El decreto de vivienda se enquista en Moncloa pese a la presión de Sumar para llevarlo ya al Consejo de Ministros

En punto muerto. Así describen desde Sumar las negociaciones para reflotar el macrodecreto de vivienda que, el pasado mes de junio, anunciaban a bombo y platillo las dos almas del Ejecutivo. Un texto que incluye el que ha sido el caballo de batalla de Sumar en el último tramo de la legislatura, la prórroga de contratos, a la vez que rescata otras antiguas promesas del Gobierno, como la regulación del alquiler de temporada o la subida del IVA a los pisos turísticos. Todo ello aderezado de incentivos fiscales para los caseros que mantengan sus alquileres o de medidas para agilizar los trámites administrativos. Antes del paréntesis del verano, el Ministerio de Vivienda —principal músculo negociador— anunciaba ya un primer retraso de la aprobación del decreto. No sería finalmente hasta septiembre cuando el texto aterrizara sobre la mesa del Consejo de Ministros y, de ahí, llegara a la tribuna del Congreso. ¿El motivo? Según Vivienda, los grupos parlamentarios habrían pedido más tiempo para hacer aportaciones al borrador. Pero mes y pico después, en los albores del nuevo curso político, voces del hermano pequeño del Ejecutivo empiezan a olerse un segundo aplazamiento.

«Basta ya. No hay más excusas y no puede haber más dilación», apremiaba, este lunes, el titular de Consumo, Pablo Bustinduy, cifrando en «un millón» las personas que viven, en España, con un alquiler de temporada o de habitaciones. La mayoría, explicaba el ministro, en contra de su voluntad «porque no han podido acceder a un alquiler asequible de larga duración». Para remediarlo, dibujaba Bustinduy, «hay que llevar el Real Decreto-ley de vivienda ya al Consejo de Ministros». Desde Moncloa responden, en conversación con Público, que lo urgente es que los números den en el Congreso. «Y, de momento, no tenemos los votos, desgraciadamente», reconocen a renglón seguido. Por eso, aunque les hubiera gustado llevar el texto, este mismo martes, al Consejo de Ministros, lo que toca es seguir negociando «con intensidad».  Pero con fecha límite, completan voces de Sumar, enrocadas en que las conversaciones no se lleven más allá del mes de septiembre. 

Queda faena. El borrador de la norma, cuyos primeros detalles se dieron a conocer allá por julio, ha revuelto las aguas del antaño bloque de investidura, cosechando las críticas —difíciles de conciliar— de dos de sus socios más problemáticos: Junts y Podemos. Uno de los principales escollos, reconocen a Público fuentes conocedoras de las negociaciones, sigue siendo la discutida reforma de la ley del suelo, que el PSOE introdujo en el decreto a petición del PNV y que, para Podemos, supone toda una «línea roja». Su eliminación es, de hecho, «condición ineludible» para que los morados den el sí a cualquier texto. Y es que, insisten desde el partido, la reforma «abriría una autopista» a los pelotazos urbanísticos. «Una reforma de la ley del suelo con algunas medidas cosméticas». En estos términos se refería Belarra, el pasado martes, al famoso macrodecreto, después de asegurar que el Gobierno no les ha contactado desde finales de julio: «Se han ido de vacaciones en el peor momento». Voces de Podemos confirman a Público que sigue siendo así: «Nada de nada. Cero contactos».

El tira y afloja entre Podemos y el PNV no es, en cualquier caso, el único bache que todavía tienen que sortear las negociaciones. Otra de las llaves vuelve a ser el partido que encabeza, en Madrid, Míriam Nogueras. Ya en julio, tras el anuncio del primer aplazamiento, Junts arremetía contra lo que considera un totum revolutum. En un artículo compartido a través de X, Nogueras cargaba contra la «sobreregulación» del Gobierno, acusando a los topes de precios, el intervencionismo y los «experimentos legislativos» de convertir el acceso a la vivienda en «una carrera de obstáculos». ¿La verdadera trinchera? Para Junts, la falta de oferta. Una dolencia contra la que los posconvergentes recetan la movilización de suelo, la estimulación de obra nueva y la aprobación de nuevas rebajas fiscales, en la forma de desgravaciones en el alquiler, en la hipoteca y en las cuentas de ahorros para jóvenes. Fuentes gubernamentales ponen en valor que los de Nogueras no hayan intentado levantarse, en ningún momento, de la mesa de negociación. Lo que sí han hecho es amagar con subir el precio de sus votos, volviendo a registrar, a finales de agosto, la proposición de ley sobre la delegación de competencias migratorias a Catalunya.

La carrera de fondo de Sumar

177 votos en contra, 166 a favor y 5 abstenciones. Más de cuatro meses han pasado desde que las derechas —PP, Vox, Junts y UPN, con la abstención del PNV— tiñeran de rojo el panel de votaciones del Congreso. Un portazo con el que tumbaban la prórroga automática de más de un millón de contratos de alquiler heredados de la pandemia y, por tanto, al borde de la extinción. Lo suyo le había costado a Sumar llevar la prórroga hasta la tribuna del hemiciclo. Para conseguirlo, a finales de marzo, sus cinco ministerios protagonizaban una escena nunca vista en cinco décadas de democracia, negándose a participar en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. ¿El motivo? El veto de los de Pedro Sánchez a la prórroga en el paquete de medidas anticrisis de la guerra de Irán. Horas de negociación acababan cristalizando en un acuerdo: dos textos. Y, en uno de ellos, la ansiada prórroga, que, apenas un mes después, se ahogaba en el lodazal de la aritmética parlamentaria. Y que ahí sigue, dentro de un macrodecreto que no termina de prosperar.

Más larga y tortuosa ha sido, si cabe, la tramitación, a través del laberinto del Congreso, de la regulación del alquiler de temporada y habitaciones. Dos años. Es el tiempo que se cumplía el pasado mes de junio desde que la iniciativa del Sindicato de Inquilinas pusiera un primer pie en la Cámara. Lo hizo con el apoyo de toda el ala izquierda del hemiciclo y, de nuevo, bajo el impulso de Sumar. Eso sí, a mediados de septiembre, el voto en contra de Junts le cortaba el paso y el texto volvía a la casilla de salida. Un mes más tarde, Esquerra Republicana le tomaba el relevo a Sumar, reintroduciendo la norma en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo. Esta vez, con más suerte. Los de Míriam Nogueras terminaban dando su brazo a torcer y la ley superaba la toma en consideración a las puertas de la Navidad. De ahí, el texto saltaba a la mesa de la Comisión de Vivienda, en la que lleva año y pico pendiente de dictamen. Una espera a la que Sumar intenta poner fin usando como vehículo el nuevo macrodecreto.