El decreto de ‘lobbies’ choca con las derechas, incomoda a los sindicatos y se encamina al rechazo del Congreso

La regulación del lobby en España es una tarea pendiente desde hace décadas. El trato que debía darse a los grupos de interés ya fue materia de discusión en el debate constituyente. Países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Lituania, Dinamarca, México, Austria, Australia o Canadá tienen regulaciones solventes del lobby. También la Unión Europea (UE) e incluso algunas comunidades autónomas españolas. Sin embargo, el Congreso se resiste a avanzar en esos términos. Salvo un giro inesperado de última hora, tampoco será este miércoles cuando España resuelva algo que los expertos en la materia consideran un déficit democrático. Al Gobierno, además, le preocupa la pérdida de una partida de fondos europeos (alrededor de los mil millones de euros) que acarreará la previsible derrota parlamentaria.

Las medidas que aprobó el Gobierno en agosto están ya en vigor. Al tratarse de un Real Decreto-Ley, el contenido del mismo empieza a aplicarse inmediatamente —una vez se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) después de que lo apruebe el Consejo de Ministros—, pero la Cámara Baja debe convalidarlo antes de que transcurra un mes para que siga teniendo validez. Esa es la votación que se llevará a cabo este miércoles. Y en caso de que, como parece, el hemiciclo se tiña más de rojo que de verde, las medidas decaerán.

El PP no suele adelantar el sentido de su voto, pero parece improbable que vaya a dar un balón de oxígeno al Gobierno ni siquiera en un campo en el que los populares se habían mostrado más o menos cooperantes, negociando enmiendas y viendo cómo incluso muchas de ellas quedaban dentro de la ley. Así, los 171 diputados que sumarían PP, Vox y, eventualmente, Unión del Pueblo Navarro (UPN) —aunque los navarros aún no lo tienen decidido, según explican a este medio— pondrían la pelota en el tejado de Junts per Catalunya, que ya ha sugerido que votará en contra. Fuentes de los de Míriam Nogueras se remiten a un vídeo colgado por la portavoz en la red social Instagram, en el que subraya que «no se puede poner en el mismo saco [que a los grandes grupos de interés] ni tienen la misma capacidad las pequeñas asociaciones, las cooperativas o las entidades territoriales catalanas que simplemente quieren hacer llegar sus problemas a los políticos». Incluso el Partido Nacionalista Vasco (PNV), un socio habitual del Gobierno de coalición, se desmarca y evita de momento declarar su apoyo.

Por lo tanto, el Gobierno tiene poco margen para sacar adelante el decreto. Así lo reconoce una voz autorizada del PSOE en conversación con periodistas. En cambio, las fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, hacen acopio de optimismo y confían en una victoria sobre la bocina. Tienen por delante horas para negociar, pero el miércoles pinta negro.

Las medidas estrella del decreto

El decreto contiene dos medidas estrella. Por un lado, con él se ha creado un registro de lobbies —en el que tienen que inscribirse todos los grupos de interés— y que gestiona el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Cualquier agente que no esté inscrito en dicho listado no puede ejercer influencia ante la Administración General del Estado (AGE). Además, el registro es público, debería estar en constante actualización y puede consultarlo cualquier ciudadano.

De hecho, el registro está activo desde hace aproximadamente una semana y, tal y como informa el Consejo de Transparencia, en estos días ha recibido ya más de 250 solicitudes de inscripción. En caso de que el decreto decaiga este miércoles, el registro carecerá de validez o, al menos, de utilidad, toda vez que no será obligatorio inscribirse para hacer tareas de lobby.

Por otro lado, la iniciativa obliga a que toda esa actividad de influencia que lleven a cabo los grupos de interés deje huella y sea rastreable; que nada ocurra detrás de las cortinas. Así, el decreto fija que deberán tener publicidad los documentos que los lobbies entreguen a la AGE, las comunicaciones por escrito o las aportaciones realizadas en procedimientos legislativos. Además, los lobbies tendrán que tener actualizadas en sus páginas web las fichas de sus integrantes y de los colaboradores del grupo en cuestión que hayan ocupado algún cargo público hace menos de cinco años.

Hay que recordar que el decreto establece, también, sanciones para el personal público o el lobbie que se salte alguna de las obligaciones que establece el texto. Todo ello, siempre y cuando fuera aprobado este miércoles. Las más graves podrían comportar la «prohibición de solicitar la inscripción en el Registro de grupos de interés o la cancelación de la inscripción en el registro» —en la práctica, la prohibición de ejercer la tarea de lobbie de forma legal— y multas de hasta 40.000 euros.

La polémica con los sindicatos

Pero el decreto llega a la votación de su convalidación con una polémica añadida: el enfado de los sindicatos y la patronal por no aparecer en el texto legislativo como excepciones. Hay que tener en cuenta que cuando el Gobierno, de forma más o menos sorpresiva, aprobó en el Consejo de Ministros del 25 de agosto este paquete hacía ya 20 meses que se estaba tramitando una ley más o menos con los mismos preceptos en el Congreso. Esa ley la habían ido negociando los distintos grupos parlamentarios y, precisamente gracias a esa negociación, el Ejecutivo incluyó en su decreto muchas de las demandas y propuestas de los mismos. 

Sin embargo, hay un punto que incluía ese proyecto de ley y que no incluye el decreto, y es el que ha enfadado a los sindicatos y la patronal. El artículo 2.2 del texto original especificaba una serie de excepciones. En otras palabras, agentes políticos y sociales que, pese a la aprobación de la ley, se librarían de las nuevas obligaciones. Dicho de otra manera, asociaciones y entidades que no tendrían consideración de grupos de interés.

Dos de ellas eran las organizaciones sindicales y las empresariales. Al ver que, en el nuevo decreto, no aparecen esas excepciones, tanto desde la CEOE como desde CCOO o UGT hicieron pública su incomodidad. Y no solo eso. Los dos sindicatos llegaron a emitir un comunicado a finales de la pasada semana para pedir que no prospere el decreto o, incluso, que el Gobierno lo retire del orden del día. 

Fuentes de CCOO explican a Público que «los sindicatos tienen un papel constitucional [artículo 7]» y que ninguna ley debería condicionarlo. Lo mismo ocurre con las organizaciones de perfil empresarial. Además, las fuentes sindicales consultadas especifican que, en el caso de los sindicatos, no se les puede achacar un interés privado porque «no defienden intereses privados». 

Lo cierto es que la probable derrota del miércoles ha hecho que pierda algo de foco el desencuentro entre los sindicatos y el Gobierno. De hecho, las fuentes sindicales deslizan que lo que esperan es que, en caso de que el decreto choque contra una mayoría parlamentaria en contra, el Ejecutivo subsane después lo que consideran un error. Desde el ministerio de Óscar López remarcan que, a pesar de que los sindicatos no aparecen como excepción en el texto, «no es necesaria la inscripción en el registro de lobbies de sindicatos y patronal para el desarrollo de sus funciones constitucionales o legalmente reconocidas de representación y defensa de intereses colectivos». Entienden que, al estar amparados por la Constitución, no cabe duda respecto a ello. De todos modos, añaden que, una vez se aprobara el decreto, se podría añadir «cualquier aclaración que se considere necesaria». 

Según ha podido saber Público, en los últimos días se han producido contactos entre el ministerio y los sindicatos para que la sangre no llegue al río. En cualquier caso, todo apunta a que este miércoles el decreto decaerá y cualquier arreglo se produciría a posteriori. Está por ver si, en caso de que el paquete gubernamental no se convalide, continúa su curso la tramitación de la ley primigenia.