¿Es «corporativista» el Poder Judicial? Diez ejemplos de ataques de jueces al Gobierno que quedaron impunes

«Las irregularidades denunciadas protagonizadas por el magistrado instructor [Juan Carlos Peinado], muchas de ellas ampliamente conocidas por la opinión pública, han hecho un daño notorio e irreparable al buen nombre de la Justicia. Lamentablemente, el CGPJ ha sido incapaz, bien por conservadurismo, bien por corporativismo, de corregirlas y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial, evidentemente dañado por la instrucción protagonizada por el denunciado, también en mi declaración testifical».

Con estas palabras, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, argumentó la interposición de un recurso de alzada contra la decisión del órgano del gobierno de los jueces de archivar, entre otras, las quejas presentadas por Bolaños contra el juez instructor del caso Begoña Gómez.

Según el escrito, al que tuvo acceso Público, Bolaños no dio este paso porque «confíe en que la Comisión Permanente del CGPJ vaya a revocar su propia decisión», sino con la intención de agotar la vía administrativa y poder elevar este asunto al alto tribunal. «Tengo la convicción de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo hará el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura», agregó.

Las acusaciones de «corporativismo» por parte del Gobierno chocan con las críticas de la mayoría del órgano de gobierno de los jueces al Ejecutivo por sus «ataques», canalizadas a través de su presidenta, Isabel Perelló. En el acto de apertura del año judicial, la también presidenta del alto tribunal avaló las críticas a las resoluciones judiciales, pero no las manifestaciones que ponen en cuestión a quienes las emiten, esto es, los jueces y magistrados. En este sentido, pidió «respeto» y «lealtad institucional».

Si bien, a la hora de referirse al comportamiento de determinados jueces, cuyas críticas alcanzan al Gobierno, Perelló se limitó a apelar a la «mesura», así como a la responsabilidad de los miembros de la judicatura: «Por supuesto, la función judicial exige también de quienes la desempeñan mesura en el ejercicio de sus atribuciones. La independencia no exime al juez de tener presente la trascendencia que sus actuaciones y decisiones pueden tener para los derechos e intereses de los ciudadanos. La prudencia ha de extenderse igualmente a sus intervenciones públicas».

Más allá de estas palabras, enmarcadas en el pulso permanente entre el poder ejecutivo y parte del legislativo, por un lado, y el poder judicial, por otro, ¿qué actuaciones ha llevado a cabo el CGPJ frente a los ataques de algunos jueces al Gobierno, a dirigentes políticos progresistas y a políticas impulsadas por el Ejecutivo? El análisis de diez de los casos más mediáticos recopilados por este medio muestra que estas actuaciones –aunque llegaron a investigarse en la mayoría de los casos– quedaron impunes.

1. Juan Carlos Peinado

A través de los diversos pronunciamientos realizados en el marco de la instrucción del caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha protagonizado múltiples excentricidades que van más allá del objeto del proceso judicial. 

Algunos ejemplos: aludió al reinado de Fernando VII para intentar comparar al Gobierno actual con un régimen absolutista, insistió de manera reiterada en referirse a la condición de Begoña Gómez como «esposa de», y amenazó con extraer «conclusiones» del «silencio» del presidente pese a acogerse a su derecho a no declarar como testigo por ser marido de Gómez.

El magistrado fue protagonista de las cinco cartas que remitió Bolaños a Perelló, desde el 4 de junio de 2025 hasta el 1 de abril de 2026, para denunciar su actuación antes, durante y después de que el ministro declarara como testigo en este caso. Entre ellas, destaca la sospecha de que Peinado pudo plantear su imputación ante el Tribunal Supremo a raíz de la primera queja presentada por el ministro contra el juez. Asimismo, en su exposición razonada, Peinado cargó de manera llamativa contra Bolaños al asegurar que su actitud fue «totalmente proterva» en su declaración. Según la RAE, este término significa «perverso, obstinado en la maldad».

Sin embargo, de las seis investigaciones que el Consejo General del Poder Judicial tenía abiertas contra Juan Carlos Peinado, solo acordó remitir, por mayoría pero sin unanimidad, dos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y archivó las otras cuatro diligencias informativas, entre ellas, la originada por la denuncia del ministro de Justicia.

La Comisión Permanente vio indicios de que el magistrado pudo cometer solo dos faltas leves por sugerir que los escoltas oficiales de la mujer del presidente del Gobierno podrían ayudarla a huir del país y por un retraso injustificado (desde junio de 2024 hasta enero de 2026) en la tramitación de un procedimiento instruido por el juez, distinto al caso Begoña Gómez. A las puertas de que el juez abandone la carrera judicial (se jubila el próximo 27 de septiembre con 72 años), y quede fuera del marco de actuación del CGPJ, el alto tribunal autonómico ya ha rechazado la primera.

