El juez imputa al director de Quirón y socio de la pareja de Ayuso por presuntos delitos de corrupción

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha citado a declarar el 3 diciembre al director general de Quirón Prevención, Fernando Javier Camino, en calidad de investigado en el marco de la investigación a su socio Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

Así consta en la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el magistrado Antonio Viejo da a las partes ahora cinco días para presentar alegaciones. De esta manera continúa en instrucción la pieza separada en la que se investiga un presunto delito de corrupción en los negocios.

Esta línea de investigación se abrió a raíz de un informe de la Agencia Tributaria (AEAT) que apuntaba a posibles irregularidades en la adquisición en 2020 de la sociedad Círculo de Belleza SL, una operación por la que la empresa de González Amador abonó cerca de medio millón de euros por una sociedad que apenas tenía actividad, inmuebles ni empleados y cuyo activo material se limitaba a un ordenador portátil «sin valor» y tres aparatos de depilación y remodelación corporal.

La magistrada acordó en un auto abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para «ocultar unos ingresos» del Grupo Quirón que debían haber sido declarados. Y lo hizo al estimar de forma parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.

Estos partidos pidieron ampliar la causa al delito fiscal después de que el informe de la AEAT sostuviera que la empresa de González Amador «carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría» que facturaba a Quirón Prevención.

La resolución analiza «si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados». Por ello, la tesis de la Fiscalía es que es que dicha operación esconde una posible «comisión encubierta» que hay que investigar.

La acusación popular entiende que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber «una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención».

Las acusaciones pretenden por tanto que se analice el patrimonio de González Amador y de sus empresas, tanto Maxwell como Masterman, desde 2016, cuando comenzó a prestar servicios a Quirón Prevención. Lo mismo pidieron en el caso del patrimonio de la otra investigada en la causa, la esposa de Fernando Camino.

Este procedimiento discurre aparte de la causa principal contra Gómez Amador, en el que el empresario está a la espera de fecha de juicio por un presunto fraude a Hacienda de unos 350.000 euros.