El Supremo anula el decreto de universidades que endurece los requisitos para crear centros privados

El Tribunal Supremo ha anulado el decreto del Gobierno que endurece los criterios para crear nuevas universidades y que pretendía evitar que proliferen centros privados de enseñanza superior que no cumplan con los estándares de excelencia. Sin embargo, la ministra de Universidades ha avanzado que ya están trabajando en una nueva norma para poder aprobarla «lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas».

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha tumbado el real decreto 905/2025 sobre universidades al estimar un recurso de Balears por falta de justificación de su tramitación urgente, lo que significa que no ha entrado a debatir el fondo del asunto.

En síntesis, el Supremo concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no está debidamente justificado, por tanto la omisión del trámite de consulta previa carecía del amparo legalmente exigido.

Para el alto tribunal, el núcleo de la cuestión está en si el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2025, que decide la tramitación urgente del proyecto presentado, expone y justifica las circunstancias extraordinarias que exijan la aprobación urgente de la norma y la omisión del trámite de consulta pública.

Dice el Supremo que «el único elemento que se emplea para la justificación (aprobación de la reforma para que pudiera estar en vigor en el curso académico 2025/26) es más una voluntad política para su pronta entrada en vigor que una causa objetiva que acredite una urgencia ante la necesidad de evitar unos determinados efectos que produce la normativa reglamentaria vigente».

Además, la explicación que alega el acuerdo del Consejo de Ministros «no permite considerar que las circunstancias que enumera puedan entenderse como extraordinarias o imprevisibles».

«No son otra cosa que circunstancias que el titular de la potestad reglamentaria presenta como la causa necesaria para realizar las reformas que considera oportunas ante la evolución del sistema universitario, pero que no pueden justificar una declaración de urgencia que tiene como efecto legalmente previsto la omisión del trámite de consulta pública», añade la Sala.

Por tanto, continúa el tribunal, «el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no está debidamente justificado. Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa carecía del amparo legalmente exigido».

Universidades trabaja en una norma nueva

Fuentes del Departamento que dirige Diana Morant han explicado a Europa Press que el fallo del Tribunal Supremo «no entra en el fondo del real decreto, sino en la urgencia con la que se tramitó» y han avanzado que ya están trabajando en una nueva norma para poder aprobarla «lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas».

En este sentido, el Ministerio destaca que la necesidad de este real decreto «era y sigue siendo clara y urgente» y recuerda que España está «muy cerca» de tener tantas universidades privadas como públicas, ya que el sistema cuenta con 50 universidades públicas frente a 49 privadas.

El ministerio asegura que el real decreto «fue tramitado con todas las garantías»: «Tanto es así que el Consejo de Estado, como supremo órgano consultivo de acuerdo con la Constitución Española, avaló expresamente la legalidad de la tramitación urgente y con ello poder prescindir del trámite de consulta previa, fase previa a la elaboración del propio texto».

También afirma que la ciudadanía «fue escuchada mediante el trámite de información pública, que sí se realizó, recibiendo más de 60 alegaciones que fueron atendidas». Junto a ello, todas las universidades públicas y privadas de España «tuvieron acceso al texto y lo informaron de manera favorable en el Consejo de Universidades» y tanto la CRUE, como la representación estudiantil de todas las universidades del país, «trabajaron en colaboración con el Ministerio y avalaron la necesidad y el contenido del real decreto».

Sánchez ha avisado que no se cruzan de «brazos»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que acatan el fallo del Tribunal Supremo. No obstante, ha avisado de que no se cruzan «de brazos» y ya están trabajando «en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio».

«La universidad pública está bajo asedio y la proliferación descontrolada de universidades privadas daña la calidad de nuestro sistema y perjudica la igualdad de oportunidades. La educación superior necesita una regulación que la proteja y dé más recursos de las administraciones competentes», ha señalado el presidente del Gobierno en una publicación en la red social X.