La Fiscalía pide al Supremo que permita el voto a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que levante la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, así como que permita personarse a los afectados para que puedan defender sus intereses.

Antes de decidir si mantiene o levanta esta suspensión cautelar, que implica suspender el derecho a voto de todos los nacionalizados que accedieron a ella a través de una instrucción gubernamental que desarrolla la ley de nietos, el Supremo dio 48 horas a las partes para que presentarán alegaciones, plazo que terminó este jueves. 

Es por ello que el alto tribunal prevé resolver este mismo fin de semana sobre las cautelares, dado que el censo electoral se cierra este lunes día 12, informan a EFE fuentes jurídicas.

En su escrito, el Ministerio Público solicita a la Sala de lo Contencioso Administrativo que renuncie a llevar a cabo la revisión de esos 170.000 expedientes que están en cuestión por la ley de nietos al menos durante este proceso electoral.

Según las fuentes fiscales, el Ministerio Público ha trasladado a la Sala que esta nueva situación generada por el adelanto electoral puede haber cambiado el escenario de ponderación de intereses en conflicto que ha de valorarse para adoptar medidas cautelares.

Igualmente, ha solicitado a la Sala que se dé oportunidad de personarse en el procedimiento a aquellas personas afectadas por las medidas cautelares para que puedan defender sus intereses.

Posibles incompatibilidades con el adelanto electoral

El escrito de la Fiscalía pone de manifiesto las serias dificultades y posibles incompatibilidades entre el adelanto electoral y lo acordado en el auto de medidas cautelares.

Primero por razones de seguridad jurídica y legalidad, ya que el censo que se utiliza para estos comicios está cerrado a 1 de agosto, con mínimas posibilidades de modificación.

Y también, añaden las fuentes, porque la ejecución del auto puede generar una continua y progresiva suspensión de altas en el censo desde este momento hasta el de las elecciones y con posterioridad.

Su postura se suma a la trasladada por la Abogacía del Estado, que ha advertido de que el adelanto electoral ha acrecentado aún más la «imposibilidad material» de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afecta la medida cautelar adoptada por el Supremo.

Los servicios jurídicos del Estado destacan que si ya en un primer momento se advirtió de la imposibilidad de revisar esos expedientes cuando se fijaba el 1 de enero de 2027 «como lapso temporal» para poder certificarlos, esa «imposibilidad material se acrecienta» cuando se tiene que acortar al próximo lunes, por exigirlo la LOREG.

A todo ello, se suma que este viernes Iustitia Europa, uno de los demandantes, ha pedido al Supremo suspender las elecciones generales, «durante el periodo constitucionalmente disponible y estrictamente indispensable» para ejecutar la medida cautelar impuesta por la Sala, tras el escrito de la Abogacía que ve imposible ejecutar esa revisión de expedientes a tiempo.