La jueza que procesó a David Sánchez solicita personarse en el ‘caso Leire’

La magistrada Beatriz Biedma, que investigó y propuso juzgar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado ser acusación particular en la causa abierta sobre una presunta trama coordinada por la exmilitante del PSOE Leire Díez para intentar boicotear casos judiciales que afectasen al partido o al Ejecutivo.

En un escrito, Biedma solicita a la Audiencia Nacional su personación en esta causa, que mantiene como investigados, además de a Díez, a los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, o a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, entre otros.

Considera la magistrada que su condición de perjudicada viene acreditada por los «indicios» sobre actuaciones dirigidas a obtener información sobre ella, «desacreditarla» y promover denuncias contra ella, algo que estaría directamente conectado con su condición de instructora de la causa en la que David Sánchez acabó condenado a nueve años de inhabilitación para empleo público.

Explica que «los indicios publicados» apuntan a que la presunta trama habría intentado «neutralizar, perturbar o incluso destruir» dicho procedimiento judicial con actuaciones como la de promover su recusación en el procedimiento que investigaba desde el juzgado de instrucción 3 de Badajoz.

La magistrada pone énfasis en una anotación del 25 de marzo de 2025 encontrada en una agenda de Leire Díez que decía «Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano» y que considera «especialmente relevante» por estar datada días después de que se rechazara la recusación contra ella.

Denuncia la «obtención y recopilación de información» sobre ella y su entorno personal, familiar y profesional, así como la «intensa campaña de descrédito desarrollada mediante denuncias, publicaciones y actuaciones difundidas en medios digitales».

Unos hechos que -subraya- le han ocasionado un «perjuicio personal y profesional», y también «institucional de extraordinaria gravedad», al considerar que está comprometida la independencia judicial y la imparcialidad de los tribunales.

En su escrito, la magistrada apunta que los hechos investigados podrías constituir un delito de obstrucción a la Justicia, contra la integridad moral, de amenazas y/o coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, acusación o denuncia falsa y organización criminal o grupo criminal.