El filántropo propalestino ‘Fergie’ Chambers se opone a ser extraditado a Estados Unidos

El filántropo propalestino Jamie Cox Chambers Jr., alias Fergie Chambers, se niega a ser extraditado a EEUU, al considerarse víctima de una persecución en ese país. En la vista preliminar que ha tenido lugar en la mañana del 28 de septiembre en el Tribunal Penal Central de Instancia 6 de la Audiencia Nacional, el ciudadano estadounidense ha rechazado ser enviado a EEUU a raíz de una denuncia presentada por la fiscalía de este país en la que se le acusa de haber cometido tres delitos: blanqueo de capitales, disturbios y conspiración para los disturbios. Según explicó la defensa de Chambers a Público, la Justicia estadounidense vincula estos delitos a la financiación del «terrorismo» palestino.

Aitor Martínez y José Riba, letrados de Chambers, han explicado a la prensa que el delito de blanqueo del que se acusa a su cliente hace referencia a una transferencia de 7,2 millones de euros a Túnez, donde el filántropo estuvo viviendo un tiempo. El destino de este dinero fue, según la propia defensa, el popular equipo tunecino de fútbol, Club Africain (CA). «Si vais al canal de YouTube del equipo podréis ver que Chambers bajaba a los vestuarios con ellos e iba a los partidos», ha explicado Martínez a la prensa.

De acuerdo a un artículo de Le Monde publicado en 2025, Chambers entró como patrocinador principal del equipo el 1 de julio de 2024, con un compromiso de permanecer en él durante, al menos, tres años. Según el periódico francés, a principios de mayo Chambers ya habría invertido 3,5 millones de euros en el equipo, lo que alivió gran parte de las deudas que el club africano había contraído durante los años anteriores.

Un ‘criminal complaint’

La defensa de Chambers, ejercida por los abogados de Ilocad, Aitor Martínez y José Riba, dicen no tener claro a qué hechos concretos remiten esas acusaciones. Para empezar, porque según han denunciado ante la prensa, lo que ha llegado a manos del juez de la Audiencia Nacional ha sido un criminal complaint. Esto es, una denuncia de la fiscalía de EEUU que, si bien puede servir para iniciar el procedimiento de extradición, no equivale a una acusación formal para llevar el caso a juicio. Esta acusación o indictment se emite cuando un grand jury —un gran jurado formado por ciudadanos de EEUU— estudia la denuncia de la fiscalía y considera que hay elementos suficientes como para estimar que pudieron cometerse determinados delitos. Con ello, las autoridades estadounidenses elaboran un indictment que suele usarse de base para pedir la extradición del acusado.

La defensa de Chambers critica que la Justicia estadounidense no haya enviado un indictment o una acusación formal para solicitar la extradición de Chambers, algo que los letrados consideran «inusual». A diferencia del criminal complaint, el indictment implica que un grand jury ha considerado que existe causa probable para formular cargos. Además, un documento del indictment debería concretar los cargos que se le imputan a Chambers y establecer cuáles serían estos, definitivamente.

En la fase procesal en la que se encuentra actualmente el activista, todavía la Justicia de EEUU podría presentar más cargos contra Chambers. Como explicó a Público la esposa del activista, la actriz Stella Schebel, no pueden «esperar justicia de un tribunal estadounidense» donde la justicia, «tras el 11-S, se toma las libertades de mantener <>».

En conversaciones anteriores con Público, la defensa de Chambers aseguró que desconocía el detalle de las pruebas documentales que, presuntamente, sostendrían los delitos de los que se acusa al estadounidense. Sin conocer con claridad las pruebas y sin un indictment, Chambers y su entorno desconfían de la motivación de EEUU para pedir su extradición.

Siguientes pasos

Aún no existe fecha para que el juez encargado del caso, Antonio Piña, decida si poner o no a Chambers en libertad. Mientras tanto, el ciudadano estadounidense permanecerá en la prisión de Aranjuez (Madrid), donde cumple prisión preventiva desde el 16 de julio. De serle rechazada la libertad provisional, Chambers tendría que permanecer en prisión durante el tiempo que tarde en dirimirse su caso. Su estancia en prisión podría prolongarse indefinidamente, un escenario para el que la familia se prepara con resignación. «No tenemos otra opción», dijo la semana pasada a este periódico Stella Schnabel.

Según explica EFE, en el caso de que el tribunal rechace la extradición, la resolución sería definitiva. Sin embargo, si Piña la considera procedente, aprobará la extradición. La decisión final quedará entonces en manos del Gobierno, que podría haberla denegado en «el ejercicio de la soberanía nacional». El pasado 22 de septiembre, el Consejo de Ministros español tuvo entre sus manos la posibilidad de frenar la extradición, pero prefirió darle salida al asunto por la vida judicial.

Según declaró entonces la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aquella decisión era, «puramente procedimental» y pidió «dejar trabajar a la Audiencia Nacional». En declaraciones recogidas por EFE, aseguró que el Ejecutivo tomaría una «decisión definitiva» cuando dicho organismo dictara resolución.