La jueza del ‘caso ático’ aún no ha decidido si investiga la operación del Gobierno de Ayuso, archiva las denuncias o rechaza su competencia

La jueza Rosario Espinosa, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Madrid, tiene sobre la mesa cinco denuncias por el ático que compró el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por 6,3 millones de euros. La Fiscalía Provincial de Madrid remitió el pasado 10 de agosto cuatro de ellas -una presentada por el PSOE y tres más de particulares-, que se unieron a las diligencias en marcha tras la presentación de la denuncia inicial del partido Iustitia Europa, registrada el 6 de agosto.

Según señala un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a preguntas de Público, la magistrada dictó el auto de apertura de diligencias previas el pasado 11 de agosto, pero especifican que todavía «no ha tomado una decisión sobre su admisión a trámite», es decir, si abre una inveestigación o archiva las denuncias. También cabe la opción de que rechace su competencia, indican otras fuentes jurídicas. Y es que algunas de las personas contra las que se dirigen los escritos están aforadas, como son los casos de la propia Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y presidente del consejo de administración de Planifica Madrid. 

Se trata de la empresa pública que adquirió el polémico inmueble en el distrito de Chamberí, que solo admite uso residencial aunque la presidenta madrileña afirmó en una primera versión que se iba a usar como oficinas. El inmueble está a la venta desde hace unos días por 6,7 millones.

Tras la apertura de diligencias, los escritos afrontan ahora «una fase de estudio», que se ha visto pospuesta a septiembre por la coincidencia de la presentación de los mismos en plenas vacaciones estivales, según indica el portavoz del TSJM.

La Fiscalía Provincial de Madrid envió, el 10 de agosto, la denuncia del PSOE y de otros tres particulares al juzgado de Madrid «para su unión a las diligencias previas nº 2317/2026 que se siguen por los mismos hechos», indicó en un decreto el teniente fiscal Jose Luis García-Juanes Guerrero.. Un día después la jueza dictó auto de incoación de diligencias, pero no decidió sobre el fondo del asunto: si veía indicios o no para abrir una investigación penal.

Estas cuatro denuncias que remitió la Fiscalía provienen del PSOE y de los ciudadanos Fernando Jabonero, Iván de Ángel de Diego y otro particular que prefiere mantener el anonimato. Los denunciantes piden que la justicia investigue los hechos por presuntos delitos de prevaricación administrativa y  malversación en los que habrían podido incurrir los cargos públicos que decidieron la compra.

Elevar una exposición razonada ante el TS y el TSJM

Las denuncias se unen a la presentada el 6 de agosto por Iustitia Europa, habitual entre las acusaciones populares en las causas relacionadas con el PSOE y el Gobierno. El partido extraparlamentario, presidido por Luis María Pardo, formuló denuncia «contra quienes resulten responsables por la adquisición, con recursos de una entidad del sector público autonómico», del inmueble situado en el paseo del General Martínez Campos, una operación ejecutada por Planifica Madrid, «y por los actos preparatorios, autorizaciones, acuerdos, pagos, controles y decisiones posteriores que la hicieron posible».

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Público, esta formación señala que, «si durante el curso de la investigación aparecieran indicios racionales de criminalidad respecto de persona que ostente la condición de aforada, singularmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ánegel García Martín, y tales indicios aparecieran vinculados a su concreta intervención, conocimiento, autorización, instrucción u omisión en la cadena decisoria de la operación investigada, se interesa desde este momento que se proceda conforme a las reglas de competencia objetiva aplicables y, en su caso, se eleve la correspondiente exposición razonada al órgano jurisdiccional competente por razón de la persona y de la materia». 

En particular, respecto del consejero autonómico, «será exigible» ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Por su parte, si durante la instrucción aparecieran «indicios racionales de criminalidad» contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, «deberá elevarse la correspondiente exposición razonada» a la Sala Segunda del Tribunal Supremo «por ser el órgano competente». 

Todo ello «sin perjuicio de la continuación de las diligencias respecto de las personas no aforadas y de las actuaciones necesarias para asegurar y preservar las fuentes de prueba», reza la denuncia.

PSOE y Más Madrid piden personarse

Aparte de estas denuncias, PSOE y Más Madrid pidieron personarse en el procedimiento para ejercer la acusación popular. Por un lado, los socialistas destacan la legitimidad de los partidos políticos para ejercer la acción popular «sin necesidad de demostrar un perjuicio directo, en defensa de la legalidad y el interés general, en la persecución de aquellas conductas delictivas que inciden sobre la administración pública, lo que coloca el foco en el interés público sobre el particular».

Asimismo, el PSOE pide invesigar la posible utilización de Planifica Madrid, como entidad mercantil de derecho privado, para «evitar las normas del patrimonio público y sus controles»; el posible intento de «ocultación» de la operación de adquisición, dada a conocer a raíz de una exclusiva de El País; la «inconsistencia de la causa justificativa» declarada e «imposibilidad» de destino declarado del bien (las obras en la sede de la Presidencia, adjudicadas con posterioridad a la compra y sin consurso); la «ausencia de previsión presupuestaria» para la adquisición por parte de la empresa pública; el conocimiento previo acreditado por Planifica Madrid del régimen de usos incompatible con el fin de la adquisición; los indicios de perjuicios económicos a los fondos públicos, así como los que apuntan a una solución residencial para la presidenta de la Comunidad de Madrid; y el anuncio de precipitada venta del inmueble.

Por su parte, Más Madrid sostiene que, de ser ciertos los hechos denunciados, la operación podría haber supuesto un comportamiento «delictivo e inadmisible» por parte de la Administración y cuestiona el procedimiento seguido para la adquisición del inmueble.

En concreto, el partido de Mónica García pone el foco en la operación ejecutada por Planifica Madrid y considera que deben investigarse tanto los actos previos como los posteriores que hicieron posible la compra.

Y es que Más Madrid afirma que «existen indicios» de que la misma se ha llevado a cabo «sin ajustarse al procedimiento legalmente establecido, de forma opaca, grosera y sin acreditación de un interés público en la operación de compra llevada a cabo por orden de un órgano político».

A partir de estos hechos, la formación apunta a que podrían existir indicios de varios delitos, entre ellos prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos en su modalidad de administración desleal, fraude a la Administración y administración desleal del patrimonio público. En concreto, el escrito cita los artículos 404, 432 y 436 del Código Penal, además de referirse a la posible administración desleal del patrimonio público.