Navarra pone el foco en las comunidades no gobernadas por el PP para que acojan también a niñas migrantes de Ceuta

Cuarenta y dos días después de la entrada multitudinaria que vivió Ceuta los días 30 y 31 de julio, empiezan los primeros traslados de menores a la Península. Así lo anunciaba, este jueves, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. Su comunidad será la primera en acoger a un grupo de cinco niñas procedentes de la ciudad autónoma. Según ha podido saber Público, dos habrían llegado a tierras navarras este mismo jueves; las otras tres está previsto que lo hagan en los próximos días. «Hechos y soluciones». Es lo que ha pedido la presidenta navarra al resto de comunidades para demostrar —más allá de eslóganes y pancartas— su solidaridad con Ceuta. En este sentido, Chivite se ha comprometido a hacer «todo lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, responsabilidades y competencias» para «dar cobertura» y «contribuir a encauzar la situación» de los más de 2.000 niños, niñas y adolescentes que permanecen dentro (y fuera) de los sistemas de acogida de la ciudad. Cualquier otra cosa, apuntalaba la presidenta desde el Parlamento foral, «no cabe en nuestra manera de entender la política».

«Es una muy buena noticia», reaccionaba, en medio de una entrevista con Público, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para la que el gesto de Navarra evidencia que existen «mecanismos de cooperación entre comunidades» —acuerdos bilaterales— que funcionan y pueden ayudar a destensar la situación de Ceuta (con apenas 30 plazas de acogida ordinarias). «No hay ninguna razón para que esto no se pueda replicar en otros territorios», insistía la también dirigente de Izquierda Unida, recordando que el Gobierno central ha puesto los medios económicos para financiarlo (cerca de 90 millones de euros). En un audio posterior, remitido a los medios de comunicación, la ministra cargaba, específicamente, contra el Partido Popular por «negarse a colaborar». «Está concentradísimo en lanzar mensajes que solamente agitan el odio y rompen el marco de convivencia, además de criminalizar a los niños», reprochaba a los de Feijóo, exigiéndoles que dejen de «ponerse de perfil» y «materialicen» su solidaridad con Ceuta.

Catalunya, Euskadi y Asturias: un ‘sí’ en el aire

Pero el PP no gobierna en todas las comunidades autónomas. Cinco son las autonomías en las que los de Feijóo están en la orilla de la oposición: Navarra, Catalunya, Castilla-La Mancha, Asturias y Euskadi. En las tres primeras, las riendas del ejecutivo las tiene el Partido Socialista; en Asturias, el PSOE junto con Izquierda Unida y en Euskadi, el PNV con el apoyo de los de Pedro Sánchez. Tres de estas comunidades —Catalunya, Euskadi y Asturias— se han mostrado dispuestas (con matices) a participar en el reparto de los miles de menores no acompañados que permanecen, a día de hoy, en Ceuta. Una predisposición que, de momento, no se ha traducido en acciones concretas. Público ha intentado ponerse en contacto con las consejerías competentes de las tres comunidades. Hasta el momento de la publicación de este artículo, sin resultado.

«Ayudaremos en la acogida de los menores de Ceuta, pero sin ingenuidades». Así se posicionaba este lunes, 7 de septiembre, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una entrevista para Catalunya Ràdio. Catalunya, defendía su presidente, es una de las comunidades «que más solidaria se muestra: sin predicar tanto y actuando más». Una solidaridad que, matizaba el dirigente socialista, tiene límites. Se puede ayudar, dibujaba Illa, siempre y cuando no se termine «en peor condición que quien recibe la ayuda». De ahí que Catalunya esté dispuesta a colaborar con «lo que pueda dar». No hay que olvidar que, recordaba su presidente, la comunidad quedó fuera del último reparto obligatorio de menores, allá por julio de 2025, por su «esfuerzo previo de acogida». En términos muy parecidos se pronunciaba, también el lunes, el lehendakari, Imanol Pradales. En una entrevista en Hoy por Hoy, el mandatario vasco aseguraba que Euskadi tiene a 1.000 menores en acogida y que su sistema de protección a la infancia está, por tanto, «muy tensionado». En cualquier caso, añadía el lehendakari, «no nos hemos negado nunca a esa solidaridad». Eso sí, «con garantías».

