La oficialidad del catalán en Europa sigue en un callejón sin salida después de tres años de intentos fallidos

Hay una frase que se repite cada vez que el Gobierno español intenta poner sobre la mesa la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea: no es el momento. Este martes, tres años después de que el PSOE asumiera el compromiso con Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez, el Estado español ha vuelto a Bruselas para defender la oficialidad de las tres lenguas. «No hay ningún motivo para continuar posponiendo la decisión», ha proclamado el secretario de Estado español ante la Unión Europea, Fernando Sampedro. «Ya es hora», ha añadido.

Pero el catalán sigue sin ser oficial en la UE. Y la reunión del Consejo de Asuntos Generales de este martes -que sólo ha durado siete minutos- tampoco ha servido para desbloquear la situación. España ha incluido la cuestión como un punto de información para exponer sus argumentos ante los demás gobiernos, en un nuevo intento de reabrir una negociación que lleva años atascada, en parte, por el bloqueo del PP a través de los socios del Partido Popular europeo, entre ellos los partidos de Georgia Meloni o Friedrich Merz. Hay que recordar que hace un año trascendió que Alberto Núñez Feijóo estaba maniobrando para bloquear la oficialidad.

Esta vez, sin embargo, el Ejecutivo español ha cambiado el tono. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido vincular la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego a otro de los grandes debates abiertos en Bruselas: la ampliación de la Unión Europea, con países como Albania y Montenegro. Argumenta que no se puede plantear la entrada de nuevos países y, con ella, la incorporación de nuevas lenguas al régimen lingüístico comunitario, mientras el catalán, el euskera y el gallego continúan fuera. Una condición, sin embargo, que España ha evitado mencionar durante el debate por las críticas que ha generado de varios estados miembros.

Lituania ha calificado de «inaceptable» vincular ambas cuestiones. Alemania ha advertido de que España «no debería bloquear ni tampoco detener» la ampliación de la UE. Suecia también ha rechazado la vinculación: «La ampliación es una cosa, y las lenguas otra», ha resumido su ministra de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz.

Este es el último episodio de una negociación que comenzó en otoño de 2023 y que, desde entonces, ha pasado por múltiples fórmulas para intentar convencer a los estados reticentes. El Gobierno español ha ofrecido asumir los costes, ha planteado una incorporación progresiva, ha intentado limitar las consecuencias de un posible «efecto llamada» para otras lenguas y ha mantenido conversaciones bilaterales con algunos de los gobiernos que más dudas han expresado. De momento, sin embargo, el consenso sigue lejos. Esta ha sido la sexta vez que la oficialidad del catalán se ha llevado formalmente al orden del día del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea.

Un compromiso de investidura

La oficialidad europea del catalán no empezó como una iniciativa comunitaria, sino como una pieza de la negociación política que permitió a Pedro Sánchez continuar en la Moncloa. El acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts convirtió el reconocimiento del catalán, el vasco y el gallego como lenguas oficiales de la UE en un compromiso del nuevo ejecutivo socialista.

El momento parecía propicio. España ocupaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE durante el segundo semestre de 2023 y, por lo tanto, tenía la capacidad para introducir asuntos en la agenda europea. En septiembre del mismo año, el Gobierno español formalizó la petición y empezó a llevarla al Consejo de Asuntos Generales. Lo hizo varias veces durante la presidencia española.

Pero ninguna de aquellas reuniones acabó con una votación. Los gobiernos europeos empezaron a poner sobre la mesa los interrogantes que acabarían marcando toda la negociación: cuánto costaría convertir tres nuevas lenguas en oficiales, qué obligaciones comportaría para las instituciones europeas y, sobre todo, qué encaje jurídico tendría la medida.

