Apartada del ‘caso Elpidio Silva’, beneficiada por una reforma de Aznar y cuestionada por Puente: algunos hitos en la carrera de la jueza Tardón
«Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad». Con estas palabras, el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se refería a María Tardón, la magistrada de la Audiencia Nacional que asumirá la investigación sobre la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. La causa no solo pone el foco en el papel de los gendarmes marroquíes, ya que la magistrada avisó de que investigará la respuesta de las autoridades españolas a la crisis migratoria y humanitaria.
También, desde el PSOE, se cuestionó la imparcialidad de la magistrada, quien fue concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid de la mano del PP entre 1999 a 2003. Después, hasta marzo de 2005, ocupó un asiento como consejera de la Asamblea General de Caja Madrid a propuesta del Ayuntamiento madrileño del PP.
«Es evidente que esta jueza tiene el pasado que tiene, y bueno, será intachable en su profesión, y así lo espero, pero empieza un poco regulín, porque si pide un informe que no se pasa al Gobierno, y ese informe lo pasa a un medio que tiene tufo de derechas. Para mí ya empieza un poco regulín», agregó la portavoz socialista, Montse Mínguez.
La dirigente socialista realizó estas manifestaciones en alusión al polémico informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y la orden de la jueza para que la unidad policial, en calidad de policía judicial, no informara a sus superiores sobre las afirmaciones contenidas en dicho documento. Este incide en la permisividad e incluso participación de agentes marroquíes, pero no ofrece ninguna prueba directa sobre la autoría de Marruecos en este episodio.
La reforma de Aznar le permitió adelantar su reingreso
Cabe destacar que, tras su paso por la política, en cuya etapa asumió las áreas de Policía Municipal, Movilidad Urbana, Protección Civil y Atención Social, el CGPJ le declaró en situación de excedencia forzosa, con efectos del 14 de junio de 2003.
«La expresada magistrada permanecerá en la mencionada situación administrativa de excedencia forzosa durante tres años, sin que pueda reingresar al servicio activo en este período de tiempo, salvo que obtenga, mediante concurso, plaza o destino en que no haya de ejercerse la potestad jurisdiccional, en la que permanecerá hasta completar los tres años», según estableció el acuerdo de la la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En todo caso, no tuvo que esperar tres años para reincorporarse a la carrera judicial gracias a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el Gobierno de José María Aznar, que flexibilizó el regreso de los jueces desde la política.
En concreto, se pasó a declarar en situación de excedencia voluntaria (no forzosa) a aquellos jueces que «se presenten como candidato en elecciones para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o Corporaciones locales», según el artículo 356 de la mencionada norma.
Por tanto, la reforma permitió el adelanto de su regreso sin la necesidad de agotar los tres años. «Los que se encuentren en la situación de excedencia a la que se refiere el párrafo f) del artículo 356, en caso de que soliciten el reingreso al servicio activo, quedarán adscritos al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma de su último destino, teniendo preferencia para obtener puesto de su categoría en la provincia o, en su defecto, Comunidad Autónoma de dicho último destino», agregó el precepto 358.3.
De esta manera, tras dejar su asiento en la Asamblea de Caja Madrid, la Comisión Permanente del CGPJ acordó el 29 de marzo de 2005 su reingreso al servicio activo, «quedando adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, determinando la Sala de Gobierno los puestos en que ha de prestar servicios mientras permanezca en dicha situación, y teniendo preferencia para obtener puesto de su categoría en Madrid, o en su defecto, en la Comunidad Autónoma de Madrid».
La reforma de 2024 endureció el regreso
Cabe destacar que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (fruto del pacto entre PSOE y PP), en vigor desde agosto de 2024, endureció el regreso a las funciones jurisdiccionales desde la política al establecer que los que se encuentren en la situación de excedencia, en caso de que soliciten el reingreso al servicio activo, «quedarán en situación de servicios especiales a todos los efectos durante los dos años siguientes a su cese, sin ejercer funciones jurisdiccionales, sin merma en los derechos y en la retribución que tuvieran antes de la excedencia y pudiendo concursar a otros destinos».
Asimismo, establece que los jueces que pidan su ingreso tras este supuesto «deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público».
En el caso de la causa sobre lo acontecido en Ceuta, esta partió de la denuncia del «antipartido» Iustitia Europa –a la que más tarde se han adherido PP, Vox y Hazte Oír, entre otras organizaciones ultras.
Entre las causas de abstención y, en su caso, de recusación, recogidas en el Artículo 219, destaca la número 13: «Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo».
El TSJ de Madrid le apartó del juicio a Elpidio Silva
La imparcialidad de la magistrada Tardón ya fue cuestionada hace 12 años, dando lugar a una resolución judicial en contra: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le apartó del juicio contra el juez Elpidio José Silva, condenado a 17 años y medio de inhabilitación por el caso Blesa, la causa sobre el crédito que Caja Madrid, presidida por Miguel Blesa, concedió al entonces presidente de la patronal y propietario del Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán.
Quien fuera responsable del Juzgado de Instrucción número 9 recusó a Tardón por «representar» al PP en la Asamblea General de Caja Madrid, una petición estimada por el alto tribunal autonómico. Aunque el TSJ de Madrid declaró que «no concurre elemento alguno que cercene su imparcialidad en relación al caso», vio necesario adoptar dicha decisión «con el fin de preservar la imagen de la justicia y la confianza que los tribunales».
En todo caso, constató que la circunstancia de que Tardón hubiera cesado como consejera de Caja Madrid algunos años antes de la comisión de los hechos que se imputan a Miguel Blesa (tuvieron lugar en los años 2008 y 2009), «no desvanece por completo la huella dejada por aquel objetivo vínculo o relación inicial».
Esta situación «genera la apariencia o sospecha de pérdida de imparcialidad de la magistrada en el enjuiciamiento del procedimiento seguido frente al instructor de la causa tramitada contra el ya entonces presidente de la repetida entidad, con la consiguiente merma de confianza y deterioro de la imagen pública de la justicia que representa cualquier sospecha objetiva de imparcialidad», remacha la resolución.
Choque entre la Audiencia Nacional y Marlaska
Con estos antecedentes, la jueza Tardón toma el timón de la investigación sobre lo sucedido en Ceuta. No obstante, como apuntó la portavoz del PSOE, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 no empezó su andadura con el mejor de los escenarios.
Antes de que la jueza resolviera sobre la competencia de la Audiencia Nacional, adoptó una decisión que provocó el choque entre el este órgano y el Gobierno. Fue a raíz del informe requerido al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), cuyas conclusiones fueron adelantadas por El Español.
En una misiva, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska recriminó a Tardón por no haber puesto en conocimiento de los responsables políticos la información que le había transmitido el Cuerpo Nacional de Policía en el informe mencionado al principio de este texto.
A su juicio, el interés general, concretado en razones de seguridad nacional, hacía necesaria dicha transmisión, al ser esa información «de gran interés para su departamento y para que el Gobierno ejerza con el mayor acierto sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado».
Como respuesta, además de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional también salió en defensa de la magistrada y mostró «su absoluto respaldo» a dicha actuación. «No solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que, antes al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales», zanjó el acuerdo.
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