Bolaños recurre el archivo de sus denuncias contra Peinado y acusa al CGPJ de «corporativismo»

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado un recurso de alzada ante la decisión de archivar las diligencias abiertas contra el juez Juan Carlos Peinado, y ha tildado de «corporativismo» la actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha dejado sin sanción al magistrado.

Según ha dado a conocer El País y ha confirmado Público, el titular de Justicia critica en un texto dirigido a la Comisión Permanente del Poder Judicial que la actuación del órgano de gobierno de los jueces «difícilmente puede considerarse representativa de los estándares de agilidad, rigor y defensa del interés general».

«Las irregularidades denunciadas protagonizadas por el magistrado instructor, muchas de ellas ampliamente conocidas por la opinión pública, han hecho un daño notorio e irreparable al buen nombre de la Justicia», se lee en el documento al que ha tenido acceso Público. Lo hace a unos días de la jubilación del magistrado responsable de la causa contra Begoña Gómez, que el próximo 27 de septiembre se retirará de la carrera judicial.

«Lamentablemente», continúa el escrito «el CGPJ ha sido incapaz, bien por conservadurismo, bien por corporativismo, de corregirlas y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial, evidentemente dañado por la instrucción protagonizada por el denunciado».

Bolaños ha agregado que la actividad instructora desplegada durante los 427 días desde la presentación de la primera queja hasta la notificación del Acuerdo, en la que se decide no sancionar al juez, ha sido «francamente limitada, habiéndose practicado un número muy reducido de diligencias de investigación».

El recurso de alzada, especifica el texto, «no persigue la revisión de resoluciones jurisdiccionales ni la sustitución del magistrado instructor en la interpretación y aplicación del Derecho», sino que pretende que «el CGPJ ejerza de forma plena y efectiva las competencias disciplinarias que el ordenamiento le encomienda». Y porque, ha agregado, tiene «la convicción de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo hará el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura».