La evolución de Junts en vivienda: del «sí» a regular el precio de los alquileres a defender los intereses del sector inmobiliario

El «no» de Junts a los dos nuevos decretos estatales de la vivienda le está comportando un alud de críticas por parte de la izquierda política y de movimientos sociales. Ahora bien, no se puede decir que haya sido una decisión sorprendente, sino que se alinea con el posicionamiento ideológico del partido de Carles Puigdemont en este ámbito, que en los últimos años se ha situado claramente al lado de los intereses del sector inmobiliario y en las antípodas de las reclamaciones del movimiento por la vivienda. Ahora bien, no siempre ha sido así, ya que hasta principios de 2022 Junts había votado en Catalunya a favor de normativas socialmente avanzadas en materia de vivienda.

Si vamos más atrás, en julio de 2015 el Parlament aprobó la Ley 24/2015, basada en la ILP impulsada por la PAH, la Aliança contra la Pobresa Energètica y el Observatori DESC, que entre otras cuestiones suponía un gran salto adelante para impedir desahucios. La ley salió adelante por unanimidad y, por tanto, contó con el voto favorable de la antigua Convergència i Unió, el precedente de la actual Junts. Siete años más tarde, en febrero de 2022, Junts se unió a PSC, ERC, la CUP y En Comú Podem para votar a favor de la nueva ley catalana antidesahucios, que justamente amplía la Ley 24/2015 después de que esta fuera tumbada en aspectos fundamentales por el Tribunal Constitucional (TC).

Entre medias, en septiembre de 2020, Junts también se decantó por el «sí» a la primera ley catalana para regular el precio de los alquileres, que tiró adelante también con los votos favorables de ERC, Comuns y la CUP, mientras recibió el «no» de PSC, PP y Ciudadanos. El aval de Junts en aquella ocasión llegó a última hora y tras unas intensas negociaciones y la presión del Sindicat de Llogateres. La normativa estuvo en vigor un año y medio, hasta que el TC invalidó aspectos fundamentales. En aquel periodo contribuyó a una reducción de los precios, si bien también se redujo la oferta de pisos de alquiler.

Giro a la derecha

A medida que la amalgama ideológica que caracterizó Junts en sus inicios -sobre todo en los momentos más álgidos del procés- se fue diluyendo y el partido se fue decantando claramente hacia la derecha y a defender postulados clásicos de la antigua Convergència, la formación fue abrazando las demandas del sector inmobiliario. Así, por ejemplo, en abril de 2023 Junts ya votó en contra de la ley estatal de la vivienda, que incorporaba el control de las rentas a través del índice de precios en las zonas tensionadas.

Al año siguiente, en 2024, la formación votó en contra de la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones tanto en el Parlament de Catalunya como en el Congreso de los Diputados. Primero lo hizo en mayo en la cámara catalana, en la que junto con el PSC tumbó el decreto-ley aprobado semanas antes por el Govern de Pere Aragonès para regular estas modalidades de alquiler. Entonces Junts justificó su decisión alegando la falta de consenso del decreto y que se hubiera llevado adelante en plena precampaña electoral para las elecciones al Parlament del 12 de mayo de ese año.

A mediados de septiembre, también optó por el “no” en el Congréso. En este caso, la decisión -que lo situó junto a PP y Vox- impidió la tramitación de la normativa estatal. En ese momento, la portavoz en la Cámara Baja de Junts, Miriam Nogueras, manifestó que el partido no apoyaría propuestas «que no solucionan el problema sino que lo agravan». A pesar de admitir que había que regular el alquiler de temporada, añadió que «lo que no pueden es imponer políticas que no funcionan. Dejemos de hacer demagogia».

Rechazo programático al control de precios

Las votaciones de los últimos tres años y medio de Junts en materia de vivienda responden a su posición ideológica. En el programa electoral para las elecciones al Parlament de mayo de 2024, se podía leer que «necesitamos políticas públicas que garanticen el derecho a una vivienda digna», pero se atacaba el control de los precios del alquiler, asegurando que es una «medida que ha sido rechazada por multitud de estudios llevados a cabo en periodos y países diferentes».

La realidad, sin embargo, es que durante el tiempo de la aplicación del control de precios previsto en la normativa catalana estos disminuyeron y que las rentas también han bajado en las zonas tensionadas -como la ciudad de Barcelona- donde se aplica el tope basado en la normativa estatal de la vivienda. Aunque no existe, ni mucho menos, un consenso académico en torno a la efectividad de las medidas basadas en el control de precios, el programa de los juntaires del 2024 afirmaba que «la conclusión es casi siempre la misma: el control de precios no solo perjudica a los propietarios, sino que también tiene efectos contraproducentes sobre la población de inquilinos vulnerables que se pretende proteger, dado que reduce la oferta de alquiler, desincentiva la rehabilitación y renovación de los inmuebles alquilados, empuja inquilinos al mercado negro y a medio plazo acaba haciendo subir los alquileres en términos reales».

Siguiendo la doctrina clásica del liberalismo económico -y de gran parte del sector inmobiliario-, para Junts «los debates en torno al control del precio del alquiler no atacan la raíz del problema, que es el desajuste importante entre la oferta y la demanda de vivienda» y, por tanto, al programa se añadía que la solución pasa por «ampliar y modernizar el parque de vivienda». Y en el caso del alquiler asequible la receta que proponía es «impulsar la colaboración público-privada» para que los promotores privados se impliquen en su construcción.

‘No’ a regular el alquiler de habitaciones

En la actual legislatura estatal, Junts ha contribuido a que el Congreso rechace hasta ocho leyes de la izquierda en materia de vivienda. Además, siguiendo los pasos del PP, han registrado en la Cámara Baja propuestas que incluyen el endurecimiento de la legislación contra la okupación, medidas para eliminar las zonas tensionadas en el mercado inmobilario o beneficios para los propietarios. También han promovido iniciativas para agilizar la construcción.

En el Parlament de Catalunya Junts se opone a la ley para prohibir las compras especulativas, impulsada por los Comuns y que también tiene el apoyo del Govern (PSC), ERC y los Comuns. Hasta el punto de que el partido de Puigdemont llevó el texto al Consell de Garanties Estatutàries, que emitió un contundente dictamen en agosto en el que concluía que la propuesta de normativa vulneraba los derechos a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa, entre otros. Ahora mismo, Govern y Comuns están negociando una nueva versión del texto con la idea de llevarlo al Parlament las próximas semanas, con la confianza de que gracias al apoyo de ERC y, quizás, de la CUP la ley saldrá adelante.

En diciembre, el Parlament aprobó la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, con el apoyo de PSC, ERC, Comuns y la CUP. Junts, en cambio, rechazó el núcleo de la ley, a pesar de votar a favor de algunos artículos. Ejemplos que muestran cómo ya hace tiempo que la formación ha decidido oponerse sistemáticamente a todas las normativas reclamadas en los últimos años por el movimiento de la vivienda y se ha decantado por posicionarse al lado de los intereses del sector inmobiliario.