El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez pide anular su condena y solicitará un indulto

El expresidente del Gobierno de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP), condenado a tres años de cárcel y 17 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad, ha presentado este jueves ante el Supremo un incidente de nulidad, y prepara la presentación de un recurso de amparo ante el Constitucional y de una solicitud de indulto al Gobierno de España.

Según han informado fuentes de su defensa, la Audiencia Provincial de Murcia ya ha sido informada de la presentación del escrito al Supremo, que el pasado 24 de septiembre confirmó la condena impuesta en marzo de 2023 por los citados delitos, cometidos en el proyecto de construcción del auditorio de Puerto Lumbreras en la etapa en la que el exmandatario regional fue alcalde.

La Audiencia Provincial de Murcia ha sido informada este jueves de la solicitud de nulidad ante el Tribunal Supremo, a la vez que le han puesto en conocimiento de su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y una solicitud de indulto al Gobierno de España.

A la espera de la resolución de los tres procedimientos, la defensa del expresidente ha solicitado que se paralice la ejecución de la pena, de 3 años de prisión, 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público, y multa de 3.600 euros.

«Se trata de un asunto que ocurrió hace 20 años y no hay peligro de reincidencia, puesto que Pedro Antonio Sánchez no ostenta ningún cargo público desde hace años», han subrayado las fuentes.

El caso auditorio, que propició la dimisión de Pedro Antonio Sánchez en abril de 2017, giró en torno a la tramitación del proyecto del auditorio municipal de Puerto Lumbreras que se puso en marcha en 2006 y cuya financiación corrió a cargo de la Comunidad Autónoma, que costeó las obras con una subvención de seis millones de euros.

No fue el único caso judicial en el que se vio envuelto el expresidente autónomico: también fue investigado por su etapa como alcalde en el denominado caso Pasarelas, archivado en 2018 por dilación en los plazos, y en el caso Púnica, archivado también en 2019 por falta de pruebas.

Cuatro años después de que Pedro Antonio Sánchez se sentase en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia, el Tribunal Supremo desestimó su recurso al considerar probado un conjunto de irregularidades que rodearon a ese proyecto de construcción del auditorio.

El entonces alcalde, según aquella sentencia, encargó verbalmente, y sin previo expediente de contratación, a un arquitecto la redacción de proyectos que permitieran solicitar la subvención, si bien aquellos textos no tuvieron entrada en el registro del Ayuntamiento.

El Supremo confirmó también la condena al arquitecto, Martín Lejarraga, a 16 años y medio de inhabilitación, y a 15 años y medio a la secretaria del Ayuntamiento, si bien insta a concretar los cargos para los que está inhabilitada.