El Congreso encara la recta final para despenalizar las injurias contra la Corona tras 20 años de intentos

«Queremos hacer como con la ley de nacionalidad del pueblo saharaui». Es lo que comenta una voz autorizada del grupo parlamentario de Sumar en relación con la reforma del Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos, los ultrajes a España y sus símbolos o las injurias contra las Cortes Generales e instituciones como el Gobierno. Se refiere a que ambas son leyes largamente anheladas por las bancadas progresistas del Congreso de los Diputados y a que ambas son grandes apuestas de la izquierda a la izquierda del PSOE esta legislatura. La primera de las dos recibió ya la luz verde de la Cámara Baja. Y las fuentes de Sumar y del PSOE consultadas confían en que la segunda lo haga antes de terminar el año. En Izquierda Unida (IU) se aventuran, incluso, a señalar en rojo en el calendario el mes de octubre.

El pasado 10 de septiembre, la Comisión de Justicia cerró el plazo de enmiendas a la iniciativa con un total de 92 propuestas de modificación por parte de los distintos grupos parlamentarios. Ahora es cuando debe comenzar la negociación entre las distintas fuerzas para alumbrar un texto que contente, al menos, a 176 diputados. Con PP y Vox totalmente descartados en una batalla de este tipo, la única mayoría posible es la del bloque de investidura. De salir adelante la iniciativa, que registró el grupo de Sumar en el Congreso y que ha capitaneado IU, se pondrá un broche a 20 años de intentos de despenalizar las injurias a la Corona —fue también IU quien llevó a la cámara, en 2007, la primera propuesta para ello— o a casi una década de intentos de eliminar el delito de ofensas religiosas.

Así, bajando al detalle, la proposición de ley comportaría cambios profundos en algunos puntos que conforman, hoy por hoy, el Código Penal. En concreto, el artículo 490.3 dejaría de formar parte del catálogo de delitos con régimen penal agravado. Se trata de uno de los puntos que componen el delito que se conoce comúnmente como «injurias contra la Corona». Además, quedarían derogados los artículos 491, 496, 525 y 543. 

La eliminación de ese 491 completa la despenalización del delito de injurias contra la institución monárquica abarcando también el uso de sus imágenes para desprestigiar a la institución. El 496, por su parte, persigue realizar lo propio con el delito de injurias contra las Cortes Generales o contra las asambleas de las comunidades autónomas si se hallan reunidas. Tanto el 490.3 como el 491 pueden comportar, en estos momentos, penas de prisión. El 496, multas de 12 a 18 meses.

También pena de multa acarrean los delitos del artículo 525, que castiga las ofensas a los sentimientos religiosos, y del 543, en el que figuran las penas por ultraje a España y a sus símbolos nacionales en los casos en los que se realice de palabra. La actual reforma pretende borrarlos del todo. Por otro lado, PSOE y Sumar también proponen tocar el 502 para despenalizar las injurias a instituciones como el Gobierno, el Tribunal Constitucional o el CGPJ. 

Las enmiendas polémicas de Junts

La modificación o derogación de los artículos desgranados son el esqueleto y objetivo fundamental de la ley. Dicho de otro modo, son el acuerdo al que llegó la parte del Gobierno de Sumar con la del PSOE. En aquella negociación, cerrada en junio, el PSOE no accedió, en cambio, a eliminar del Código Penal el delito de enaltecimiento del terrorismo, algo que sí pretendían los de Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso y el diputado que más ha hecho porque salga adelante la norma.

Pero su aprobación no será coser y cantar. O, más bien, habrá que coser mucho. Los grupos parlamentarios en su conjunto han presentado hasta 92 enmiendas a la propuesta de ley, algo que obligará a una negociación ardua entre los partidos del Ejecutivo y las fuerzas necesarias para alcanzar la mayoría absoluta. «Son negociaciones que no son fáciles», apunta, en conversación con Público, un diputado socialista con mando en plaza en materia de Justicia. La principal piedra en el zapato, como casi siempre, es Junts, aunque todo el mundo parte de la base de que no será fácil para los de Míriam Nogueras y Carles Puigdemont votar junto a PP y Vox el rechazo a una ley que busca profundizar en la libertad de expresión y eliminar protección —en el campo de la libertad de expresión— a instituciones y símbolos españoles.

Pero Junts no va a dejar pasar la oportunidad de colar en el texto final de la ley algunas cuestiones importantes para su electorado. Por ejemplo, una de las modificaciones que propone quieren introducir como «agravante» de «responsabilidad penal» para las acciones discriminatorias que tengan como fondo o como objeto el «origen nacional o territorial» o «la lengua que use o de la que sea hablante» la víctima. Hoy por hoy, el Código Penal ya contempla como agravante su «etnia, raza o nación».

En otra de la veintena de enmiendas que ha registrado dicha formación, se proponen reformar el artículo 542 para introducir la inhabilitación de dos a seis años al funcionario público que «impida o restrinja la exhibición de banderas, símbolos, pancartas o emblemas lícitos, el uso de cualquier lengua, la interpretación de cánticos o expresiones artísticas, o la manifestación pacífica de opiniones políticas, ideológicas o religiosas en lugares públicos o en actos, espectáculos o recintos abiertos al público, o que sancione o proponga sancionar a una persona por esas razones».

Más cosas y no menores. Los de Nogueras quieren reformar, también, el artículo 472, que enumera los supuestos en los que se observa delito de rebelión. Junts quiere añadir una coletilla que especifique que «no constituirán alzamiento a los efectos de este artículo, ni de los artículos 473 a 484, la convocatoria o celebración de consultas, referéndums, elecciones, manifestaciones, huelgas u otros actos de protesta o de desobediencia civil, aunque sean multitudinarios o carezcan de cobertura legal, cuando no vayan acompañados del empleo de violencia grave por quienes los convoquen o realicen».

Y estas son solo algunas de las enmiendas que ha introducido la derecha catalana. Dependerá de lo que se enroque Junts en esas enmiendas la duración de la negociación de PSOE y Sumar, en especial de estos últimos. «Aunque yo no creo que dejen pasar la oportunidad de acabar con delitos como la quema de banderas españolas», reflexiona un diputado del espacio.