PP y Vox rechazan que los municipios de Illes Balears puedan limitar los precios de los alquileres

El Parlament ha rechazado la proposición de ley del Partit Socialista de les Illes Balears-PSOE para que los municipios del archipiélago se puedan declarar zonas de mercado residencial tensionado, con el objetivo de limitar las subidas de los precios de los alquileres.

La iniciativa se ha rechazado con los 33 votos en contra de PP, Vox y los 24 votos a favor de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos.

La iniciativa planteaba que, además de los municipios, también pudiera tramitar esta solicitud el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), en las zonas donde concurrieran las circunstancias recogidas en la ley de vivienda estatal.

Tras aprobarse la declaración, el Govern debía adoptar un plan de medidas específico para la «corrección de desequilibrios» con un calendario para desarrollarlas. Esta declaración tenía una vigencia de tres años que se podrían haber prorrogado anualmente por el Govern, si se mantenían las circunstancias que motivaron la declaración.

Por otra parte, los Consells insulares, en el marco de sus competencias, debían prestar cooperación técnica y asesoramiento a los municipios para la elaboración de la documentación necesaria. Además, se preveía que el impuesto de turismo sostenible se destinara a la construcción de vivienda pública.

Un fondo buitre desahucia a una vecina de Palma

Justo la mañana en la que PP y Vox rechazaban la proposición de ley del PSIB, Pilar López, una vecina de Palma de 65 años, ha solicitado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que atienda las dificultades que las personas mayores tienen para acceder a una vivienda. López fue desahuciada por un fondo buitre del piso en el que vivía desde el año 2012, lo que le ha obligado a pasar el verano viviendo en su coche.

La mujer, quien ha asistido al pleno del Parlament de este martes, ha lamentado en declaraciones a los medios de comunicación que la «propaganda» del Govern sea solo para la juventud y «deje atrás» a las personas mayores.

«Los que nos hemos currado y cotizado este país no somos nada. Yo soy una persona vulnerable, dependo de mi hija, pero no podemos estar juntas porque no tenemos una vivienda digna. Ella paga 1.250 euros por un apartamento donde no puedo vivir por las condiciones que le han puesto en su contrato», ha lamentado.

Tras su desahucio, ha proseguido, pasó «dos meses en la calle porque el Ayuntamiento decía que no podía pagar una habitación en un hostal para mi» y tuvo que dormir en un coche. «Julio y agosto, con una ola de calor. Y no he sido asistida por los servicios sociales ni ha habido preocupación de las administraciones», ha indicado.     

Pilar López ha instado a los políticos a «patearse las calles» para ver que Palma «no son solo yates y urbanizaciones», sino también «gente trabajadora viviendo debajo de lonas». «Y no son vagos, son gente trabajadora y son españoles. Trabajadores de la hostelería, taxistas, que necesitan una vivienda asequible», ha insistido.     

A su parecer, lo que necesita la ciudadanía es «una ideología en la que quepa todo el mundo y no solo unos cuantos». La portavoz de la Plataforma de Afectados (PAH) de Mallorca, Ángela Pons, ha reclamado a los grupos parlamentarios que aprueben la proposición de ley del PSIB para que los ayuntamientos puedan declararse como zonas tensionadas y así topar los precios del alquiler.