La Fiscalía se opone a la petición de Zapatero de excluir del ‘caso Plus Ultra’ su operación en Bolivia

La Fiscalía ha rechazado el recurso con el que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pretende excluir de su investigación un informe policial que lo implicó en el supuesto cobro de 200.000 euros que le habría abonado un grupo empresarial peruano por intermediar, presuntamente, con autoridades de Bolivia.

Es el segundo recurso que presentó el exlíder socialista sobre esta parte de la investigación. El primero fue rechazado por el juez José Luis Calama, que avaló indagar en esta supuesta operativa y, después, el expresidente acudió ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En esta ocasión, el Ministerio Público vuelve a oponerse al recurso de Zapatero, a quien reprocha que intente «encorsetar» la investigación y «limitar la actuación judicial», según su escrito. También las acusaciones populares que coordina el PP se han opuesto.

Para la Fiscalía, «los pagos recibidos» por Zapatero por parte de la sociedad peruana Focus «ni son un hallazgo ni menos quedan fuera del ámbito delictivo que se está investigando», sino que «ponen en evidencia otro hecho relativo al delito de tráfico de influencias, que venía ya siendo objeto de esta instrucción».

En concreto, la Fiscalía vincula la «presunta influencia» de Zapatero para que la aerolínea Plus Ultra recibiera ayudas públicas con su supuesta intervención y así propiciar una respuesta oportuna de las autoridades bolivianas, tal y como recoge el informe policial.

«En ambos casos, el investigado sale económicamente beneficiado», dice la fiscal, que explica que en el caso de Plus Ultra fue «con la interposición de la pantalla Análisis Relevante» (empresa de su amigo Julio Martínez Martínez), y en el segundo «con un pago directo en las cuentas bancarias del propio investigado».

En dicho informe, del pasado mes de junio, la UDEF implicó a Zapatero en una dinámica para «tratar de mediar o influir» a favor del grupo empresarial peruano Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia, y apuntó a una presunta «remuneración» de 200.000 euros.

El expresidente pide sacar el informe del procedimiento por venir «de una investigación general» no autorizada judicialmente, y tratarse de «una indagación prospectiva en una de sus muchas actividades profesionales, respecto de la que no existía ex ante sospecha alguna».