La Audiencia Nacional pone el foco en la respuesta de las autoridades españolas en Ceuta y en el papel de los gendarmes marroquíes

«Nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero, que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España […] utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta». 

De esta manera, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha explicado su decisión de abrir una causa para investigar la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, declarando así –como apoyó la Fiscalía– su competencia para llevar el caso. 

A través de un auto de 26 páginas, la magistrada, a quien recayó la denuncia del «antipartido» Iustitia Europa –a la que más tarde se han adherido PP, Vox y Hazte Oír, entre otros– comparte varias de las premisas expresadas por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) en su informe, el cual incide en la permisividad e incluso participación de agentes marroquíes, pero no ofrece ninguna prueba directa sobre la autoría de Marruecos en este episodio.

«No nos encontramos ante unas actuaciones que no tienen una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea, sino de un proceso que presenta determinados hitos previos, coetáneos y posteriores», explica la jueza.

En este sentido, apunta a una «clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos, en la propia playa de Fnideq y lugares aledaños a dicho espacio en la ciudad de Castillejos se evidencia, a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos», documentadas en el informe policial remitido a la jueza el pasado lunes.

Asimismo, llama la atención sobre la «actitud» de «diferentes miembros uniformados de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos», una actitud que «no sólo evidencia permisividad», ya que durante la llegada de cerca de 80.000 migrantes «no se registró ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar» a las personas del perímetro fronterizo. 

Paralelamente, la instructora replica la calificación de la unidad policial sobre el «guiado activo» de los gendarmes marroquíes, que realizaron indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera para «dirigirles por los que llevar a cabo el cruce, superar los obstáculos existentes en dicho acceso y hasta organizando el acceso a la zona que conduce a la Playa Fnideq, y dentro ya de las propias aguas de la misma».

Por otro lado, subraya «la interacción» de los agentes uniformados con «otros individuos dinamizadores» de la masa, respondiendo a «idénticos perfiles físicos, de vestimenta y de comportamiento», que no solo guiaron a los migrantes, sino que «se les ha detectado impartiendo instrucciones al personal uniformado» desplegado.

Para delimitar las responsabilidades, la jueza, como ya advirtió la unidad policial, destaca la existencia de una estructura de al menos cinco niveles. En tres de ellos, es «posible señalar personas concretas e individualizadas», y en dos, «por el momento, no es posible la identificación de autores materiales concretos quienes, en todo caso sí parecen operar desde el territorio de Marruecos o en vinculación con él».

En este contexto, no solo apunta a los miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes, tanto uniformados como de paisano, pues también destaca el papel de las personas que cruzaron la frontera. «Dado el retorno casi inmediato a territorio marroquí de un alto porcentaje de los mismos, lo que permite determinar que la finalidad última de esta gran mayoría no responde, en absoluto, a una intención migratoria», agrega.

También, pone el foco en los «dinamizadores del mensaje», con el «papel central» de las redes sociales en «la promoción, difusión y viralización de la convocatoria, así como en la movilización de una cantidad de personas de las dimensiones de las que participaron en la entrada masiva».

En cuanto a la planificación, su existencia viene revelada por el análisis comparativo con los otros procesos que tienen como objeto entradas de cierta entidad en Ceuta. Sobre la dirección, el quinto nivel, la jueza considera que se trata de un proceso planificado y ejecutado por medio de «la coordinación de actores de la relevancia» de las fuerzas marroquíes, algo que requiere «una alta capacidad de influencia en redes sociales, en personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos y en personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesaria para formar parte del nivel de planificación del proceso».

La investigación no solo abordará la actuación desde Marruecos, ya que la jueza avisa de que investigará «todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español», como la articulación de «adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva». 

Tardón también advierte de que investigará todas las actuaciones que, de forma individual o en el contexto de cualquier organización criminal, «provean de cobertura a los inmigrantes irregulares una vez logrado por éstos su acceso y entrada en la ciudad», con recursos como casas, alquileres de garajes, locales o vehículos para su alojamiento «en precario» o «de traslado ilegal» a la Península en embarcaciones, realizando un «aprovechamiento oportunista» para la obtención de beneficios económicos ilícitos.

Pieza separada secreta

Tal como pidió la Fiscalía, la jueza crea una pieza separada secreta para aquellas actuaciones que puedan comprometer la instrucción, así como frustrar «futuras diligencias de cooperación internacional». Y es que, la investigación versa sobre «un fenómeno de extraordinaria complejidad y trascendencia institucional, respecto del que existen indicios de una posible actuación organizada, desarrollada parcialmente fuera del territorio nacional, con participación de una pluralidad de personas aún no identificadas y con potenciales ramificaciones internacionales», describe la jueza.

En todo caso, descarta «la autoría directa de ninguna de las organizaciones criminales de tráfico de inmigrantes que operan en dicho ámbito geográfico, más allá del mero aprovechamiento oportunista por su parte de algunos de los efectos de la crisis sobrevenida». 

Asume la investigación de las 83 muertes

La jueza deduce que la llegada masiva de migrantes a Ceuta tiene una intencionalidad de «atentar contra el Estado», vulnerando su integridad territorial, como señaló el presidente del Gobierno durante su visita a Ceuta el día 31 de julio de 2026. «Y ello, mediante un flujo migratorio masivo, que constituye uno de los métodos característicos de la ‘guerra híbrida’ o ‘zona gris’, con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles, en concreto, de toda una ciudad autónoma».

Además, Tardón hace una especial mención a los fallecidos durante este episodio, cuantificados en 83, y libra exhorto a los juzgados ceutíes para recabar información sobre los fallecidos. En este punto, enmarca lo acontecido en «el absoluto desprecio por la vida e integridad física de algunas de las personas más vulnerables» que cruzaron la frontera. 

«Se les condujo a lanzarse al mar, sin preparación, provistas de vestimentas inadecuadas que una vez mojadas podían, si no impedir, sí obstaculizar seriamente los movimientos en el trayecto a nado, y dotados de precarios elementos de ‘auxilio’ a la flotabilidad para poder cruzar a nado el espacio marino», remacha, poniendo en valor la labor de rescate de Cruz Roja, Salvamento Marítimo, el personal del Ejército de Tierra y los propios efectivos de la Guardia Civil.

Con todos estos elementos encima de la mesa, y a falta de delimitar las responsabilidades, Tardón asumirá la investigación sobre la crisis migratoria de Ceuta al tratarse de delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal.