Amnistía, dependencia o acogida de menores migrantes, las 79 leyes que marcaron la legislatura de Sánchez

Cuenta atrás para la cita con las urnas. Tras el adelanto electoral de este lunes, todos los ojos están puestos en el domingo 29 de noviembre, el final de una carrera por La Moncloa que el bloque de las izquierdas dibuja como un plebiscito por la vivienda y el tándem PP-Vox como un referéndum contra Sánchez. Pero la convocatoria electoral es también una oportunidad para echar la vista atrás. De la amnistía a los responsables del procés a la recién aprobada Ley de Dependencia, los algo más de tres años de legislatura dejan un desglose de dos reformas constitucionales, 34 leyes y 43 Reales Decretos-ley. Un total de 79 iniciativas legislativas en un mandato condicionado por el puzzle de la aritmética parlamentaria y que termina con muchas promesas en el tintero. Algunas al borde de la publicación en el BOE, como la histórica ley de nacionalidad para el pueblo saharaui o la penalización de las terapias de conversión, ambas pendientes de dictamen en el Senado.

El primer gran hito de la legislatura no fue, en realidad, una ley. Fue una reforma de la Constitución. En concreto, de su Artículo 49. El 17 de febrero de 2024, el Gobierno registraba en el BOE la eliminación del término «disminuidos» por «personas con discapacidad». Un cambio terminológico que apoyaron todos los partidos del hemiciclo. Todos menos uno: Vox. Menos consenso despertó una de las leyes —ahora sí— que más poso han dejado en el devenir de la legislatura y que también salió adelante, pese al no del Senado, durante los primeros meses del segundo mandato de Pedro Sánchez: la amnistía al procés. Un texto legislativo que, hace apenas un par de semanas, volvía a colarse en las parrillas informativas. La mayoría progresista del Tribunal Constitucional avalaba, el pasado 22 de septiembre, amnistiar al secretario general de Junts, Jordi Turull, del delito de malversación. Una decisión judicial que abre la puerta al regreso, tras cerca de nueve años del exilio, del expresident de Catalunya Carles Puigdemont.

Ese primer verano llegaba también la ansiada reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pactada por las dos caras del bipartidismo, PSOE y PP. Una reforma atravesada por las críticas: del «reparto de sillones» entre los dos grandes partidos a un sistema de elección «endogámico» y «corporativista». Ya en otoño le seguía la aprobación, por unanimidad, de una deuda pendiente con las más de 4.000 personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica que viven en España: la conocida como Ley ELA. La iniciativa aterrizó por primera vez en el Congreso en diciembre de 2021, de la mano de Ciudadanos, pero decayó con la convocatoria electoral de 2023. En 2024, hasta cinco grupos —PSOE y Sumar; PP, Junts o Vox— registraron su propia propuesta para rescatar la ley, que acabó estampada en el BOE el 30 de octubre de ese mismo año. 

Saltamos al segundo año de legislatura, a junio de 2025. Tras el sí de Congreso y Senado, la Ley de Asociaciones veía, por fin, la luz. ¿El corazón de la norma? Posibilitar la disolución, vía judicial, de asociaciones acusadas de promover la apología del franquismo. Bien por ensalzar, con su actividad, el golpe de Estado de 1936, bien por dedicarse a glorificar la dictadura o a algunos de sus dirigentes. En junio de 2024, el Ministerio de Cultura iniciaba los trámites para extinguir una primera fundación (que no asociación) de tintes franquistas: la Fundación Francisco Franco (FNFF). Un proceso de ilegalización que los de Urtasun extendieron, ya en noviembre de 2025, a las entidades en honor de otros cuatro referentes de la dictadura: José Antonio Primo de Rivera, Blas Piñar, Queipo de Llano y Serrano Suñer.

Esta legislatura ha visto, además, la tramitación de dos leyes impulsadas por el Ministerio de Consumo, con Pablo Bustinduy a las riendas. Por un lado, la ley de atención a la clientela. Una norma que pone coto, entre otras cosas, al goteo interminable de llamadas spam. Por otro, la histórica (y recién aprobada) Ley de Dependencia. Una «revolución», tal y como la definen desde el Ministerio, del sistema público de cuidados, por la que el Gobierno reconoce «más derechos, más cuidados y menos esperas» para las personas dependientes y sus cuidadores, a la vez que se compromete a asumir el 50% de la financiación de todo el sistema: 7.239,4 millones de euros en 2027. Mención especial a la ley para endurecer la multirreincidencia que, con el impulso de Junts y los síes del bloque de las derechas y del Grupo Socialista, salió adelante en los primeros compases de 2026.

Volvemos a los números. Y es que muchas de las decisiones políticas de la legislatura —hasta 43 paquetes de medidas— se han vehiculado a través de un Real Decreto-ley. Es el caso de las medidas para paliar las guerras de Ucrania e Irán, la batalla arancelaria de Trump, los accidentes de tren en Adamuz y Gelida o la reconstrucción de La Palma y de las zonas afectadas por la DANA. En marzo de 2025, tomó la forma de un Real Decreto-ley la reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería que da vida al actual sistema de traslado y acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes. También se aprobó así, en julio del mismo año, la ampliación de los permisos por nacimiento de 16 a 19 semanas o, entrado septiembre, el polémico embargo de armas a Israel. Las dos últimas crisis del verano se han resuelto, de nuevo, con sendos Reales Decretos-ley: la devastación de los incendios y la emergencia humanitaria de Ceuta.

Las normas que decaen con la legislatura

Tras la convocatoria electoral, muchas promesas de la legislatura seguirán metidas en un cajón. Es el caso de la derogación de la conocida como ley mordaza o del acuerdo anunciado a principios de verano por el PSOE y Sumar para desbloquear, por fin, la despenalización de las injurias a la Corona, al sentimiento religioso y a España, sus instituciones y símbolos. Pendiente queda también una de las banderas con las que el Gobierno —o, más bien, el ala de Sumar— afrontaba el arranque de la legislatura: la reducción de la jornada laboral. El no de PP, Junts y Vox negaba, en septiembre de 2025, la jornada de 37 horas y media a más de 12 millones de trabajadores. Tampoco se ha aprobado, desde entonces, una de sus patas fundamentales, el endurecimiento del registro horario.

Cierran la tabla de promesas la ley de entornos digitales, uno de los proyectos estrella de Justicia y Juventud para proteger a los menores en internet; la derogación de la franquista Ley de Secretos Oficiales y la que es la gran deuda del Gobierno con la calle: la vivienda. De la moratoria antidesahucios, pasando por la prórroga de alquileres o la regulación del alquiler de temporada y habitaciones. Medidas, todas ellas, que el Gobierno estudia rescatar este martes, 6 de octubre, en un nuevo decreto que apruebe, in extremis, el Consejo de Ministros y reciba, ya disueltas las Cortes, el respaldo de la Diputación permanente.

El adelanto electoral ha llegado en un momento fatal para la aprobación de dos leyes centrales de la legislatura. Este 7 de octubre se debatía en el Pleno del Senado la ley de nacionalidad del pueblo saharaui, impulsada con ahínco desde la bancada de Sumar en el Congreso y que iba a defender la senadora de Más Madrid Carla Antonelli. Pocos días después, el 14 de este mes, iba a debatirse en comisión el dictamen de la ley para penalizar las terapias de conversión. Ambas normas, a pesar de haber recibido el sí del Congreso, no llegarán a ver la luz tras la convocatoria electoral. Fuentes parlamentarias sugieren a Público, que solo un decreto gubernamental que incluyera ambas iniciativas podría evitar que quedaran durmiendo el sueño de los justos.

El artículo 207 del Congreso es claro en este sentido: «Disuelto el Congreso o expirado su mandato, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara». Una fuente del Senado explica a este diario que la Cámara Alta «tiene una previsión equivalente». Así, tal y como añade la misma fuente, «no importa en qué fase de la tramitación se encuentre una ley: enmiendas, ponencia, comisión o incluso aprobada en una Cámara y pendientes en la otra». El destino sigue siendo el mismo: su caducidad. Lo que sí contemplan los artículos 48.2.b del Reglamento del Senado y 57.1.a del Congreso es la facultad de ambas cámaras para proseguir con su función en lo referente a los Reales Decretos-Ley. En el caso del Congreso, para convalidar los decretos que apruebe el Gobierno y, en el caso de las dos cámaras, para tramitarlos, si se requiere, como proyectos de ley. Ambas posibilidades se amparan en el Artículo 86 de la Constitución.