El macrojuicio del ‘caso Inipro’ pone bajo la lupa el entorno del PSC en Tarragona por presunta corrupción

Trece años después de que las primeras investigaciones pusieran el foco sobre una presunta trama de contratación irregular en el Ayuntamiento de Tarragona el caso Inipro ha llegado finalmente a juicio este viernes con las cuestiones previas. El juicio oral está previsto que comience el 2 de octubre. La causa se centra en unos contratos del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) que, según sostiene la Fiscalía, habrían servido para desviar recursos públicos hacia una empresa que habría acabado poniendo trabajadores al servicio de los intereses electorales y políticos del PSC de la ciudad.

En total, hay nueve personas acusadas. La Fiscalía solicita penas que llegan a los cinco años y diez meses de prisión para algunos de los principales procesados. Entre los acusados está el exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros -que fue alcalde de Tarragona durante 12 años (2007-2019)-, las exconcejalas Begoña Floria y Victòria Pelegrín y quien fue jefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado. También están acusados Antonio Muñoz, que había sido gerente del IMSST; la técnica municipal Enriqueta Aznar; Alejandro Caballero, vinculado a Antonio Muñoz, y los administradores de las otras dos empresas que participaron en el concurso, Enrique Miró y José Gallet.

El caso de corrupción estalló en 2013 a raíz de una denuncia de la CUP, que ejerce como acusación particular. Después de aquella alerta, en octubre del 2015, agentes de la unidad de delitos económicos de la Guàrdia Civil entraron en el Ayuntamiento de Tarragona para requisar los expedientes de contratación del Instituto Municipal de Servicios Sociales durante los años 2011 y 2012.

Las investigaciones, sin embargo, se remontan a 2009 y tienen como epicentro un contrato del IMSST con Iniciatives i Programes SL, conocida como Inipro. De acuerdo con la Fiscalía, que mantiene la tesis de que se urdió una red de clientelismo político para desviar fondos públicos en beneficio del PSC, el procedimiento de contratación no habría sido una licitación ordinaria, sino que se habría preparado de manera que la empresa que finalmente resultó adjudicataria tuviera garantizada la contratación.

El ministerio público sitúa uno de los primeros indicios de la presunta trama en un correo electrónico intercambiado entre Ricardo Campàs, entonces gerente de Inipro, ya fallecido, y Gustavo Cuadrado. Esta comunicación habría desembocado en una reunión con la participación de Antonio Muñoz, gerente del IMSST. Según la Fiscalía, el encuentro tendría como objetivo preparar las condiciones necesarias para alterar el concurso y conseguir que la empresa recibiera fondos públicos.

Durante los meses siguientes, siempre según el escrito de acusación, varios correos habrían servido para concretar las características del concurso e incluso determinar qué personas acabarían siendo contratadas. La Fiscalía sostiene que se elaboró un informe destinado a justificar la necesidad del servicio y dar una apariencia de normalidad administrativa a una operación que ya estaría predeterminada.

El contrato se planteó por un importe de 59.900 euros sin IVA, una cantidad que permitía recurrir al procedimiento negociado sin publicidad. Según la acusación pública, esta fórmula habría sido escogida precisamente porque permitía controlar a las empresas invitadas y garantizar el resultado del concurso. En la preparación habrían intervenido el gerente del IMSST, Antonio Muñoz, y la técnica municipal Enriqueta Aznar.

Victòria Pelegrín, que entonces era concejala del Ayuntamiento, habría aprobado el pliego de cláusulas. La Fiscalía considera que lo hizo a sabiendas de que el procedimiento estaba condicionado y que el concurso sólo aparentaría cumplir los requisitos administrativos. El contrato establecía una duración máxima de un año y descartaba la posibilidad de prórroga.

Tres empresas y un contrato para Inipro

Una vez aprobado el pliego, el IMSST invitó a tres empresas a participar en el procedimiento: Inipro, Itinere Serveis Educatius SL y Gallet Consultores y Asociados SL. La Fiscalía considera que la selección de estas empresas por parte del IMSST formaba parte de la construcción de una apariencia de competencia, ya que, según el escrito de acusación, las otras dos compañías no tendrían un objeto social adecuado al servicio que se licitaba.

Además, el ministerio público destaca que las tres ofertas presentadas habrían sido prácticamente iguales y que se registraron casi simultáneamente, concretamente el último día habilitado para presentarlas. Para la acusación, estos elementos reforzarían la hipótesis de que el concurso estaba preparado para que Inipro saliera adjudicataria.

La adjudicación acabó en manos de Inipro por 61.011,60 euros. El problema, según la Fiscalía, es que la partida prevista para un año se consumió en sólo cuatro meses. A pesar de ello, la empresa habría seguido prestando servicios para el IMSST sin que existiera una nueva cobertura administrativa.

La relación contractual se prolongó durante periodos que iban de septiembre de 2010 hasta mayo de 2011 y, posteriormente, de septiembre de 2011 hasta diciembre de 2012. Es decir, mucho más allá del año de duración establecido inicialmente. La acusación sostiene que algunos de los correos intervenidos muestran conversaciones sobre la manera de simular una prórroga cuando el contrato ya había expirado.

