El ‘caso Lezo’ llega a juicio diez años después de que la Audiencia Nacional comenzase a investigar la compra de Inassa con un sobreprecio millonario

El caso Lezo da este lunes el pistoletazo de salida en el banquillo de la Audiencia Nacional (AN). El primer juicio, que juzga la compra en 2001 por parte del Canal Isabel II de la empresa colombiana Inassa con un sobreprecio de hasta 29 millones de euros, llega, ni más ni menos, diez años después de que el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional abriera las pesquisas como consecuencia de una querella de la Fiscalía Anticorrupción.

El sucesor de Esperanza Aguirre al frente de la Puerta del Sol, Ignacio González, figura como uno de los principales acusados en esta macrocausa, que versa sobre el presunto pago de mordidas a través de la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II y que llegó a desgajarse en ocho piezas. 

Si bien, quien fuera presidente del ente público y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre entre 2003 y 2012 –periodo en el que se desarrollaron los hechos investigados–, aunque también estuvo por la compra de Inassa, no se estrenará en el banquillo hasta dentro de poco más de un mes, cuando se celebre la vista oral sobre la adjudicación y gestión del campo de golf del Canal Isabel II (el inicio del juicio está fijado para el 13 de octubre de 2026).

En 2027, le esperan otros dos juicios por este caso. Se trata de la pieza sobre la adquisición de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal (a partir del 12 de enero de 2027), y la que versa sobre el contrato del tren Móstoles-Navalcarnero (desde el 28 de junio del próximo año). 

Lezo fue el sobrenombre elegido por la Guardia Civil para bautizar la operación que llevó a la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid en abril de 2017. El apodo se inspiró en el almirante español Blas de Lezo, que organizó la defensa de Cartagena de Indias (Colombia) durante el asedio británico de 1741, donde el expresidente madrileño denunció que fue espiado en uno de sus viajes oficiales.

Precisamente, las pesquisas partieron de los hechos referentes a la expansión en Sudamérica del Canal de Isabel II, con las adquisiciones con desvío de dinero público de la colombiana Inassa y la brasileña Emissao como «operaciones principales».

Dos exconsejeros madrileños

En lo referente al juicio que se inicia este lunes, la Sección 2 de la Sala de lo Penal de la AN juzgará a 22 personas, entre las que se encuentran los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores del que fuera alcalde de Madrid y presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, para quien Anticorrupción pide siete años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta.

Tanto a estos exdirigentes autonómicos como a los otros 20 acusados –técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas, así como gestores e intermediarios en la operación– se les imputa un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación. Para el resto, la Fiscalía reclama entre seis y siete años de prisión y entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público pide que los 22 acusados indemnicen al Canal de Isabel II de forma conjunta y solidaria con el «sobreprecio pagado por la adquisición» de la sociedad panameña a través de la cual el Canal de Isabel II compró Inassa, una cifra que asciende a algo más de 19 millones de euros, «sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas».

Los hechos investigados se enmarcan en el año 2001, cuando el ente público inició su expansión internacional en Colombia mediante la adquisición del 75% de la sociedad colombiana Inassa. Para esta operación utilizó una sociedad vehículo de nueva creación llamada Canal Extensa SA, participada en un 75% por Canal y en un 25% por la mercantil valenciana Tecvasa.

La adquisición de Inassa estuvo «plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta», resumió el juez instructor Manuel García-Castellón el 5 de marzo de 2020 en el auto por el que acordó la apertura del juicio oral. 

Y es que, lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de otra sociedad dominicana. La adquisición provocó «un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido al sobreprecio abonado –agravado por otras circunstancias– y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados, que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica», agrega la resolución.

La operación tuvo sus orígenes en marzo de los 2000, cuando varios empresarios de Triple A, principal activo de Inassa, «consiguieron» que uno de los anteriores socios la mercantil, la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar), a la que estaban vinculados profesionalmente, vendiera su participación en Inassa a la panameña SAA, sociedad de su propiedad y del resto de socios colombianos del conglomerado.

Paralelamente a la compra de esas acciones, los referidos acusados iniciaron un proceso de licitación privado dirigido a vender la sociedad SAA, el cual culminó a principios del año 2002 con su venta a Canal Isabel II, lo que se llevó a cabo por «un precio muy superior a su valor real, obteniendo así, a costa del erario público autonómico, cuantiosas plusvalías de las que se beneficiaron tanto ellos como los socios colombianos locales».

Desde el inicio de este proceso de licitación, actuaron en representación de la empresa pública madrileña los exdirectivos José Antonio de Cachavera Sánchez y Juan Pablo López Heras, quienes, «conociendo el interés» que los empresarios anteriormente citados tenían en la operación, «se dejaron convencer por estos para que la venta se llevara a cabo mediante la interposición de una sociedad panameña y, por tanto, de forma distinta a la que después se autorizaría, anteponiendo así los intereses económicos de los vendedores a los del ente público, al que se le causó un grave perjuicio».

La actuación de estos dos acusados contó con el beneplácito de Arturo Canalda González, director gerente de Canal desde el 25 de septiembre de 2001. Pese a conocer las circunstancias en las que se llevaría a cabo la operación –la interposición societaria y el sobreprecio–, desde el ámbito de sus competencias y su alta responsabilidad, «facilitó su tramitación y la presentó» a los Consejos de Administración correspondientes a fin de obtener la preceptiva autorización.

El auto señala que para la consecución de los hechos descritos fue «igualmente esencial» la conducta desplegada por 14 de los miembros del Consejo de Administración de Canal Isabel II (entre los que se encontraban los exconsejeros madrileños), quienes otorgaron la autorización para la compra directa de Inassa en la sesión del Consejo celebrada el 14 de noviembre de 2001, «a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar».

Finalmente, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó en noviembre de 2021 la correspondiente autorización para adquirir exclusivamente el 75% de la empresa colombiana, sesión a la que acudieron Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera junto con otros acusados en el marco de esta macrocausa, entre los que se encuentra Ignacio González.

Escribe el juez García-Castellón que «la palmaria y consciente dejación de las funciones» que los acusados tenían encomendadas en sus respectivos ámbitos de actuación como miembros del ente público, encargados de velar por la protección de los intereses públicos, «permitió que se desviaran cuantiosos fondos públicos a financiar una operación que causó indebidamente un menoscabo económico a dicha entidad en beneficio exclusivo de terceros».

Con todo, los acusados, «cabalmente instruidos de los detalles de la operación y plenamente apercibidos de las onerosas consecuencias que ello supondría para el ente público, consintieron que la operación se llevara a cabo pagando un sobreprecio indebido de entre 19.066.500 euros y 29.013.109 euros con cargo a los fondos públicos, cuya salvaguarda tenían encomendada, todo ello sin motivo alguno que lo justificase y en beneficio exclusivo de los vendedores», remacha el auto.

El primer juicio del caso Lezo está previsto que concluya el 8 de octubre, cinco días antes de que comience la siguiente vista oral de la macrocausa en la que Ignacio González se estrenará en el banquillo de los acusados. Para el expresidente madrileño, la Fiscalía solicita ocho años de prisión y 19 de inhabilitación por los delitos de fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.