Maricarmen pone rostro al bloqueo de las medidas sobre vivienda: la derecha frenó el decreto antidesahucios y el Gobierno intenta recuperar ahora la iniciativa

El Pleno transcurría en el Congreso de los Diputados mientras la Policía Nacional entraba a la fuerza en la casa de Maricarmen. Después de más de siete décadas viviendo en el número 46 de la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en distrito de Retiro de Madrid, y de una lucha agotadora desde que, en 2018, un fondo buitre comprara la finca, el desahucio de la madrileña, de 87 años, se ha consumado. Y mientras eso ocurría, una sesión parlamentaria de escaso voltaje político seguía su curso en la carrera de San Jerónicmo. Los diputados se dividían entre los que comentaban el esperpéntico episodio del espray pimienta protagonizado por la diputada popular Ana Belén Vázquez y los que concentraban su atención en el desahucio.

Una vez la policía ha entrado en la vivienda y expulsado a Maricarmen, que ha sido trasladada al Hospital Gregorio Marañón, las fuerzas políticas a la izquierda del Partido Socialista —algunos de cuyos integrantes han participado de las protestas— han señalado casi por igual a los partidos de derechas, con especial atención al PP, y al PSOE. Al los populares se les reprocha bloquear las medidas en materia de vivienda que llegan al Congreso y a los socialistas no tener la valentía suficiente como para «meterle mano» al problema de la vivienda, en palabras del portavoz de ERC, Gabriel Rufián. También mantener en un cajón iniciativas propias en ese campo, como la ley «para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles», que registraron los socialistas el 30 de mayo de 2025 y aún no han llevado a Pleno, o retrasar la aprobación del decreto de vivienda que está negociando el ministerio de Isabel Rodríguez. Sumar ha exigido este miércoles, además, que incluya una nueva moratoria antidesahucios. Público ha podido saber en la tarde de este miércoles que el Ministerio de Vivienda ha subido una marcha y llevará el paquete de medidas al Consejo de Ministros de la próxima semana.

Precisamente el torpedeo a la última moratoria antidesahucios es una de las grandes críticas que se les hace a las derechas. El 26 de febrero, PP, Vox y Junts per Catalunya tumbaron un decreto que contenía la moratoria antidesahucios hasta el 31 de diciembre de 2026. Y no solo eso. Tal y como contó Público en este artículo, las tres formaciones de derechas mencionadas han torpedeado hasta ocho leyes en materia de vivienda promovidas por las izquierdas desde que empezó esta legislatura.

Por todo ello, el PP ha mantenido un perfil bajo este miércoles. También Vox y Junts. A lo sumo, algunas figuras han definido la situación de Maricarmen como «muy difícil». El portavoz del partido a nivel nacional, Borja Sémper, ha afirmado que «estas cosas [en referencia al desahucio] se acabarán, pero con este Gobierno, no». Sin embargo, la realidad es que el PP no ha dado ninguna señal en ese sentido esta legislatura. Todo lo contrario. Tampoco lo hacen en las comunidades en las que gobiernan, donde no aplican la ley de vivienda.

Desde el Gobierno, se han esmerado en enfatizarlo este miércoles. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha recordado que las derechas tumbado tres veces la moratoria antidesahucios. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha cargado duramente contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, por «no hacer nada» a pesar de tener competencias para ello. Isabel Rodríguez, por su parte, ha explicado ante los medios de comunicación que el Gobierno ha intentado comprar la casa de Maricarmen o pagar sus rentas, pero que el fondo buitre propietario no ha querido venderla ni accedido a ninguna otra solución. Lo único que propuso la empresa, hace alrededor de dos años, es un contrato de alquiler de alrededor de 1.600 euros para una persona cuya pensión ronda los 1.400.

En otro orden de cosas, a Díaz Ayuso se le ha afeado mucho tanto desde las filas de las izquierdas como en redes sociales cobijar en Madrid la feria de inversión inmobiliaria The District. El escándalo del ático, la celebración de The District y el desahucio de Maricarmen son tres elementos que han coincidido en tiempo y conforman una fotografía del tratamiento que se da a la vivienda en la región madrileña.

El mensaje de Colau

Parece claro que el caso de Maricarmen puede funcionar como una especie de parteaguas. Un antes y un después. Alrededor de medio millar de personas han tratado de impedir el lanzamiento, pero muchas más han presenciado a través de los medios de comunicación cómo la política no ha podido generar un mecanismo para que un fondo de inversión —en este caso, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL— no pueda expulsar de su casa a una mujer casi nonagenaria y dependiente que, como ella misma cuenta, quería «terminar» sus días en la casa en la que vivieron y murieron sus padres.

Sin ir más lejos, el Congreso tumbó la pasada semana una propuesta de ley de Sumar con la que se pretendía prohibir que fondos de inversión compren viviendas en España. Las derechas votaron en contra y el PSOE se abstuvo. Es esa indefinición del partido mayoritario del Gobierno la que critican los partidos a su izquierda. Figuras como Enrique Santiago (IU), Irene Montero (Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Ione Belarra, (Podemos), Toni Valero (IU), Nahuel González (IU), Alberto Ibáñez (Compromís) o Pablo Fernández (Podemos) han estado presentes en la concentración en la calle Sainz de Baranda.

Fernández, de hecho, ha denunciado a través de la red social X «agresiones injustificadas» por parte de los guardias. «Una parte la Policía Nacional está fuera de control. Hoy han agredido injustificadamente a mucha gente. Entre ellos a mí», ha afirmado.

En otro tuit, Rufián ha reconocido que «el PSOE es terriblemente decepcionante y merece salir en globo del Gobierno», pero, al mismo tiempo, ha recordado que «la alternativa es Abascal de vicepresidente y lo de Maricarmen multiplicado por 240» y que la alternativa tiene que ser «un gobierno del PSOE sometido a las fuerzas soberanistas de izquierdas que tanto han demostrado estos años».

Pero, sin lugar a dudas, el mensaje más crítico de la jornada ha llegado desde Barcelona. Ada Colau, exalcaldesa de la ciudad condal, ha pedido a su espacio político que «rompa» el Gobierno con el PSOE si continúa vulnerando el derecho a la vivienda. Finalmente, la crudeza del caso de Maricarmen y la presión que han ejercido las izquierdas y las calles han llevado al PSOE a acelerar el decreto, que, según aseguran, incorporará una cláusula para prohibir desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional.