La calle adelanta por la izquierda a los partidos: quién capitalizará la indignación por la vivienda

Maricarmen Abascal fue desahuciada el 23 de septiembre de la casa en la que llevaba viviendo más de setenta años. La imagen de la inquilina saliendo de su edificio en camilla y ambulancia dio la vuelta al mundo. El Sindicato de Inquilinas convocó esa misma tarde una manifestación frente a la vivienda de 6,3 millones que compró la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí. «El ático de Ayuso, para Maricarmen», gritó la multitud. Los movimientos por la vivienda llevaron la rabia a las calles de todo el país durante los días posteriores al lanzamiento. El sábado 26 convocaron una protesta multitudinaria en la capital que terminó con varias decenas de manifestantes haciendo noche en la Puerta del Sol. La plaza se fue llenando de tiendas, toldos, pancartas y sacos de dormir a lo largo de la semana. Y no se ha vaciado desde entonces. «Luchad, defended lo que es vuestro, seguid hasta que vuestro cuerpo aguante», reivindicó Maricarmen desde el Hospital Gregorio Marañón.

El objetivo no era otro que hacer presión para que la anciana recuperase su casa. Y conseguir -sobre todo- una respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ministerio de Vivienda presentó una batería de medidas a las que dio forma mediante el llamado decreto Maricarmen, finalmente dividido en dos para facilitar su aprobación en un Parlamento de mayoría conservadora. Los socialistas incorporaron al texto algunas de las peticiones de Junts y PNV, sin renunciar a las demandas que había planteado el Sindicato de Inquilinas y habían canalizado partidos como Sumar. El primero de los objetivos lo cumplieron. Urbagestión cedió al clamor popular y terminó aceptando la vuelta de Maricarmen a su piso en el Retiro. El segundo se desbarató este viernes tras el voto negativo de las derechas -PP, Vox, Junts, UPN- en el Congreso. El malestar sigue en las calles y corre el riesgo de ir en aumento, mientras empieza a cobrar fuerza la posibilidad de un adelanto electoral. ¿Quién puede capitalizar todo este descontento? ¿Cómo pueden impactar las protestas en el tablero político? ¿Qué futuro le deparan a PSOE, Sumar o Podemos? ¿Y hasta qué punto le afectan a Feijóo y Abascal?

Las calles marcan el camino a los partidos

La Puerta del Sol se ha teñido de naranja -color del movimiento por la vivienda- y azul -por los toldos- durante la última semana. El Gobierno tardó menos de diez días en negociar con sus socios, redactar dos decretos, presentarlos en el Congreso y someterlos a votación. Las protestas sirvieron como una suerte de acelerador, pese a que -finalmente- no han logrado salir adelante las medidas que planteaba el Ejecutivo. «La movilización y las acampadas han provocado cambios inmediatos y decisiones clave en los partidos políticos que están en el poder. El mejor ejemplo es el PSOE, un partido que antes de verano se mostraba reacio a la prórroga de los alquileres y que hace dos semanas se abstuvo ante una proposición para prohibir que empresas y fondos buitre pudiesen comprar viviendas», defiende Imanol Telleria, profesor de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco (EHU) e investigador en Parte Hartuz, grupo que estudia la interfaz entre la democracia y la participación ciudadana.

Esta es una de las medidas que ahora -con matices- sí respaldaron los socialistas, igual que lo hicieron con la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional, la renovación automática de los contratos y la limitación de los alquileres por habitaciones y de temporada. «Maricarmen y su desahucio han servido para que personas que quizá no son las que tradicionalmente más se movilizan por cuestiones sociales hayan tomado conciencia de que, con un mercado de la vivienda desregulado, tener trabajo y un buen sueldo no te garantiza disponer de un hogar o poder jubilarte en tu barrio. Esta reivindicación es transversal porque representa una preocupación de personas de diferentes ideologías y niveles económicos. Los partidos han tenido que definir sus posturas porque cuando las calles toman el control de la agenda política, no posicionarse tiene un coste», señala Rosa M. Navarrete, profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y directora del proyecto Political Deception in the Digital Era. 

