Comienza el juicio en el que 11 activistas de Greenpeace se enfrentan a cinco años de prisión

El juicio a 11 activistas de Greenpeace por una protesta en el Puerto de Sagunto contra un buque cargado de gas, para los que el Ministerio Fiscal solicita cinco años de cárcel, ha comenzado pasadas las 10.20 horas de este miércoles con la esperanza de los ecologistas de que se produzca un cambio en la postura de la Fiscalía.

Los hechos por los que se les acusa del delito de desórdenes públicos agravados, ocurrieron en octubre de 2021, cuando el barco Esperanza de Greenpeace entró en el puerto para «denunciar y tratar de frenar» la llegada del buque Merchant, procedente de Estados Unidos, con 138.000 metros cúbicos de gas licuado.

Los activistas se anclaron junto a la planta de regasificación para impedir la entrada del barco y pintaron en un lado del buque el lema «NO + GAS», mientras un escalador se encaramó al ancla del barco para ejercer una resistencia pasiva y permaneció en el lugar 12 horas, según el relato de la organización ecologista.

La abogada de Greenpeace, Inés Díez, ha señalado que esperan que este juicio acredite «que los hechos se pueden encuadrar dentro del derecho a la protesta y que, en todo caso, podría haber sido constitutivo de una infracción administrativa, pero nunca penal».

«Estamos expectantes, nerviosos también, después de un periodo tan largo de tiempo se va a celebrar el procedimiento», ha asegurado la responsable del área jurídica de la organización antes de entrar a la Ciudad de la Justicia de València, donde se celebra el juicio.

Para Felipe Pimentel, uno de los activistas encausados, «es absurdo pedir cinco años para una protesta pacífica» y ha calificado este procedimiento como «desproporcionado, preocupante» y como «una mordaza al activismo mundial».

«Estoy ansioso, pero estoy confiado en la justicia española», ha expresado el activista para después señalar que ellos tienen «mucha suerte» gracias al equipo de abogados de Greenpeace, pero «hay muchos movimientos y organizaciones que no tienen lo mismo», ha lamentado.

Díez ha insistido en que la petición de cinco años de prisión para los activistas se trata de «la solicitud de pena más alta por derecho a la protesta que se ha pedido en Europa» y ha añadido: «Esperamos que el Ministerio Fiscal modifique sus conclusiones y esperamos que la sentencia sea absolutoria».

La abogada de Greenpeace ha explicado que no han llegado a un acuerdo con la Fiscalía porque entienden que «no procede, porque son inocentes» y ha advertido que esta sentencia puede sentar precedentes para que, en el futuro, estos hechos «nunca puedan ser llevados por la vía penal».

Asimismo, Díez ha hecho hincapié en el retraso que sufren los juzgados españoles y ha lamentado que cinco años, en la vida de estas personas, supone «un tiempo largo» y un «procedimiento arduo» para los 11 activistas, que son de «ocho nacionalidades y culturas distintas».