La Audiencia Nacional rechaza paralizar el campamento de migrantes en el puerto de Ceuta

La Audiencia Nacional ha rechazado paralizar el campamento que el Gobierno planea instalar para acoger a un millar de migrantes en el puerto de Ceuta. Por tanto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado este jueves la medida cautelarísima presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), por lo que permite al Ejecutivo continuar con sus planes. 

La decisión de los tres magistrados de la Sección 8 llega menos de 24 horas después de que la Sala frenase la habilitación de dichas instalaciones a la espera de resolver la petición cautelar de que las instalaciones no se ubiquen en ese emplazamiento. En concreto, y a través de una providencia fechada este miércoles, este órgano pidió al Ministerio de Óscar Puente que aportara la resolución que habilita la instalación, así como el resto de documentación que obre en el expediente administrativo.

El sindicato pidió la suspensión de ejecución de la ocupación, ampliación, instalación o puesta en funcionamiento efectiva del dispositivo de acogida en las parcelas de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta, hasta que se acredite el cumplimiento de las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales.

«Habida cuenta del contenido y finalidad de la resolución recurrida y atendidas las alegaciones del sindicato recurrente en fundamento de la solicitud de medida cautelarísima, entiende el tribunal, en el limitado ámbito de conocimiento propio de la justicia cautelar y sin entrar en cuestiones de fondo, que no está justificada la adopción de la medida solicitada», señala la resolución de este jueves, a la que ha tenido acceso Público. 

A juicio de la Sala, los razonamientos que se exponen gravitan sobre la idea de que se pretende que la atención humanitaria a las personas migrantes se preste «en condiciones de seguridad verificadas y documentadas, y a la protección de la seguridad y salud laboral de los funcionarios de la Policía Nacional».

En este sentido, explica que la resolución del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible que se recurre, se limita a la autorización temporal para la ocupación de una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario, solicitada por la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la instalación temporal de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional.

En dicha resolución, que cuenta con un informe previo favorable a la autorización de ocupación temporal por parte de Puertos del Estado, «no se hace pronunciamiento alguno sobre las concretas condiciones en que se va a prestar la atención humanitaria ni sobre las condiciones de prestación de servicios por parte de los agentes policiales».

Lo que se expone al respecto es que «se aprecia que concurren razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada, ‘sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto'». 

Además, de manera expresa, se establece que, «de conformidad con el artículo 9 del Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible instará del Ministerio del Interior su colaboración activa y aportación de medios necesarios para reforzar la seguridad». 

En esta línea, serán las disposiciones que adopte el Ministerio del Interior las que determinen esas condiciones de seguridad para los agentes que presten servicio en las instalaciones y para los propios migrantes y demás personal allí destinado. Así pues, «no procede la adopción de la medida cautelar inaudita», sostiene la Sala.

Tras esta resolución, el Gobierno ha celebrado la rapidez con la que la Audiencia Nacional ha resuelto el recurso. «Reiteramos que los terrenos del Puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo», subrayan fuentes de Moncloa.