El Gobierno de Ayuso no aporta ningún documento previo a la compra que justifique la necesidad de la operación

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha intentado justificar este jueves la compra del ático con informes elaborados tres meses después de la operación. Planifica Madrid incorporó la vivienda a su cartera patrimonial el pasado mes de abril. Y todos los documentos -memorias y órdenes- a los que se ha referido en su intervención el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, tienen fecha de julio de 2026. Los únicos archivos previos a la compra son el acuerdo de confidencialidad, los certificados de tasación, un contrato de arras penitenciales y la escritura de compraventa con la que se formalizó la operación. Esta última lleva la firma del consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán Ruiz, tal y como ha podido comprobar Público.

La «memoria de arrendamiento de inmueble» que redactó la Comunidad de Madrid este verano recoge que, entre las razones para la «adquisición» del ático, figuraba la «posibilidad» de contar con un «inmueble institucional de carácter residencial» que tuviera «una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial o para las propias autoridades de la Comunidad de Madrid». El informe afirma que esta es «una práctica habitual a nivel estatal, autonómica o local» y recalca que «solo cuatro comunidades autónomas, entre ellas Madrid», no disponen de vivienda institucional. Esto echa por tierra la versión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quien sostuvo que el ático se utilizaría como oficina mientras se ejecutaban unas obras en la sede del Ejecutivo regional en la Puerta del Sol.

El mantra de que el ático era para uso administrativo queda anulado no solo por el hecho de que la licencia fuera únicamente residencial, sino por las múltiples referencias a esta condición que se hacen a lo largo de todos los documentos que ha difundido la Consejería de Presidencia. Planifica Madrid acepta en la escritura de compraventa el contenido de las «normas de comunidad», unas normas que prohíben el uso de oficinas a partir de la segunda planta en los edificios del centro de la capital, como es el caso del barrio de Chamberí. La Consejería de Hacienda también reconoce en uno de sus escritos que el «uso cualificado» del inmueble es el «residencial». Y lo mismo ocurre con los certificados de la Abogacía del Estado. ¿Qué dicen el resto de los informes? ¿Cómo tratan de explicar la operación y por qué ninguno de los documentos que utilizan para ello es anterior al mes de abril? ¿Cuáles son las fechas?

La memoria de arrendamiento

Planifica Madrid compró el ático del Paseo del General Martínez Campos el 14 de abril de 2026, pero firmó el contrato de arras el 27 de febrero, fecha en la que cerró la operación el Gobierno de Ayuso. El movimiento se hizo en secreto y sin informar a la Asamblea regional. La documentación a la que ha tenido acceso este diario no incluye ninguna justificación de la necesidad de compra previa a la firma del contrato. La Comunidad de Madrid elaboró el primero de los informes, una «memoria de arrendamiento», el 2 de julio de 2026, 79 días después de la compra del ático. Este escrito habla de la necesidad de incorporar al patrimonio autonómico un «inmueble institucional de carácter residencial», como hacen otras comunidades y municipios. 

El Gobierno de Ayuso acuerda alquilar el inmueble a Planifica Madrid porque «reúne las condiciones idóneas» para ejercer de vivienda oficial y disponer de «espacios accesorios o complementarios en contextos de gestión de crisis», tal y como recoge el citado escrito. La memoria la firma la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, para elevarla a la Consejería de Economía y Hacienda, responsable de «realizar los trámites oportunos» para materializar dicho arrendamiento. El contrato se firma finalmente el 27 de julio de 2026. La administración autonómica ha tratado de difundir que había un expediente que justificaba la adquisición, pero lo cierto es que ningún documento especifica para qué se quiere comprar el ático ni cuáles son las necesidades de llevar a cabo la operación. 

El informe de la Consejería de Hacienda

La Consejería de Hacienda redactó un informe el mismo 2 de julio de 2026 en el que reconocía que «no constaba la entrada por registro» de la memoria anteriormente citada. El organismo responde de todos modos con un informe «técnico» favorable y «exclusivamente» relativo a las características del inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, un inmueble del que recalca en todo momento el «carácter residencial». El documento menciona el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), donde vuelve a quedar bien claro el «uso residencial» y la finalidad de «proporcionar alojamiento permanente a las personas» que cubre el inmueble. 

Los escritos de la Abogacía de la CAM

La relación de documentos que ha publicado el Gobierno de Ayuso también incluye un escrito de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, redactado el 15 de julio de 2026. El texto hace referencia a los artículos 2.1 y 3.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), donde se distinguen -claramente- los distintos usos inmobiliarios. Y especifica que en el caso del ático el uso es residencial o para «dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales», tal y como consta en la memoria remitida por la Consejería de Presidencia. El documento repara en el hecho de que se contemple utilizar la vivienda como despacho accesorio «en contextos de crisis» y reitera que eso sería «distinto» al uso residencial que recoge la LAU. 

El pago del Impuesto de Transmisiones

La Comunidad de Madrid también ha difundido un extracto de la Dirección General de Tributos en el que queda patente el pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la adquisición del ático en el Paseo del General Martínez Campos. El Gobierno de Ayuso pagó 378.000 euros por este concepto el 23 de abril de 2026. Esto eleva el coste total del inmueble hasta los casi 6,7 millones, si se añaden a los 6,3 millones de la compra, un importe que pagaron con sus impuestos todos los madrileños. Planifica Madrid sacó a subasta la vivienda el pasado mes de agosto tras salir a la luz la polémica y no recibió ninguna oferta en el mes durante el que se mantuvo abierto el procedimiento, por lo que tuvo que declarar «desierta» la licitación. 

Las escrituras de la compraventa

Las escrituras de compraventa datan del 14 de abril de 2026 y también permiten conocer un dato revelador: Pedro Corbalán Ruiz fue quien firmó y autorizó la compra del inmueble. El Gobierno de Ayuso ha tapado el nombre del alto cargo, pero en el texto se destaca que quien pone su rúbrica «ejerce el cargo de consejero delegado» de Planifica Madrid, para lo que fue nombrado en 19 de julio de 2023. Esta era una de las grandes incógnitas de la operación. La administración autonómica no hizo público ningún documento o acta del consejo de administración de la entidad pública en los que se informe o acuerde la operación.

La resolución del contrato

La Consejería de Economía, que el 27 de julio autorizó la firma del arrendamiento del ático por parte del Gobierno regional, tres días más tarde dictó una orden que dejaba «sin efecto» la autorización del alquiler. Según argumenta el Gobierno regional, había «desaparecido» la necesidad que había motivado el arrendamiento. 

La rescisión formal del contrato de alquiler, «por razón de mutuo acuerdo», se produjo el 15 de septiembre de 2026. El documento lo firmaron -de nuevo- el consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán Ruiz, y la directora general de Patrimonio y Contrataciones del Gobierno de Ayuso. El proceso de licitación del ático ya se había cerrado entonces sin la recepción de ninguna oferta, tal y como ha confirmado este jueves la Consejería de Presidencia.