La Fiscalía advierte de las trabas de «determinados bancos» para facilitar información sobre las cuentas del ‘caso Montoro’

El juez que instruye el caso Montoro acordó a mediados de julio prorrogar la causa otros seis meses porque, entre otros asuntos, están pendientes las declaraciones de otros 17 investigados. Uno de ellos es el propio exministro del PP Cristóbal Montoro, fundador del despacho Equipo Económico, cuyos clientes se beneficiaron presuntamente de los cambios legislativos impulsados con el expolítico popular al frente de la cartera de Hacienda. 

No eran las únicas pesquisas pendientes y, a tenor de lo que denuncia la Fiscalía Anticorrupción, la causa enfrenta otros «condicionantes»: «Los requerimientos de información a determinados bancos no han sido atendidos en los términos interesados y han tenido que ser reiterados ya varias veces, lo que impide avanzar en el análisis de las cuentas bancarias de las personas físicas y jurídicas investigadas, así como en las de otras personas y sociedades relacionadas», sostiene la fiscal caso Montoro, Carmen García Cerdá, en un escrito, al que ha tenido acceso Público.

No es la única advertencia que realiza la representante del Ministerio Público. Y es que, «se da la circunstancia de que alguno de los bancos requeridos ha venido realizando pagos a la sociedad investigada Equipo Económico». 

Rechazo de los recursos contra la prórroga de la instrucción

La fiscal realiza esta manifestaciones en un escrito fechado el 4 de agosto, en el que rechaza todos los recursos de apelación interpuestos por los acusados contra la decisión del instructor de prorrogar la causa hasta el próximo 26 de enero.

Varias de las defensas pretenden echar por tierra la resolución del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, al alegar, en términos generales, que se contravino lo dispuesto en el art. 324 LECr por «omisión del trámite de audiencia». A su entender, «se produjo indefensión, se lesionaron derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y legalidad penal». 

Incluso, «llamativamente, dado lo que viene ocurriendo en la causa», Equipo Económico alega que «se niega a las partes la posibilidad de ser oídas», además de la «falta de justificación de la prórroga y la contradicción interna del auto recurrido respecto de la duración de la prórroga».

En este sentido, explica la fiscal que el auto del juez recoge «motivación más que suficiente» sobre dicha decisión, ya que razona los motivos y causas que impiden dar por finalizada la investigación. Entre otras razones, las declaraciones pendientes y, en el caso de los que ya han comparecido en el juzgado para ello, o han pedido la suspensión de la declaración por motivos varios, o se han acogido a su derecho a no declarar interesando hacerlo cuando se resuelvan los recursos interpuestos.

También, la Fiscalía considera que se han constatado las diligencias que se han realizado, las pendientes y la exigencia de acordar otras necesarias «para el buen fin de una investigación muy compleja y cargada de condicionantes que la dificultan», como son las trabas de «determinados bancos» para facilitar la información requerida.

La Fiscalía se apoya en la petición de FETAP-CGT

Asimismo, la fiscal rechaza que no se haya respetado el trámite de audiencia a las partes, el cual se ha llevado a cabo de manera «escrupulosa». «Ninguna indefensión se les ha producido. Las partes han podido ser escuchadas sobre la petición de prórroga que realizaba la acusación popular FETAP-CGT, renunciando a pronunciarse sobre la misma», agrega el escrito.

Para la Fiscalía, resulta «curioso» que los recurrentes aleguen que no se les ha dado trámite de audiencia y que no se les ha respetado su derecho a ser oídas sobre la necesidad o no de la prórroga.

De hecho, apoyan su petición en la notificación del informe del Ministerio Fiscal solicitando dicha prórroga para colegir que les fue notificada tal petición «después» de que el magistrado dictara el auto en el que acordaba dicha prórroga, fechado el 23 de julio. «En tal retraso en la notificación de la petición del Ministerio Fiscal de la prórroga apoyan algunos el argumento de la causación de indefensión».

Sin embargo, estas defensas omitieron que el juzgado ya había concedido dicho trámite de audiencia a las partes al notificar el pasado 26 de junio la presentación del escrito por parte de la acusación popular ejercida por FETAP-CGT, solicitando la prórroga del plazo de instrucción por un periodo de seis meses.

«Es decir, utilizando la misma terminología de Equipo Económico, no se frustró en ningún momento ninguna oportunidad de las partes de realizar alegaciones a la petición de nueva prórroga. Es más, se dio la oportunidad, llámese trámite de audiencia, a las partes, para que pudiesen adherirse a tal petición de prórroga realizada por FETAP-CGT u oponerse a la misma, y no lo hicieron, no pudiendo ahora alegar ningún tipo de indefensión», remacha la fiscal para oponerse de nuevo al intento de las defensas de echar por tierra la causa.

El ‘caso Montoro’ cumple ocho años

La investigación judicial que sitúa al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro en el epicentro de una presunta trama de mordidas cumplió el pasado 1 de agosto ocho años. La causa arrancó a raíz de unos correos incautados por los Mossos durante el registro en noviembre de 2017 de las dos sedes de Messer Ibérica de Gases, una de las cinco gasistas investigadas por pagar supuestas comisiones al despacho del que Montoro aseguró desligarse cuando llegó al Gobierno de Mariano Rajoy.

En el auto que levantaba el velo de las actuaciones, el juez daba cuenta del resultado de las diligencias llevadas a cabo hasta esa fecha, evidenciando «la existencia de una organización, en la que muchos de los intervinientes habrían desempañado altos cargos en el Gobierno y la Administración central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico».

Así, a cambio de «importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública», intervinieron de forma «decisiva» en reformas legislativas, «con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes, quienes con anterioridad y a pesar de haberlo intentando, no han podido obtener las reformas pretendidas, de manera que para obtenerlas deben acudir a la mencionada organización».

La presunta trama gira en torno a la mercantil fundada por Cristóbal Montoro, Equipo Económico (EE) –antes Montoro y Asociados y actualmente Global Afteli–, así como en torno a «los socios de hecho o de derecho» de la misma, que anteriormente habían tenido responsabilidades previas en el Gobierno de Aznar y habrían usado «sus influencias» en el Ministerio de Hacienda para beneficiar a las empresas.