en junio de 2024 ante el incumplimiento por parte de Israel de las medidas cautelares para frenar el genocidio, como permitir la entrada de ayuda humanitaria en la Franja. Entonces, el ministro Albares recordó que todos los mandatos del máximo tribunal de la ONU «son de obligado cumplimiento». Al cierre de esta edición, Público no ha recibido respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la posibilidad de personarse también ante el expediente de Sudáfrica. 

Para Amnistía Internacional, Sudáfrica ha abierto una nueva oportunidad para que los Estados presionen a Israel instando al final del genocidio en Gaza. «Desde que la CIJ emitió su primer conjunto de medidas provisionales en enero de 2024, las autoridades israelíes han seguido infligiendo daños irreparables a los derechos de los palestinos en Gaza, protegidos por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, haciendo caso omiso de las órdenes de la Corte y de sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional», consta en un comunicado de Amnistía Internacional.