Un año de silencio y un nuevo intento en 2025

Tras la ofensiva inicial de 2023, la cuestión perdió fuerza durante buena parte de 2024. No volvió a discutirse al máximo nivel hasta mayo del 2025. Los ministros de Asuntos Europeos volvieron a examinar la petición española y acordaron seguir trabajando en ella, pero sin tomar ninguna decisión.

Madrid intentó entonces demostrar que había escuchado las objeciones de las otros países. El Gobierno continuó negociando una fórmula que permitiera reducir los costes y facilitar una implantación progresiva. También intensificó los contactos diplomáticos con otros gobiernos. José Manuel Albares aprovechó reuniones bilaterales con varios países y encuentros con embajadores para pedir apoyo a la propuesta.

En julio de 2025 se abrió otro capítulo. El Consejo de Asuntos Generales volvió a discutir la petición española y decidió continuar trabajando en la propuesta de modificar el Reglamento número 1/1958, que regula el régimen lingüístico de las instituciones europeas. Tampoco entonces hubo votación. La reunión evidenció, además, que el principal obstáculo no era sólo político, también era técnico y jurídico.

Alemania e Italia no son los únicos países que ha expresado reticencias. Austria, Croacia, Suecia, Chequia o Finlandia también han planteado objeciones o dudas a lo largo de la negociación. En algunos casos, las preocupaciones se centran en el coste; en otros, en el encaje jurídico o en el precedente que podría crear la entrada de tres nuevas lenguas al régimen comunitario.

En el otro lado están los gobiernos que han mostrado una actitud más favorable a la petición española. Bélgica, Hungría, Irlanda, Portugal, Rumanía, Dinamarca, Eslovenia y Chipre se han situado entre los países que han expresado su apoyo. Pero incluso los gobiernos favorables han evitado forzar una votación sin un consenso previo.

Irlanda es un ejemplo de esta posición. El país ha defendido la petición española y ha mostrado simpatía hacia la realidad lingüística catalana, pero su presidencia del Consejo ha dejado claro que no quiere llevar la cuestión a una votación mientras haya discrepancias.

Los costes de la traducción

Uno de los principales argumentos de los países reticentes era el económico, es decir, los costes de incorporar tres lenguas más al sistema europeo de traducción e interpretación. Ante esto, el Estado ya dijo que estaba dispuesto a asumir los costes derivados de la incorporación del catalán, el vasco y el gallego. Pero la cuestión económica no es la única que generaba dudas.

El Gobierno español también ha intentado responder al temor de que el reconocimiento del catalán, el vasco y el gallego abra la puerta a muchas otras peticiones. Es el caso de los bálticos con el ruso, Francia con el bretón y el corso o Italia con el sardo. La propuesta del Gobierno español incorpora criterios estrictos para futuras solicitudes, entre otros, que la lengua tenga un origen histórico en el estado miembro que la solicita, que sea oficial durante un periodo prolongado y que este estatus sea anterior a la adhesión del país a la UE. También establece que el estado que pida la oficialidad asuma los costes.

Por lo tanto, a priori, la parte técnica y jurídica ya está resuelta. Por eso Sampedro ha defendido que el Gobierno ha atendido «todas las dudas» que han expresado el resto de estados miembros sobre las implicaciones jurídicas y económicas de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. «No existen motivos ni en materia de costes, ni en materia legal ni técnica, ni en materia de precedentes que puedan justificar el no reconocimiento de los derechos lingüísticos de 20 millones de europeos que tienen estas lenguas en su día a día», ha dicho este martes.

El interés del Gobierno por la oficialidad del catalán en la UE no se entendería sin tener en cuenta la aritmética parlamentaria en el Estado, el calendario electoral -con las elecciones estatales de trasfondo- y un hipotético gobierno PP-Vox, que haría imposible que el catalán, el euskera y el gallego fueran oficiales en la Unión Europea, teniendo en cuenta que uno de los principales actores que está haciendo campaña para que la oficialidad de las tres lenguas no sea una realidad es el mismo Partido Popular de Alberto Núñez Feijoó.