El PSOE lleva al Tribunal de Cuentas el ático de Ayuso y reclama conocer quién ordenó comprarlo

El PSOE de Madrid ha reclamado al Tribunal de Cuentas que investigue la compra por parte de la Gobierno de Ayuso del ático de 6,3 millones de euros en Chamberí al advertir indicios de un presunto «perjuicio patrimonial» y reclama, entre otros, que identifique quién impulsó la operación y con qué «necesidad concreta».

Así consta en la denuncia presentada, en la que también piden esclarecer cómo se fraguó la operación, desde si hubo un acuerdo específico del consejo de administración de Planifica Madrid para aprobar la selección, el precio, las arras y la inversión; así como que controles presupuestarios, técnicos o jurídicos eran exigibles y si se activaron.

El objetivo es que las «opacas maniobras» para «comprarse un aticazo» no queden «impunes», como ha afirmado la portavoz del partido en la Asamblea, Mar Espinar.

«Que averigüe todos los tejemanejes de este chanchullo, porque frente a la dignidad de Maricarmen y de quienes están luchando por el derecho a una vivienda, Madrid no merece la indignidad de una presidenta que puso a bailar a toda la comunidad para comprarse un casoplón», ha sentenciado la socialista.

Desde el PSOE de Madrid trasladan al Tribunal de Cuentas que en la información facilitada por la Comunidad sobre la compra del ático no figura un acuerdo específico del consejo de administración relativo a la compra ni uno específico de control presupuestario o fiscalización de la adquisición.

Comparten, además, una cronología de los distintos pasos documentados desde el acuerdo de confidencialidad del 3 de febrero de 2026 hasta el 15 de septiembre, cuando se formaliza el fin del alquiler del espacio por Planifica Madrid a la Comunidad.

Para el resto no identificado (desde la autorización de la señal, a la del desembolso del coste, a la decisión de iniciar las negociaciones) piden que se investigue y se conozca a la persona que propone dar el paso, a la que lo autoriza, a la pagadora así como la fecha, la cuenta bancaria y el órgano que recibió la información.

Asimismo, cuestionan que en la documentación aportada no hay acuerdos específicos del consejo de administración que den luz verde a los distintos movimientos. También ponen en el foco que no consta ninguna búsqueda de otros inmuebles o consulta de mercado, al tiempo que apunta que la tasación independiente del 13 de febrero fijó un valor 57.115 euros más bajo que el pagado sin incluir impuestos.

«La tasación formuló advertencias acerca de discrepancias entre superficies registrales y comprobadas y de la ausencia, en aquel momento, del certificado de eficiencia energética», recapitula el partido.

Sostienen los socialistas que se habría decidido y comprometido la compra sin la información o controles exigibles y piden que se cuantifique cuánto «perjuicio» se ha tenido tras la «utilidad obtenida» hasta que se ha vuelto a poner en venta.

En resumen, los socialistas apuntan a indicios de «negligencia graves». Por un lado señalan el importe «extraordinario» de la inversión, los 630.000 euros de arras y «la ausencia aparente de aprobación societaria específica».