“Los cambios históricos recientes han sido generalmente fruto de potentes movilizaciones. Los gobiernos de izquierdas son especialmente susceptibles frente a las protestas», señala Patricia García Espín

Gonzalo Velasco, profesor de Filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid, considera que existe una cierta «concordancia» entre la «indignación subjetiva de mucha gente» y los datos objetivos acerca de las dificultades para acceder a una vivienda. Por eso, insiste, las protestas de estos días son «reconocidas por casi todos los actores como legítimas» y representativas. «Estas movilizaciones se pueden interpretar como una lucha contra la injerencia de los grandes inversores en la soberanía de los Estados, pero también como una reivindicación del derecho a la ciudad y como un mecanismo de presión para generar políticas públicas, como las que recogen los decretos. La política se ve obligada a salir de sus círculos autorreferenciales y acelera la producción de medidas», desliza el profesor. «Los cambios históricos recientes han sido generalmente fruto de potentes movilizaciones. Y tal es la capacidad de la protesta en España que, hace una década, el desalojo de la Corrala Utopía en Sevilla fue detonante para la caída del Gobierno de Andalucía y la convocatoria de elecciones. Los gobiernos de izquierdas son especialmente susceptibles frente a las protestas», coincide Patricia García Espín, profesora de Sociología en la Universidad de Granada. 

¿La campaña de la vivienda?

El no del Congreso a los dos decretos de vivienda que se han votado este viernes ha allanado el terreno para un posible adelanto electoral, tal y como han reconocido varias fuentes del Gobierno a Público. Pedro Sánchez contempla esta posibilidad para llevar así a las urnas la indignación de los votantes por la crisis de la vivienda. «La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan», reivindicó el líder del Ejecutivo tras conocerse el rechazo a los decretos de PP, Vox, Junts y UPN. Los socialistas creen que puede ser buen momento para convocar elecciones y culpar de la falta de medidas en materia de vivienda a las derechas, aprovechando, de alguna manera, la rabia que ha inundado en los últimos días la Puerta del Sol y otras cincuenta ciudades de España. 

“El malestar y la indignación tienen normalmente un efecto inmediato sobre quien gobierna. El partido que está en el poder suele ser el primer damnificado, pero todo puede cambiar en función de como gestione ese incendio», advierte Lluís Orriols

«Los partidos siempre intentan sacar rédito de cualquier movimiento o cosa que sucede en las calles. Y esto forma parte de su lógica de funcionamiento. El pesimismo está bastante extendido entre la izquierda electoral de cara a las próximas elecciones y las perspectivas no son buenas. Esto es importante porque las protestas pueden dar un soplo de esperanza a las fuerzas progresistas», sostiene Imanol Telleria. «El malestar y la indignación tienen normalmente un efecto inmediato sobre quien gobierna. El partido que está en el poder suele ser el primer damnificado, pero todo puede cambiar en función de como gestione ese incendio», advierte Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. «En España, ningún partido es propietario de la cuestión de la vivienda y seguramente veamos una pugna en las izquierdas por hacerse con esa bandera. El Gobierno tiene además una buena oportunidad para desplazar la insatisfacción de la gente hacia las derechas» continúa el también autor de Democracia de trincheras: por qué votamos a quienes votamos (Península).

“Las protestas representan el final de la legislatura, pero las fuerzas progresistas pueden verse en un escenario más favorable del que tenían hace un mes [cuando el foco estaba puesto en Ceuta]», sostiene Rosa M. Navarrete

Esta es una tesis con la que coinciden el resto de las voces consultadas por Público. «Es cierto que no existe una asociación clara y exclusiva entre el problema de la vivienda y un determinado espacio ideológico, ningún partido puede atribuirse de forma indiscutible la capacidad de resolverlo y es un conflicto que afecta a distintos sectores sociales y puede movilizar a votantes con sensibilidades diferentes», suscribe Antonia González Salcedo, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Murcia. «Las izquierdas tienen una oportunidad para movilizar a personas que en otro contexto habrían permanecido en la desafección política. Las protestas representan -en mi opinión- el final de la legislatura, pero las fuerzas progresistas pueden verse en un escenario más favorable del que tenían hace un mes [cuando el foco estaba puesto en la crisis de Ceuta]», sostiene Rosa M. Navarrete. La también investigadora cree que los socialistas pueden decir que «han escuchado a la calle» y «señalar a quienes han bloqueado» los dos decretos que precipitó el desahucio de Maricarmen. 

