La UCO apreció desvío de fondos para el cobro de comisiones de la trama Lezo en el Canal de Isabel II

El capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargado de la investigación del caso Lezo relacionado con el PP ha declarado en el juicio que apreciaron desvío de fondos para el cobro de comisiones por implicados en la trama durante su gestión en 2001 en la empresa pública Canal de Isabel II.

La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio, el primero del caso Lezo, con 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño que presidió Alberto Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte del Consejo de Administración de Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad- junto con otros nueve procesados.

También son juzgados tres excargos del Canal de Isabel II y otros que la Fiscalía relaciona con Aguas de Barcelona SA (AGBAR), que junto a los anteriores se enfrentan a peticiones de la Fiscalía Anticorrupción de entre seis y siete años de prisión por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

Una compra sin autorización

El capitán de la UCO ha manifestado que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75% de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares.

Ha añadido que sin embargo la operativa realizada finalmente por Canal de Isabel II «no fue la autorizada» por el Gobierno autonómico ya que realmente compró el 100% de la empresa panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75% de INASSA y el 51% de la sociedad dominicana WATCO S.A..

La fiscal explica que ello provocó un «sobreprecio indebido» de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y «en beneficio exclusivo de los vendedores».

El testigo ha confirmado igualmente que de lo investigado se desprende que al menos cinco acusados recibieron en 2022 un total de algo más de nueve millones de euros fruto de esta operación.

Al respecto la Fiscalía señala que dicha cantidad fue cobrada por cinco acusados, que identifica como exejecutivos de AGBAR, y añade que del resto del precio pagado se desconoce cuál fue el destino final.

El guardia civil ha añadido que «en el momento en el que Canal de Isabel II adquirió las acciones se produjo un repunte importante en el precio de las mismas, aproximadamente de tres a 14 euros cada una».

Y ha comentado que los investigadores relacionaron este hecho con la grabación de conversaciones intervenidas durante las pesquisas al principal investigado por la trama Lezo, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y el expresidente ejecutivo de INASSA Edmundo Rodríguez «en las que describían que se había pagado mucho más de lo que se debía y que eso era un robo de 25 millones».

Una «operación política» contra Gallardón

En la jornada del juicio del martes pasado el que era consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2001, Manuel Cobo, denunció que esta causa de se debe a una «operación política» contra Alberto Ruiz-Gallardón por parte de su compañero en el PP Ignacio González cuando este era vicepresidente de la Comunidad de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre.

«Hay una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana -exministro y expresidente del País Valencià-, dos personas de mi partido pero que tenían intereses que no voy a calificar, en la que, sabiendo que ya estaban siendo grabados por la UCO dicen ‘menudo pelotazo el que dio Gallardón'», relató Manuel Cobo.

Añadió que además González encargó informes a un despacho de abogados para que la operación pareciera muy negativa.

Ignacio González, que fue detenido en 2017 y estuvo en prisión provisional unos seis meses, no se sienta en el banquillo de este juicio ya que será juzgado en otras piezas del caso Lezo.