2. Eloy Velasco

En una conferencia del 13 de noviembre de 2024, al criticar la ley del solo sí es sí, Eloy Velasco, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, afirmó: «Nos intentaron explicar qué es consentir… A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento […] y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona».

Estas palabras despectivas contra la ya ex ministra de Igualdad –dejó el cargo un año antes– y promotora de la norma cayeron en saco roto. Pese a un primer intento de dar un cerrojazo a las diligencias abiertas, el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, se vio obligado a continuar con las pesquisas, llegando a proponer «una sanción de multa de 501 a 6.000 euros por la comisión de una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial». 

Pero, en febrero de 2026, la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces archivó el expediente. La mayoría conservadora de esta comisión (cuatro vocales frente a tres) se impuso en la votación, rechazando la propuesta de sanción, con los votos particulares de los vocales progresistas José María Fernández Seijo, Ricardo Bodas y Lucía Avilés.

3. Manuel Ruiz de Lara

Este expediente disciplinario fue de la mano de las diligencias abiertas contra el magistrado Manuel Ruiz de Lara, que en diciembre de 2024, a través de sus redes socialies, llamó a Begoña Gómez «Barbigoña» y acusó a Sánchez de practicar «golpismo». También, en este caso, el promotor disciplinario propuso sancionarlo, pero la mayoría conservadora de la Comisión Disciplinaria del CGPJ volvió a imponerse y archivó el expediente. La decisión contó con los mismos tres votos particulares por parte de los vocales progresistas.

Esta no es la primera vez que el titular del Juzgado de lo Mercantil Número 11 de Madrid estuvo en el punto de mira. En noviembre de 2023, escribió en X que Sánchez presentaba «rasgos claros de psicópata sin límites éticos». También, llamó a Sánchez y a Félix Bolaños «mentiroso patológico».

En sus mensajes de 2023, además, atacó a varios ministros y exministros procedentes de la judicatura. «Al igual que Grande-Marlaska, Margarita Robles, Pilar Llop, la ‘disparatada podemita’ prefieren, deshonrando la toga, arrastrarse en la indignidad por las migajas de un cargo». En ese caso, la Comisión Permanente del CGPJ tomó conocimiento del acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria de archivar el expediente disciplinario.

El promotor explicó que no había quedado acreditado que el autor invocara o se sirviera de su condición de juez. «Aún dando por cierto el tuit y su autoría, en ningún caso concurriría esa otra acción que integra el tipo en cuestión de invocar la condición de juez, o de haberse servido de la misma al momento de formular sus críticas», explicó Ricardo Conde, según recogió la agencia de noticias Servimedia.

4. Antonio Narváez

El encargado de redactar la polémica resolución sobre la ley de nietos, Antonio Narváez, por la que se suspendió cautelaremente el derecho al voto de miles de nacionalizados españoles, expresó a Alberto Núñez Feijóo su deseo de que ganara las elecciones. «Personalmente, digo que ojalá y ya me significo», proclamó antes de los comicios de 2023 en una cena de la AF, la asociación de fiscales más conservadora, con el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno.

Estas declaraciones, avanzadas por El País y que nunca fueron desmentidas, no fueron las únicas. El exmagistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP alertó de los pactos del PSOE de Euskadi con los que denominaba «filoetarras» y dio alas al bulo de un supuesto «pucherazo» electoral.

Narváez, que desde septiembre de 2025 es magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, era fiscal en el momento en el que sustanció estas manifestaciones, por lo que el CGPJ no tenía potestad para actuar. En todo caso, la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado no abrió ningún expediente pese a que estas expresiones chocan frontalmente con el Código Ético de la carrera fiscal, que establece que los miembros del Ministerio Público «deben abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad».

5. Manifestación de jueces contra la amnistía

También en 2023, pero después de las elecciones, miembros de la judicatura, entre otros profesionales de la Justicia, protagonizaron concentraciones en varias provincias de España contra la ley de amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes para que Sánchez revalidara al frente de la Moncloa. Cabe destacar que por aquel entonces, a mediados de noviembre, ni siquiera se había presentado una propuesta legislativa concreta sobre la norma.

Antes de su convocatoria, la Comisión Ética del CGPJ emitió un informe en el que recomendaba a los miembros de la Carrera Judicial valorar, antes de asistir a una manifestación, el impacto que podría causar en la opinión pública. No obstante, en febrero de 2024, la Comisión de Ética Judicial del CGPJ avaló las protestas.

Es más, desde el propio CGPJ, los vocales conservadores lograron imponerse gracias a su holgada mayoría en este órgano para lanzar una declaración institucional contra la ley de amnistía, una acción que se produjo cuando todavía no había ni un acuerdo entre PSOE y Junts que alumbró la norma.

6. José Luis Concepción

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha sorteado hasta en tres ocasiones los expedientes abiertos a raíz de sus ataques contra el Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, los miembros de Unidas Podemos, el socio minoritario de la primera coalición gubernamental.

