Moncloa aprobará este martes el decreto de vivienda y apura los detalles para contentar a los socios

«Decreto Maricarmen». Dos palabras acuñadas tanto por la sociedad civil organizada, con el Sindicato de Inquilinas a la cabeza, como por los partidos a la izquierda del PSOE que han protagonizado los últimos días en el debate político. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará este martes en el Consejo de Ministros un decreto con diferentes medidas sobre vivienda que lleva pendiente desde el mes de julio y que se ha acelerado tras el impacto del desahucio de la semana pasada. La renovación automática de contratos de arrendamientos o la regulación del alquiler de habitaciones son peticiones de Sumar que no están incluidas en el borrador del decreto que circula esta noche del lunes.

De hecho, este espacio trasladó un nuevo borrador con sus peticiones. «Sumar insiste en que el decreto tiene que estar a la altura de lo que pide la gente e insiste en que rebajar la ambición del texto no es una opción», apuntaron los socios de coalición del PSOE. 

Las negociaciones, complejas, se alargarán, según varias fuentes consultadas, hasta el último momento y durante la madrugada de este lunes. El objetivo del Ministerio de Vivienda, que lidera Isabel Rodríguez, es amarrar el apoyo de todos los socios y aliados parlamentario. Los detalles son importantes y durante la tarde de este lunes se intercambiaron varios borradores de documentos. Según las fuentes gubernamentales consultadas se trata de un decreto «ambicioso» que «nadie debería votar en contra». Mientras esta negociación avanzaba, a última hora de este lunes Urgagestión cedía a la presión social y acorbada el regreso de Maricarmen a su casa.

Tanto en Moncloa como en Vivienda las sensaciones eran buenas durante la tarde de este lunes. «Hace dos meses hubiéramos firmado estar en un momento como el que estamos ahora», señalan. Una de las fuentes consultadas en el ala socialista considera que «el gran escollo» era la prohibición de comprar viviendas a fondos de inversión, conocidos como «fondos buitre» ya que Junts se negaba. Pero este domingo su secretario general, Jordi Turull, solemnizó que estaban de acuerdo. 

Y es que el desahucio de Maricarmen supuso un «punto de inflexión». «Nunca se ha dado una situación como ahora», insisten las fuentes socialistas consultadas. Recuerdan en el ministerio de Rodríguez que han tratado de llevar medidas de diferentes tipos al Congreso pero que en muchas ocasiones han sido bloqueadas. A su vez, desde la izquierda acusan a los socialistas de lo contrario. 

La «intensa» jornada de negociaciones a varias bandas comenzó con un mensaje del Ministerio de Vivienda que avanzaba los principales puntos que incluirá el decreto. «Hay que aprovecharlo, no se puede desaprovechar una oportunidad como esta», inciden en el ala socialista. 

Las líneas principales que incluyen las últimas propuestas enviadas por Vivienda al resto de grupos, a las que ha tenido acceso Público aunque se trata de un borrador todavía no acordado con todas las fuerzas políticas, detallan algunos asuntos como la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta 2028 o la bonificación del IRPF a inquilinos en zonas tensionadas. También se incluyen medidas fiscales para propietarios. Precisamente estos beneficios han sido uno de los principales puntos de fricción entre grupos como Podemos o Junts. Los detalles de las limitaciones a la «compra especulativa» es precisamente uno de los asuntos que al cierre de este artículo estaba todavía por definir.  

Se pretende también la regulación del alquiler de temporada, el aumento del IVA a los pisos turísticos, ayudas a la compra de la primera vivienda, el «blindaje» del parque estatal de vivienda o una bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. Vivienda ha renunciado, eso sí, a la reforma de la Ley del Suelo, exigida por partidos como PNV en su momento pero rechazada por Podemos. 

Las exigencias de Sumar

En Sumar han aumentado la presión durante los últimos días. Hasta el punto de advertirle al PSOE que no aprobarían nada que no fuera «central» en sus reivindicaciones. Y especialmente nada que no respondiera a las exigencias del Sindicato de Inquilinas, que ha organizado una acampada en la Puerta del Sol con cada vez más fuerza. «Para todas las fuerzas de izquierdas que tienen que refrendar este acuerdo es importante que el movimiento social esté esté de acuerdo», apuntan fuentes de Sumar. Si no sucede, como han apuntado públicamente a través de sus ministros a que no acudirían ni siquiera a la cita en Moncloa de este martes. 

El primero de ellos es la congelación del precio y prórroga reforzada de dos años de los contratos de alquiler que finalicen antes de 2028 «de manera inmediata». Vivienda ha aceptado este asunto, tal y como confirmó Sumar bien entrada la tarde. «Una medida necesaria y reivindicada por Sumar desde hace más de un año y que ya motivo el plante de los ministros en un Consejo de Ministros», señalaron fuentes de este espacio al respecto. 

Sin embargo no se ha incluid la regulación del alquiler de habitaciones. «Esta práctica, que quedó fuera de la regulación de la Ley de Vivienda, constituye hoy una de las principales vías de entrada de la especulación y los abusos en el mercado del alquiler», apuntan en Sumar. 

Tampoco se incluye, y así lo denunció Sumar, la «renovación automática de los contratos», que en la práctica es hacer todos los contratos de alquiler indefinidos. «Dotar de estabilidad al mercado del alquiler es imprescindible para garantizar que tanto inquilinos como propietarios cuenten con seguridad y certidumbre a largo plazo», destacan en Sumar. 

«Lo de los contratos indefinidos se puede estudiar», señalaron a este medio fuentes socialistas. Pero las mismas añadieron que se necesitaba tiempo para estudiarla y ver su viabilidad ya que es una medida que no se había trabajado internamente. Aparte cuestionan que sea algo que pudiera convencer a PNV o Junts. 

No solo está Sumar presionando en este sentido sino el resto de grupos a la izquierda del PSOE. La jornada dejó una llamativa imagen conjunta de representantes de diferentes partidos políticos como IU, Movimiento Sumar, Más Madrid, Comuns, Compromís, EH Bildu, ERC, BNG y Podemos. Todos se sumaron a las peticiones del Sindicato de Inquilinas. 

En Moncloa consideran legítima la escenificación porque «estamos en año electoral» y «cada uno tiene sus banderas» porque el PSOE y el resto «son partidos distintos». Pero no creen que que eso vaya a ser un problema para la aprobación del real decreto-ley cuando llegue al Congreso. «El problema no está en el Gobierno, está en el Parlamento», señaló el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en una entrevista en TVE. Pero por lo transmitido por Sumar, el PSOE se puede encontrar también con un problema en la coalición a nivel interno si sus socios van hasta el final con sus reivindicaciones y Vivienda no cede. 

Por su parte, Sánchez participó en un acto en Barcelona por la mañana. «Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad. En privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la Ley de Vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí», dijo. 

Ya por la noche, Sánchez, confirmó que elevará al Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con medidas urgentes para «aliviar la emergencia habitacional que sufren tantas personas en España». Lo hizo durante el acto de entrega de los ‘Premios Vanguardia 2026’, organizados por el periódico La Vanguardia. «Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación e incorporando propuestas de todos los grupos que han querido», señaló. Por ello pidió a todas esas fuerzas políticas «un último esfuerzo» para que se apruebe en el Congreso. Sánchez reclamó en este sentido «altura de miras», «sentido de Estado» y «responsabilidad».