En su momento, el lunes 10 de agosto, también el Gobierno de Asturias abría la puerta a una inminente acogida de menores provenientes de Ceuta. En una atención a medios desde Gijón, el portavoz socialista Guillermo Peláez hablaba de la «urgencia» de atender a los miles de niños y niñas «absolutamente desamparados y en una situación de extrema vulnerabilidad». Todo ello, añadía el portavoz, en «escrupuloso cumplimiento de la legalidad». «Todos Somos Ceuta es precisamente acoger a esos menores y ser solidarios con la realidad que está viviendo Ceuta», sentenciaba Peláez. En conversación con Público, fuentes de IU Asturias (que forma parte del gobierno) aseguran que su partido pide la acogida de estos menores por parte de las comunidades «en general». También, desde luego, en Asturias. Eso sí, recuerdan estas voces, las competencias en materia de acogida de menores las tiene la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en manos de los socialistas.

Hay una comunidad socialista que va por libre: Castilla-La Mancha. El pasado miércoles 26 de agosto, su presidente, Emiliano García-Page, cerraba la puerta a la acogida de menores migrantes. «Yo creo que el Gobierno tiene que cumplir con la palabra que ha dado y devolver a todos los que han entrado ilegalmente», se posicionaba el dirigente socialista, llegando a hablar (en la línea del PP y Vox) de «invasión». Si lo que ha pasado en Ceuta es «una vulneración de la integridad territorial de España» y el presidente y los ministros del Gobierno han dicho «por activa y por pasiva» que se va a retornar a «todos», añadía Page, «hay que cumplir con ese compromiso». Entre otras cosas, sentenciaba el político toledano, para que las personas migrantes que siguen en Ceuta —y las que puedan llegar detrás— «pierdan la esperanza de pasar a la Península».

En conversación con Público, fuentes del gobierno castellanomanchego matizan el discurso de su presidente. «Estamos a la espera de que el Gobierno central informe sobre posibles vías alternativas», explican estas voces, subrayando que Castilla-La Mancha «ya expresó su solidaridad con Ceuta —también con Canarias y Melilla— y mostró su predisposición a seguir siéndolo». La pelota, valoran desde el equipo de Page, está en el tejado del Ministerio de Infancia: «Hay que ver cómo afronta la situación y qué predispone, ya que nuestro sistema, por ejemplo, está actualmente saturado».

Las comunidades del PP se enrocan en el ‘no’

España debe devolver a «todos» los «invasores» que entraron, el pasado mes de julio, en Ceuta, «menores o adultos». Este es el mensaje que la plana mayor del PP ha convertido en su leitmotiv durante el último mes y medio. Desde su presidente, Alberto Núñez Feijóo, pasando por su secretario general, Miguel Tellado, hasta el propio mandatario ceutí, Juan Jesús Vivas. Este mismo lunes, durante un desayuno informativo de Fórum Europa en Madrid, Vivas volvía a criticar los traslados a la Península: «Trasladar a los migrantes no es arreglar el problema». Una postura que contrasta con el acuerdo firmado con Navarra para la acogida de esas cinco primeras niñas. Público ha preguntado al Gobierno de Ceuta si este acuerdo supone, de facto, un cambio de postura respecto al traslado y la acogida de menores más allá del estrecho de Gibraltar. Hasta el momento de la publicación de este artículo, no ha recibido respuesta.

Tres de las autonomías en las que el PP gobierna con Vox —Extremadura, Aragón y Castilla y León— han ido un paso más allá, anunciado que recurrirán «judicialmente» los expedientes de menores que no se resuelvan con la repatriación. La cuarta de las regiones que dirige el tándem de derechas, Andalucía, es un caso particular. Y es que, como contó Público, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla firmó en 2024 un acuerdo bilateral con Ceuta para «agilizar» el traslado y la acogida de menores migrantes en situaciones de emergencia. Un convenio con una vigencia de cuatro años, hasta principios de 2028, y que se contradice con el acuerdo de gobierno que el barón popular firmó, el pasado mes de julio, con Vox. «No más MENA», reza el apartado sobre inmigración.