El ‘Monopoly’ que disfruta la familia real: los palacios, residencias y fincas de titularidad pública al servicio de la Corona

En el Monopoly gana el jugador que lleva a la bancarrota al resto haciéndose con sus propiedades. Y eso convierte el juego en una fuente casi infinita de ocurrentes metáforas periodísticas sobre cómo funciona el libre mercado en el sector de la vivienda. Sobre todo ahora, cuando se cuestiona que la riqueza de unos pocos se construya sistemáticamente sobre el empobrecimiento, y hasta la ruina, de los demás. Claro que, a diferencia del Monopoly, en la vida real hay un jugador a quien los dados han reservado un rol singular, y nada de eso le afecta. No posee calles, avenidas, hoteles ni casitas verdes, pero él y los suyos sí disfrutan, igual que si fueran sus dueños, de un privilegio inmobiliario difícil de igualar: palacios, palacetes, residencias de verano, fincas de caza, edificios históricos… La metáfora del Monopoly no sirve con él. No al menos si se confunde el tablero del juego con un inventario jurídico.

Una de las particularidades de la monarquía española es que los inmuebles de los que dispone la familia del rey no figuran a su nombre ni al de ningún otro miembro de la misma. La titularidad –la tarjeta de propiedad del Monopoly, o sea– es del Estado, a través de Patrimonio Nacional o de otras administraciones públicas centralizadas o autonómicas. Las reglas del juego, sin embargo, no impiden que eso que en teoría pertenece a todos le sea reservado: lo tiene a su disposición para su vivienda habitual, para desarrollar su trabajo institucional, para recibir a sus amistades o alojar a sus pares, para sus desplazamientos, para sus periodos de ocio y descanso… La propiedad, tal y como se entiende el juego de mesa moderno más vendido de la historia, y la ocupación y destino de esos bienes inmuebles, son conceptos que no conviene mezclar.

El ejemplo más evidente es el palacio de la Zarzuela, propiedad de Patrimonio Nacional pero reservado al uso y servicio exclusivo de Felipe VI y los suyos como su residencia particular. La familia real –el rey, Letizia Ortiz, Sofía de Grecia y Leonor y Sofía de Borbón– habitan un complejo de más de 3.000 metros construidos más otros 1.800 metros del Pabellón del Príncipe, enclavados ambos en una finca de más de medio millón de metros que cuenta con bosques, jardines de diversos estilos, huerto e invernadero, zonas de servicio… Sólo la piscina y su terraza ocupan 180 metros cuadrados, es decir más del doble que la superficie media de las viviendas nuevas de protección oficial adquiridas mediante hipoteca en España en 2025, según datos el último Anuario de Estadística Registral Inmobiliaria de Registradores de España.

A unos tres kilómetros al suroeste de La Zarzuela se encuentran el predio de la Quinta del Duque del Arco, un palacete barroco construido en el siglo XVIII que la legislación de Patrimonio Nacional incluye expresamente en su listado de Reales Sitios, utilizado para recepciones privadas y que, en un edificio anexo, alberga un colegio para niños con necesidades educativas especiales. A cuatro kilómetros al norte del palacio donde reside el rey está el del Pardo, otro de los grandes espacios asociados históricamente a la Corona y antigua residencia oficial de Francisco Franco, antecesor de Juan Carlos I y de Felipe VI en la Jefatura del Estado. El rey suele usarlo para alojar a los jefes de Estado extranjeros de visita oficial, y aunque Patrimonio no desglosa su superficie, uno puede hacerse una idea si se tiene en cuenta que sólo en la planta baja hay unas 200 habitaciones y que además acoge la Casita del Príncipe, de otros 400 metros, así como otras edificaciones vinculadas al complejo, rodeado también de bosques y jardines.

En pleno centro de la capital de España está el Palacio de Oriente, de más de 135.000 metros cuadrados, estos sí visitables por el público salvo cuando el recinto acoge recepciones, ceremonias oficiales, comidas y cenas institucionales y otros actos de la Jefatura del Estado. Si el jugador sigue avanzando casillas en el Monopoly real –real de rey, no de verdadero-, la siguiente está en La Mareta, en la isla canaria de Lanzarote. Se trata de una idílica vivienda con piscina situada frente al mar que Juan Carlos de Borbón recibió en 1989 como regalo del Gobierno de Jordania y que luego pasó a Patrimonio Nacional. La finca consta de 26.000 metros cuadrados de terreno y el chalé principal tiene unos 350 metros habitables. Juan Carlos, Sofía y sus parientes han usado con frecuencia La Mareta; de hecho, la abuela de Felipe VI, María de las Mercedes, murió allí en enero del 2000. Jefes de Gobierno como José María Aznar y Pedro Sánchez la han aprovechado también en sus vacaciones. En 2015, el monarca cedió su uso al entonces Ministerio de Energía, Transporte y Turismo. 