En mayo de 2020, José Luis Concepción cuestionó el real decreto-ley del estado de alarma y acusó al Gobierno de usar «la paralización de un país para fines distintos que salvar a la gente de la enfermedad». El entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, saldó el incidente con una carta en la que le pidió «prudencia» y «mesura».

El presidente del alto tribunal autonómico, en febrero de 2021, dijo que la presencia de miembros del PCE en el Gobierno ponía «en solfa» la democracia. El CGPJ abrió entonces una investigación, pero rechazó expedientarle al concluir que esas palabras estaban amparadas por la «libertad de expresión».

El tercer episodio que motivó una nueva investigación se produjo en junio de 2022, cuando comparó al PCE con el partido nazi. Estas manifestaciones provocaron dos denuncias que se acabaron archivando en julio de 2022. Una de Concepción Sáez, entonces vocal del CGPJ a propuesta de IU y otra del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda. Para el CGPJ, la comparación del PCE con el partido nazi supone una «opinión genérica sobre un partido político» que no constituye «una desconsideración grave y objetiva a los ciudadanos».

7. José Luis Requero

En una de las columnas de opinión publicadas en La Razón, José Luis Requero, magistrado del Tribunal Supremo desde 2014, cuestionó la «obsesión» de la izquierda gobernante con la selección de jueces. Pero las críticas no se quedaron ahí. En el texto, de octubre de 2021, el magistrado atacó directamente la preparación de miembros del Ejecutivo al decir que «gobierna un doctor cum fraude» —en alusión a Sánchez— y afirmó que «el bagaje profesional y formativo de no pocos ministros y parlamentarios es un erial», además de concluir hablando de «su propia mediocridad». 

Fuentes del CGPJ confirman a este medio que no se abrió diligencia alguna al no existir quejas ante el promotor o ante la Unidad de Atención Ciudadana, por lo que estas palabras no tuvieron ninguna reprimenda.

8. Manuel Piñar

El magistrado que condenó a cinco años de prisión a Juana Rivas por dos delitos de secuestro de menores, a través de Facebook, habló de «comunismo feminazi» para referirse a un viaje de Irene Montero y escribió «ladrones, corruptos» en alusión a una foto de José Luis Rodríguez Zapatero. El Poder Judicial abrió diligencias informativas a raíz de una denuncia del abogado de Rivas, a la que también había criticado. 

Sin embargo, archivó la queja contra el titular del Juzgado de lo Penal Número 1 de Granada en julio de 2023. «La publicación por parte de un miembro de la carrera judicial en una red social de determinadas opiniones –con independencia total de la que, a su vez, a cada cual merezcan–, cuando en tal medio no se hace invocación expresa de su condición profesional o cuando sea factible entender que su intervención se hace a título particular como mero ciudadano carece de tipicidad a fecha de hoy», suscribió entonces Ricardo Conde, según recoge Europa Press. 

9. Joaquín Aguirre

Unos audios desvelados en julio de 2024 por Diario.Red, grabados en dependencias judiciales, pusieron todavía más contra las cuerdas al entonces titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, cuestionado ya por su polémica instrucción de la conocida trama rusa del procés.

«Me han dicho que ayer se tumbó lo de la ley de amnistía. Se tumbó por mí», se jactó Joaquín Aguirre, además de cargar contra el Ejecutivo de Sánchez: «Al Gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Dos. Y ya está. A tomar por culo». Y, por si fuera poco, lanzó una amenaza: «Hay gente que se está situando ya, ha tomado partido, y el partido soy yo». 

Se jubiló en enero de 2025, escapando del marco de actuación del CGPJ. En todo caso, antes de que abandonara la carrera judicial, el órgano de gobierno de los jueces tampoco inició ninguna investigación al no recibir ninguna denuncia, tal como sostienen las fuentes anteriormente mencionadas. Una vez fuera de la judicatura, el TSJCat rechazó investigarle por la querella que interpuso Carles Puigdemont. 

10. Lorenzo Pérez San Francisco

Escondido detrás del pseudónimo El guardabosques de Valsaín, el juez Lorenzo Pérez San Francisco escribió en 2017 un auténtico poema machista contra Irene Montero, entonces portavoz parlamentaria de Podemos. Esta acción, publicada en la revista de la asociación judicial Francisco de Vitoria –por la que se disculpó– tampoco fue objeto de investigación por parte del CGPJ. «No constan denuncias», señalan fuentes del órgano presidido por Perelló para justificar la ausencia de un expediente. El juez se jubiló el 12 de abril de 2018 (con efectos el 5 de septiembre).

Estas palabras sí tuvieron un recorrido en la vía judicial, aunque el resultado fue favorable para el juez. Tras la denuncia de la dirigente morada, el magistrado fue condenado por el Juzgado de primera instancia número 38 de Madrid. Después, la Audiencia Provincial de Madrid anuló la condena y, en junio de 2021, cuando Montero ya era ministra, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestimó su recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que consideró no vulnerado el honor de Irene Montero.