La Comunidad de Madrid no recibe ninguna oferta por el ático que compró el Gobierno de Ayuso

La Comunidad de Madrid ha confirmado este jueves que no ha recibido ninguna oferta para la venta del ático de lujo que compró el pasado mes de abril -en secreto- por 6,3 millones de euros. El proceso estuvo abierto durante un mes y la administración autonómica ha terminado declarando el lote «desierto». El Gobierno de Ayuso sacó a licitación en el mismo pliego las oficinas que tiene en la Gran Vía de Madrid, unas oficinas que había intentado vender -sin éxito- en agosto de 2025. Este lote sí ha recibido una oferta, la de Cartesón SL, una empresa del sector inmobiliario con sede en A Coruña y propiedad del empresario Luis Fernández Somoza.
Cartesón SL se quedó con dichas instalaciones al haber presentado la «única oferta» por un valor de 11,8 millones de euros. Luis Fernández Somoza tiene un patrimonio neto de 730 millones de euros, siendo el octavo hombre más rico de Galicia y el número 96 en el conjunto de España, según la lista publicada en 2025 por El Mundo. Cartesón SL tiene además como consejeras delegadas mancomunadas a dos de sus hijas, Belén y Susana Fernández Paradela.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había asegurado tras salir a la luz la compra del ático que pondría a la venta el inmueble, junto a las citadas oficinas de Gran Vía, para movilizar un total de «20 millones de euros» y contribuir a «la recuperación de las zonas devastadas» por los incendios de la Sierra Oeste. La presidenta autonómica llegó a hablar incluso de una recaudación de 22 millones. Lo cierto es que se ha quedado corta. La administración autonómica solo ha conseguido recaudar 11,8 millones al quedar «desierta» la licitación del ático de Chamberí, es decir, ocho menos de los que había prometido la dirigente popular. La Consejería de Presidencia ha reconocido -horas después- que el inmueble «se mantendrá a la venta a través de un procedimiento abierto de adjudicación».
El anuncio se produce con un día de retraso
La Comunidad de Madrid tenía previsto informar este miércoles de las ofertas «admitidas» para adquirir la vivienda del paseo del General Martínez Campos, concretamente a las 13.00, misma hora a la que la administración autonómica informó de un cambio de fecha por «motivos operativos» y pospuso la «apertura de sobres» un día más. La decisión llegó poco después de que la Mesa de la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Asamblea decidiera vetar la comparecencia de Pedro Corbalán, CEO de Planifica Madrid, en la cámara de Vallecas.
La cronología de la compra del ático
Planifica Madrid fue la empresa -pública- que compró el famoso ático de 485 metros cuadrados en el barrio de Chamberí. Isabel Díaz Ayuso lo iba a utilizar como «oficina temporal», para «recibir reuniones institucionales» mientras se prorrogaban las reformas de la sede de la Comunidad de Madrid, licitadas sin concurso el 7 de agosto. El diseño de las obras se le adjudicó a Alejandra Pombo, prima de la influencer María Pombo.
La versión de las «reuniones institucionales» ni siquiera duró 24 horas. La Comunidad de Madrid cambió su relato cuando se conocieron detalles como que el ático solo tenía licencia para uso residencial. La administración autonómica anunció entonces que lo pondría a la venta para recaudar dinero y contribuir a la «recuperación» de las «zonas devastadas» por los incendios de este verano en el entorno de San Martín de Valdeiglesias (Madrid). El precio de salida era de 6,7 millones, sin impuestos, tal y como figura en el pliego difundido a través del Portal de Contratación Pública.
El silencio que rodea la operación
La Comunidad de Madrid todavía no ha aclarado quien dio la orden de compra del ático, un movimiento que tuvieron que aprobar el consejo de administración o el consejero delegado de Planifica Madrid. El PP viene de rechazar -precisamente- la comparecencia de este último en el parlamento autonómico, tal y como habían solicitado Más Madrid y el PSOE. El Gobierno de Ayuso tampoco explicó quien había aprobado la operación ni si se realizó en cumplimiento de los requisitos legales que contemplan la Ley 3/2001 de Patrimonio de la Comunidad de Madrid o la Ley de Contratos del Sector Público.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y presidente al mismo tiempo de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha sido el encargado de escurrir el bulto y tratar de justificar tanto la compra del inmueble como la falta de explicaciones. El popular lleva desde que se destapó la polémica haciendo de escudero de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta autonómica, de hecho, reivindicó durante los primeros días de polémica que era su número dos quien tenía «no solo la información detallada, sino los canales de comunicación a tal efecto». García Martín se limitó a decir que el inmueble se había adquirido «para ponerlo al servicio de las necesidades» de la región, recordando -acto seguido- que eran una de las pocas administraciones sin «residencia oficial para la presidenta». El consejero ha presumido además de haber dado «sobradas explicaciones», pese a todas las incógnitas que siguen -todavía- sin despejar. García Martín comparece esta tarde en la Asamblea de Vallecas.
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