El rey prefiere veranear en Mallorca, en el palacio de Marivent, que pertenece al Govern de la Comunidad Autónoma de Illes Balears. Son más de 2.000 metros construidos en una parcela asomada al Mediterráneo de más de 33.000 metros, que fue cedida en los años 70 a la Diputació de Balears por los herederos de su propietario con la condición de que se convirtiera en museo público. Tras recibirla, la Diputació vulneró el acuerdo de cesión y se la cedió a Juan Carlos y a Sofía como residencia de verano. Este mismo año, el Govern ha destinado alrededor de medio millón de euros a obras de mejora y acondicionamiento del recinto, de uso exclusivo para los reyes en su interior, pero con exterior abierto al público los ocho meses y medio del año que no coinciden con sus vacaciones.

La Casa Real no facilita información sobre el gasto que supone su mantenimiento ni el de los suministros básicos –alimentación, transporte, luz, agua, gas, aire acondicionado y demás– destinados al bienestar estival de los monarcas. Tampoco sobre lo que cuesta el alojamiento y manutención de su séquito de seguridad y servicio. En Palma, la Corona también dispone del palacio de la Almudaina, que tiene carácter de residencia oficial –Marivent es residencia particular– para actos institucionales y recepciones varias.

Los dados ruedan sobre las casillas del Monopoly regio. La siguiente parada es en el Cuarto Alto del Real Alcázar de Sevilla, residencia oficial de los monarcas cuando están de visita oficial en la ciudad y propiedad del Ayuntamiento, en un régimen de uso y titularidad municipal similar al del palacete Albéniz de Barcelona, también a disposición de las obligaciones institucionales y de las necesidades habitacionales de la actividad real.

Junto a esos inmuebles, Patrimonio Nacional también dispone de otros palacios como el de Aranjuez, en Madrid; o los de La Granja y Riofrío, en Segovia; o el complejo del monasterio del Escorial, en la Comunidad de Madrid, con sus palacetes, casitas y casonas; jardines, patios y parques, edificios auxiliares y espacios históricos… Llamar a todo eso «casas del rey» sería incorrecto porque ni son suyas ni Felipe VI ha vivido nunca allí, ni lo ha hecho ninguno de sus ancestros desde Fernando VII, su tatarabuelo. Pero muestran que buena parte del patrimonio histórico que gestiona el Estado está formado por un amplio conjunto de reales aposentos pasados y presentes que la Casa Real puede usar a su discreción. La ley establece que están afectados al uso y servicio de la Corona para el ejercicio de las funciones de representación que corresponden al rey, pero también contempla su utilización cultural, científica, docente…

La peculiaridad del Monopoly borbónico reside en que el rey no necesita tirar los dados para caer en una casilla determinada, ni preocuparse porque ninguna esté a su nombre. Al contrario del resto de jugadores, para él eso no significa la ruina. Puede elegir a su antojo cualquiera de ellas, porque, aunque no pueda venderlas ni hipotecarlas, ni mucho menos transmitirlas a sus herederos, tampoco necesita hacerlo. Ellas y ellos podrán seguir usándolas mientras dure el juego. Ni siquiera tendrán que pagar a la banca, ni a la caja de comunidad, para que los dados sigan rodando. No es el presupuesto de la Casa Real, sino los de Patrimonio Nacional, el Ministerio de Presidencia al que éste está adscrito; los de Defensa, Interior y Exteriores; los de las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, los que financian todo el damero. El rey es el único jugador que cobra al pagar por la casilla de salida y el único que no paga en las del sostenimiento común.

La Casa Real tiene un presupuesto de 8,43 millones de euros para 2026, pero los recursos que consume del resto de administraciones que sostienen a la Monarquía supera los 105 millones, según un reciente estudio académico. Sólo el gasto en nóminas del personal a su servicio directo –más de 2.000 militares, funcionarios y asesores– asciende a más de 80 millones al año, de los que más de 50 millones corresponde a su guardia personal.

