Ceuta | Público

«Hay quien quiere que hagamos magia». La frase la pronunció este jueves a primera hora el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una entrevista en TVE a cuenta de los espacios de acogida para personas migrantes en Ceuta. Refleja bien el ánimo vivido en el Ejecutivo. La Audiencia Nacional dejó noqueado al Gobierno de Pedro Sánchez durante unas 20 horas al paralizar el realojo en el campamento instalado en el puerto de la ciudad autónoma. Finalmente las medidas cautelares se retiraron.

Los planes del Gobierno siguen, por tanto, adelante. De manera «inminente», entre la tarde del jueves y este viernes, se realizará un operativo que permitirá alojar a 1.700 personas. El Ejecutivo no suele comunicar de manera anticipada estas reubicaciones por motivos de seguridad. La operación estaba preparada para efectuarse este jueves pero la resolución judicial, a la que se llegó tras una denuncia del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), hizo perder algo de tiempo al Gobierno. 

Tiempo es precisamente lo que no le sobra al Ejecutivo. La prioridad máxima es sacar a las personas migrantes de las calles. También a los menores, que estima que son entre 700 y 1.000 actualmente, tal y como desveló esta semana el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres. La tutela de estos corresponde a la ciudad autónoma y es algo que, como publicó este medio, ha agotado la paciencia en el Gobierno con la actitud de su presidente Juan Jesús Vivas. El propio Sánchez lo dejó bien claro en una poco habitual respuesta dada en los pasillos del Congreso. «Pregúntele a Vivas», dijo a una periodista que le preguntó por qué todavía había tantos menores en las calles. 

«El Gobierno está luchando contra un montón de agentes que no quieren que esto se solucione, que quieren que se enquiste», dijo Puente en la citada entrevista. La frase recoge los sentimientos de enfado y frustración por las dificultades que se han encontrado en el Ejecutivo. El propio ministro recordó que la ubicación del Puerto de Ceuta fue acordada con las autoridades locales pero que de manera sorpresiva en el Consejo de Administración del Puerto de Ceuta se echó para atrás y se negó a ese uso. Tuvo entonces que intervenir entonces el Gobierno para tomar el control al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante. 

Previamente el lío con Vivas había sido en el marco de pactar un listado de espacios de acogida de los migrantes que permanecían sin alojamiento. Fue una de las primera tareas del mando único coordinado por Torres. En el primer listado se incluyeron los polideportivos por una «cuestión formal» que exige la Ley de Seguridad Nacional, según señalaron en Moncloa. A Vivas se le aseguró que no se usarían y que todo realojo se haría en consenso.

Pero la filtración a la prensa local, en el Gobierno la achacan a Vivas o su equipo, y generó una reacción pública del presidente ceutí de confrontación al tiempo que la sociedad local protestaba. De manera insistente se ha recordado en Moncloa que en 2021 Vivas sí habilitó estas instalaciones tras la entrada masiva vivida durante el mes de mayo de ese año. Los socialistas consideran que ahora el dirigente ceutí está completamente atado al argumentario y acción político del Partido Popular que lidera Alberto Núñez Feijóo. 

«Cuanto antes estén en esos recursos, antes podrán empezar los expedientes para la devolución si no tienen derecho a permanecer en nuestro país», afirmó Torres en sus redes sociales tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional. «Una magnífica noticia, que nos permite seguir trabajando para alcanzar, lo antes posible, la normalidad en la ciudad autónoma», añadió. En Moncloa prefieren no hablar de plazos para terminar con la crisis. Se limitan a mencionar que el mando único habilitado por la Ley de Seguridad Nacional se ha fijado hasta finales de año. 

«Algún día se estudiará cuánto esfuerzo se dedicó a poner obstáculos a cada solución para Ceuta», escribió por su parte la portavoz de la Ejecutiva del PSOE Montse Mínguez. «Reiteramos que los terrenos del Puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo», añadieron en Moncloa. 

Los choques con la juez María Tardón 

Al obstáculo judicial de esta semana se le suman otros roces evidentes con la jueza de la Audiencia Nacional, responsable principal de la investigación. En primer lugar por el propio pasado de la magistrada, que fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Puente, que actúa siempre según fuentes de Moncloa como «portavoz autorizado» del Gobierno, dijo que «ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad». 

El choque más evidente fue a raíz de un informe policial publicado por El Español y que estaba en manos de la jueza que señalaba a agentes de policía marroquíes. El Gobierno no lo conocía porque Tardón había ordenado a los investigadores a los que se lo encargó que no informaran a sus superiores. Fue una decisión que enfadó sobremanera a los integrantes del Gobierno. Provocó además que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, enviara una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ministro protestó ante Isabel Perelló y le mostró su «preocupación» por esta decisión pero la presidenta del CGPJ respaldó a la magistrada. 

Los choques judiciales se han acumulado especialmente en las últimas semanas también en otros asuntos. Y el Gobierno ha estallado: «No nos vamos a callar», afirman en Moncloa. Especialmente sangrante consideran en el Ejecutivo la decisión del Tribunal Supremo sobre la llamada ‘ley de nietos’ que «cercena» el derecho a voto de miles de ciudadanos. Tampoco sentó nada bien el discurso de Perelló en el año de apertura del curso judicial. Días después el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, escribió a la presidenta del CGPJ para recurrir la decisión de archivar sus quejas contra el juez Juan Carlos Peinado. 

La decisión, aunque momentánea, de la Audiencia Nacional esta semana ha sido un capítulo más en el que el Gobierno ha mostrado su «perplejidad» y «sorpresa», cogiendo las reacciones más suaves. «El Ejecutivo es plenamente consciente de que esta crisis es compleja, pero la complejidad no puede traducirse en inacción o parálisis institucional», añadieron en el equipo de Sánchez.