Perelló arremete contra las críticas por ‘lawfare’: «Si proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor»

La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, ha vuelto a arremeter contra quienes critican a los jueces por sus resoluciones judiciales. En el acto de apertura del año judicial, celebrado este jueves, Perelló ha avalado las críticas a las resoluciones judiciales, pero no las manifestaciones que ponen en cuestión a quienes las emiten, esto es, los jueces y magistrados. «Y si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor», ha sostenido.

«Las resoluciones judiciales pueden ser criticadas. Puede discutirse la interpretación de la norma, la valoración de la prueba o la solidez y calidad del razonamiento. Las decisiones de los jueces y magistrados no están sustraídas al debate público. La crítica fundada contribuye a mejorar nuestra Justicia y, por eso, siempre será bienvenida, por severa que pueda ser», ha comenzado.

Si bien, para la presidenta del TS, «la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con lo resuelto, porque, con ello, se desconoce la naturaleza de la función que la Constitución encomienda en exclusiva a jueces y magistrados», ha señalado.

Así, ha hecho alusión a las acusaciones expresas «generalizadas» de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones. «Esta es una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva. Una acusación de esta naturaleza pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al Derecho y compromete, por ello, uno de los presupuestos esenciales del ejercicio de la jurisdicción y, asimismo, el Estado de Derecho», ha aseverado.

En este contexto, ha recordado las recientes advertencias del presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mattias Guyomar, contra estos ataques, que «socavan» el Estado de Derecho. «Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia», ha verbalizado.

Acto seguido, se ha referido de manera más concreta a las críticas de miembros del Gobierno y dirigentes políticos a la actuación de determinados jueces, especialmente la del instructor del caso Begoña Gómez, el juez Juan Carlos Peinado, cuya investigación ha estado marcada por varios tirones de oreja por parte de órganos superiores. 

«No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente esa responsabilidad. La lealtad institucional constituye un principio estructural del Estado Constitucional, que exige que cada poder publico actúe en el marco de su ámbito constitucional, reconociendo la legitimidad y la función de los demás». 

En este sentido, ha remarcado que «no se trata de una simple deferencia política, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de Derecho». Por ello, esa lealtad exige que los poderes del Estado «respeten la función que la Constitución asigna al Poder Judicial, un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances. Por tanto, un poder que sea reconocible y digno de ese nombre», ha subrayado.

Pide «prudencia» a los jueces en sus manifestaciones

Así, ha sostenido que en el desacuerdo debe preservarse el respeto a la función que la Constitución atribuye a los tribunales. Del mismo modo, ha recordado que la independencia «no exime al juez de tener presente la trascendencia que sus actuaciones y decisiones pueden tener para los derechos e intereses de los ciudadanos. La prudencia ha de extenderse igualmente a sus intervenciones públicas».

No obstante, Perelló ha omitido las múltiples encuestas difundidas el pasado mes de julio que ahondan en la desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial. El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incide en que el 76,9% de los ciudadanos cree que en los procesos judiciales que afectan a los partidos políticos la Justicia no siempre es «imparcial». Un estudio del Instituto 40dB, publicado por El País, constató que más del 65% de los españoles considera que existe lawfare en España y solo el 40% piensa que los jueces son imparciales. Y un sondeo de Ipsos para La Vanguardia concluyó que el 60% de los encuestados percibe que hay jueces haciendo política.

«A pesar de las descalificaciones al Poder Judicial, los ciudadanos confían en nuestra labor, en la aplicación del ordenamiento jurídico, en la tutela que hacemos de sus derechos y libertades, y en la lucha contra la corrupción, al margen de ideologías, haciendo que la sociedad sea más justa y más digna», ha garantizado.