Más de 215.000 euros abonados durante dos años

El caso no se limita, según la Fiscalía, a la forma en que se adjudicó el primer contrato. La acusación también pone el foco en los pagos que el IMSST habría hecho posteriormente a Inipro. Según el ministerio público, la empresa cobró 110.815,81 euros durante el 2011 y 104.293,92 euros el año siguiente, mediante varias facturas. Una parte de estos pagos habría sido autorizada por Josep Fèlix Ballesteros en su condición de alcalde de Tarragona.

La Fiscalía acusa a Ballesteros de haber autorizado algunos de estos abonos sabiendo, presuntamente, que no se había seguido el procedimiento administrativo correspondiente. El escrito también afirma que el alcalde conocía la ausencia de determinados trámites, así como advertencias de irregularidades formuladas por el interventor y la responsable de contabilidad de los servicios sociales. Según la acusación, las resoluciones habrían permitido beneficiar a Inipro a costa de los recursos públicos bajo una apariencia formal de legalidad.

Antes de entrar en la sala de vistas que se ha ubicado en la antigua prisión de Tarragona, Ballesteros ha afirmado que confía en que el juicio del caso Inipro le permitirá «demostrar» su «honorabilidad». El exalcalde se ha mostrado «muy agradecido a la muchísima gente» que le ha apoyado. «He tenido que apagar el móvil y todo», ha explicado. «Quedará claro qué he hecho y por qué lo he hecho, confío total y plenamente en la justicia, y estoy absolutamente tranquilo», ha finalizado.

Favorecer los intereses electorales del PSC

Uno de los aspectos más relevantes de la causa es el presunto uso político que, según la Fiscalía, se habría hecho de los servicios contratados. La empresa tenía que desarrollar tareas relacionadas con la población recién llegada, pero el ministerio público sostiene que determinados trabajadores habrían acabado desarrollando funciones vinculadas al PSC y a la proyección pública del alcalde Ballesteros.

Esta es una de las principales hipótesis que el juicio deberá contrastar con las pruebas y los testigos. Según la acusación, los trabajadores contratados por Inipro habrían participado en tareas destinadas a reforzar la imagen pública del alcalde y a favorecer los intereses electorales de los socialistas. La Fiscalía basa parte de esta tesis en los correos electrónicos intervenidos durante la investigación.

Entre las personas investigadas habría miembros de un grupo que la Fiscalía identifica como «ciberactivistas». Según el escrito, Begoña Floria y Gustavo Cuadrado habrían coordinado este grupo, vinculado a una dirección de correo electrónico relacionada con Ballesteros, y en el que habrían participado varios de los encausados a título lucrativo, junto con decenas de personas más.

Las tareas atribuidas a este grupo incluirían la respuesta a los correos electrónicos y la gestión de redes sociales, pero también actuaciones relacionadas con el censo electoral y la participación de ciudadanos extranjeros residentes en España en las elecciones municipales de 2011. En los correos incorporados a la causa también aparecen peticiones relacionadas con el aumento de horas de dedicación de algunos de los trabajadores.

Viñuales y el cambio de posición del Ayuntamiento

Durante el mandato en que ERC gobernó la ciudad, con Pau Ricomà al frente, el consistorio se personó como acusación particular al considerar que los hechos investigados podían haber provocado un perjuicio a las arcas municipales. El Ayuntamiento llegó a presentar su propio escrito de acusación.

La situación cambió en 2023, con la llegada a la alcaldía de Rubén Viñuales de la mano del PSC. Hay que recordar que antes estuvo al frente de las listas de Ciudadanos en Tarragona. Una vez asumió el cargo, el consistorio se retiró de la causa. ERC recurrió contra esta decisión y pidió explicaciones sobre los motivos que habían llevado al nuevo gobierno municipal a abandonar la acusación.

La portavoz republicana Maria Roig ha reclamado que el procedimiento permita aclarar tanto los hechos investigados como las responsabilidades que se puedan derivar. En paralelo, la formación mantiene la duda sobre si el recurso contra la retirada del Ayuntamiento se resolverá antes de que acabe el juicio o una vez finalizada la vista oral.

La CUP, de la denuncia a la acusación popular

La CUP de Tarragona, que puso la primera piedra para destapar la trama de corrupción, espera que el juicio permita «depurar responsabilidades». A través de un comunicado, los anticapitalistas han cuestionado el cambio de posición del actual alcalde y denuncian que la vuelta del PSC al poder en 2023 comportó que Viñuales «negara la posibilidad al ente municipal de defenderse de un posible caso de malversación de fondos públicos».

«Nosotros no hemos cambiado de versión ni de bando. Siempre hemos estado al lado de los servicios públicos y del derecho de la ciudadanía a saber qué ha pasado», ha defendido la exconcejala de la CUP Laia Estrada. En este sentido, Estrada ha apuntado que el alcalde Viñuales adoptó una «posición opuesta» a la actual cuando era portavoz de Ciutadans en la oposición, entre 2015 y 2019.