Mientras tanto, el país al que sirven esos presupuestos atraviesa una transformación inmobiliaria que ha derivado en una crisis socioeconómica de consecuencias difíciles de evaluar. Un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, elaborado en colaboración con el Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas a partir de datos de la Agencia Tributaria, constató en abril de 2026 que los hogares españoles que viven en una vivienda de su propiedad han pasado del 79% al 63,9% en apenas 14 años. Las familias que viven de alquiler han aumentado del 11,9% al 19%, y las rentas que pagan por esos arrendamientos consumen ya más del 44% de los ingresos medios. El número de hogares sin propiedad, si se admite la paradoja que describe a los jugadores y jugadoras a los que el Monopoly de la realidad ya les ha arruinado la vida, había crecido un 63% en ese periodo.

La otra cara de esa evolución también aparece en los datos oficiales: los hogares que poseen dos o más inmuebles aumentaron un 54% en el período 2008-2025 y los propietarios de viviendas destinadas al alquiler pasaron del 3,4% al 9,8% en el mismo plazo. Entre los grandes tenedores —los que tienen más de 10 inmuebles—, el número de propiedades se multiplicó por más de cuatro y pasó de 138.000 a 626.000. Mientras una parte de la población pierde toda posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad o en alquiler, otra parte concentra cada vez más patrimonio inmueble. Es en ese contexto donde el añejo tablero del Monopoly recupera su capacidad metafórica.

No hace falta atribuir al rey un patrimonio privado que no consta para entender la dimensión del contrasentido. Felipe VI declaró en 2022 que no poseía bienes inmuebles y que su patrimonio personal, valorado entonces en algo más de 2,5 millones de euros, estaba compuesto por activos financieros, depósitos y otros bienes. No existe, sin embargo, un registro público completo que permita afirmar con el mismo grado de certeza qué propiedades figuran a nombre de cada uno de los restantes miembros de la familia real.

En 2021, Público solicitó oficialmente información sobre los bienes muebles e inmuebles de los miembros de la Corona, pero la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, a la que se dirigió la petición apelando a la normativa sobre transparencia, la inadmitió. Este diario remitió una pregunta similar al servicio de Comunicación de Zarzuela en la noche del pasado jueves, pero no ha recibido respuesta.

En los márgenes del tablero, la historia inmobiliaria de quienes dejaron de formar parte de la familia real tras la coronación de Felipe de Borbón ofrece otra perspectiva interesante del juego. Juan Carlos I reside desde 2020 en Abu Dabi, donde ha pasado de lujosos alojamientos hoteleros vinculados a la familia gobernante emiratí a una lujosa residencia privada en la isla de Nurai que, según asegura en sus memorias, le habría cedido un amigo acaudalado. En España mantiene una presencia periódica, especialmente en Sanxenxo (Pontevedra), donde también acostumbra a alojarse en casas de sus amistades sin que hayan trascendido las condiciones patrimoniales y de seguridad de sus estancias en el municipio.

Sus hijas también han tenido su particular crónica inmobiliaria. Elena de Borbón reside en un piso del barrio madrileño de Niño Jesús, una vivienda que diversas informaciones atribuyen a una donación de su padre, y aunque varias de ellas sitúan la superficie de esa vivienda en un arco de entre 400 y más de 500 metros cuadrados, no existe un dato registral públicamente verificable que permita asegurarlo. Su hermana Cristina adquirió en 2004 por unos seis millones de euros, junto a su entonces marido, Iñaki Urdangarín, el palacete de Pedralbes, en Barcelona, que vendieron en 2015. En 2024 ella compró otro piso en el mismo exclusivo barrio en el que habría instalado su residencia. Según algunas informaciones de prensa que citan fuentes catastrales, mide 305 metros cuadrados.

El Monopoly del monarca y su familia, en definitiva, se juega en más casillas de las que permite ver la nómina oficial de la Casa del Rey. Hay propiedades privadas, bienes de la Administración estatal, inmuebles autonómicos, residencias protocolarias municipales, edificios históricos que se abren al público sólo parte del año y se reservan en otros momentos para usos tanto particulares como institucionales… Nada es propiedad de la familia real, cierto, y de hecho la mayoría ni siquiera está pensada para que viva allí. Pero toda esa red inmobiliaria pública tan excepcionalmente amplia está siempre a disposición de la Jefatura del Estado.