Sumar, por su parte, tiene que lidiar con las críticas que puede recibir por el hecho de tener cinco asientos en el Consejo de Ministros mientras saca pecho de haber presionado para incluir las medidas más ambiciosas y radicales en las dos patas del decreto Maricarmen. «Esta posición le permite al socio minoritario marcar diferencias dentro del Gobierno y puede abrirle una ventana para tratar de capitalizar políticamente el descontento generado en torno a la vivienda», responde Antonia González Salcedo. «El espacio de la izquierda transformadora puede verse claramente beneficiado en la medida en que consiga conjurar el problema de la abstención. Sumar ha sabido combinar cierto realismo respecto a la complejidad de la aritmética parlamentaria con una apuesta decidida por algunas de las políticas que ha exigido el Sindicato de Inquilinas», defiende Gonzalo Velasco. Los expertos consultados por este diario ponen además el foco en Podemos, toda vez que «la izquierda que está actualmente en la oposición parte -en ocasiones- mejor preparada» para exprimir las olas de indignación.

La derecha y la extrema derecha también pueden verse salpicadas por una eventual campaña en la que la vivienda sea el elemento vertebrador. El PP lleva toda la semana intentando devolver las miradas a Ceuta, sin hablar de las demandas sociales ni del desahucio de Maricarmen. Y Vox se ha centrado en intentar ridiculizar a los manifestantes de las acampadas y mostrar su rechazo al enfoque de los dos decretos. «La insatisfacción social beneficia a priori a las derechas como base comunicante, pero la cosa cambia cuando coincide con una campaña centrada en las políticas sociales y la vivienda. Estos no son temas atractivos para el PP y Vox», reconoce Lluís Orriols. «La vivienda incomoda a la derecha mainstream porque incluso sus votantes están pidiendo más intervención pública en bienes esenciales, pero debemos tener en cuenta que una parte del malestar juvenil ha sido canalizado por la ultraderecha y no está claro que el beneficio aquí pueda ser automático para las fuerzas progresistas», termina Rosa M. Navarrete. 

“La vivienda es una cuestión que afecta a distintos sectores sociales y tiene capacidad para generar una movilización amplia, pero no tengo tan claro que estemos ante un movimiento tan transversal como lo fue el 15M», explica Antonia González Salcedo

El movimiento por la vivienda, ¿otro 15M?

El desempleo, los desahucios y los recortes en educación o sanidad también llenaron las plazas de indignación hace ahora 15 años, un 15 de mayo de 2011. «Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo». El Gobierno lo presidía entonces José Luis Rodríguez Zapatero. Los populares consiguieron uno de sus mejores resultados en las elecciones de ese mismo noviembre. El movimiento y la indignación dieron tres años más tarde el salto a las instituciones y aterrizaron en los ayuntamientos del cambio. El colofón llegó cuando varios de sus promotores lograron entrar en el primer Gobierno de coalición de la historia de España. El escenario es ahora un tanto diferente, pero son muchas las voces que miran -inevitablemente- al 15M. «El contexto no es el mismo. El PSOE gobernaba en ambos casos, pero hace quince años el marco era la gran crisis económica, mientras que ahora es una acumulación de crisis parciales -pese a los datos económicos estables-. Las movilizaciones actuales pueden influir en las orientaciones de voto dentro de las izquierdas, pero no parece probable que se reúnan las condiciones para que cambie significativamente el régimen de partidos», confiesa Patricia García Espín. 

«Es importante diferenciar entre la transversalidad del problema y la transversalidad de la movilización. La vivienda es una cuestión que afecta a distintos sectores sociales y tiene capacidad para generar una movilización amplia, pero no tengo tan claro que estemos ante un movimiento tan transversal como lo fue el 15M», compara Antonia González Salcedo. «El peso de la organización y la movilización lo tiene ahora -sobre todo- el Sindicato de Inquilinas. Esto dificulta que los partidos políticos, incluso los más afines, puedan capitalizar como propias sus reivindicaciones. Hay un respeto a la autonomía del movimiento y, en ese sentido, todos los partidos quedan de alguna manera retratados ante sus demandas», subraya Gonzalo Velasco. Lo que sí creen los expertos consultados por este medio es que la vivienda ha irrumpido con fuerza en el clima de opinión pública y eso puede tener efectos en el ciclo electoral que está a punto de comenzar: «La ciudadanía posiblemente la tenga en cuenta en sus decisiones electorales».