Ceuta, el síntoma de una violencia política alimentada por la polarización y la normalización del odio

«Pensé que no saldríamos de allí. (…) Yo recibía patadas por la ventana del piloto. Y de una de esas patadas reventaron el espejo retrovisor [del coche]. Venían a por nosotros, venían a lincharnos». Julia Ferreras ha relatado a primera hora de este lunes la agresión que sufrió un día antes a manos de varias decenas de vecinos, mientras intentaba salir del Puerto de Ceuta. La diputada en el parlamento de la ciudad autónoma reconoció haber pasado mucho «miedo». El vehículo contra el que se dirigían los ataques también llevaba en su interior al activista Rafael Borrego y la abogada de derechos humanos Sofía Cánovas. «La verdad es que ha sido todo bastante impactante, (…)  había personas de setenta años tirándonos cosas», han detallado las víctimas de la agresión en la Cadena Ser. La Policía Nacional solo ha detenido -de momento- a un ceutí de 21 años sin antecedentes penales. 

Ceuta no es más que la punta del iceberg. La semana pasada, cinco jóvenes fueron detenidos por los puñetazos y patadas que recibieron dos militantes de izquierda, Rubén Rosón y Jorge Fernández, en las fiestas de San Mateo (Oviedo). Los agentes investigan un posible delito de odio y han confirmado que los ataques tuvieron lugar entre gritos de «rojos de mierda», «maricones de mierda» o «arriba España». El listado continúa. A principios de septiembre, reporteros y periodistas de RTVE como Mikel Etxarri y Jesús Poveda también fueron blanco de la violencia ultra mientras cubrían una manifestación en la que participaron PP y Vox. «Nos daban patadas en las espinillas para que no se viera en cámara», relató uno de los afectados en declaraciones a Público. Los actos vandálicos contra sedes del PSOE también se han vuelto a intensificar en las últimas semanas, con consignas xenófobas en los locales de Ferrol, Marbella, Úbeda (Jaén) y O Vicedo (Lugo).

«Las agresiones e insultos dirigidos contra figuras políticas o activistas sociales y periodistas son expresiones ineludibles de violencia política. El objetivo implícito suele ser el de coartar su libertad de expresión o imponer una hegemonía ideológica mediante la intimidación. El terrorismo es una forma arquetípica de violencia política, pero también lo es cualquier acción abusiva que busque amedrentar o silenciar a los adversarios», explica Jerónimo Ríos, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. «La violencia política no es la que ejercen -solamente- los políticos, sino la que se hace en nombre de alguna causa política. Los insultos en redes y el acoso a periodistas o la quema de contenedores son también actos de violencia política», coincide Armando Zerolo, coordinador del libro La derecha desnortada (Península).

Los expertos consultados por este medio reconocen que, pese a la «tibieza» de algunos sectores públicos, existe «bastante consenso» en el ámbito académico sobre lo que puede considerarse o no como un episodio de estas características. Y califican de violencia política tanto los ataques contra periodistas de RTVE, como las agresiones homófobas de Oviedo y los insultos y golpes recibidos este domingo por Julia Ferreras, Rafael Borrego y Sofía Cánovas. «La clave está en el uso deliberado y organizado de las amenazas o la fuerza física por parte de personas, grupos o instituciones. El caso de los periodistas supone una especie de añadido porque se está coartando la libertad de expresión», destaca Pau Casanellas, profesor de Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). «La violencia política no se limita solo a la agresión física contra representantes institucionales, sino que comprende un continuo de prácticas físicas, simbólicas y discursivas orientadas a excluir, intimidar o deslegitimar a determinados sujetos por lo que representan dentro de un conflicto ideológico», detala Gabriel Bayarri Toscano, doctor en Antropología y Sociología e investigador sobre las extremas derechas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

La «construcción simbólica» del enemigo

¿Qué factores explican este aumento de la violencia, generalmente contra líderes o activistas de izquierdas y profesionales de RTVE? ¿Y qué responsabilidad tienen los partidos políticos?

«La violencia política va en aumento. Lo explica la desconfianza creciente en la democracia institucional que introducen los populismos. La consecuencia trágica de que se alimente esta desconfianza es que las personas se tomen la justicia por su cuenta», indica Armando Zerolo, también profesor de Filosofía Política y del Derecho en el CEU San Pablo. Gabriel Bayarri Toscano, por su parte, considera que no debemos interpretar los distintos episodios del último mes «aisladamente», sino que hace falta situarlos en «un proceso más amplio de polarización afectiva», entendida no solo como «mera distancia ideológica», sino como parte del «creciente rechazo emocional hacia quienes pertenecen al campo político» contrario. «La violencia física sería la expresión más visible de un proceso previo de construcción simbólica del enemigo», insiste el investigador.

Los expertos consultados por este medio ponen el foco asimismo en el papel de las redes sociales y en unos algoritmos que «tienden a amplificar los contenidos que generan indignación y rabia», facilitando -por ende- los comportamientos reaccionarios. Los «periodos de incertidumbre», como lo puede ser una crisis humanitaria y migratoria, generan también una «ansiedad» que se canaliza a menudo a través de la violencia política. La última pieza que explica el puzle actual está en la actitud y la falta de condena de los dirigentes políticos. «El tono del debate parlamentario y de las declaraciones públicas se sirve a veces de contextos de violencia política para tratar de erosionar a los adversarios o instrumentalizarlos en clave partidista. Cuando el lenguaje institucional roza el insulto o la descalificación personal, la barrera psicológica para que los ciudadanos de a pie utilicen conductas violentas se reduce de forma considerable», sostiene Jerónimo Ríos.

El papel de Feijóo y Abascal

Alberto Núñez Feijóo ha mostrado este lunes su «solidaridad» con «todas las víctimas de la agresión» sufrida a última hora del domingo en el Puerto de Ceuta, «entre ellas, una diputada en la Asamblea», Julia Ferreras. El mensaje ha llamado la atención porque el líder del PP no siempre se ha decantado por la carta de la condena. Feijóo no ha dicho nada -públicamente- sobre los ataques que sufrieron los dos militantes de izquierda en las Fiestas de San Mateo, pese a que una de las víctimas le reclamó -expresamente- algún tipo de intervención. El que sí habló fue el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, también del PP. «[Los agresores] son chavales jóvenes, no creo que sean tan mala gente», declaró inicialmente el regidor, para luego calificar lo sucedido de «anécdota». Canteli tuvo que salir tres días después a leer una nota de prensa en la que trasladaba su apoyo «en lo personal» a las dos víctimas y a sus familiares. 

El PP reaccionó también con cierta ambigüedad a los ataques sufridos este último mes por distintos periodistas de RTVE. Feijóo volvió a apostar por el silencio. Y su número dos, Miguel Tellado, declaró estar «en contra siempre de cualquier demostración de violencia». Lo hizo, eso sí, tras varios meses criticando abiertamente el trabajo de los profesionales de la cadena pública. «Las posiciones de los partidos son fundamentales porque los representantes políticos contribuyen a establecer los límites de aquello que una sociedad considera legítimo: no existe una relación causal automática entre un discurso y una agresión, pero la reiteración, relativización o justificación de determinadas formas de hostilidad puede reducir progresivamente su coste moral», advierte Gabriel Bayarri Toscano.

Vox tampoco ha condenado ninguno de los episodios violentos que han sufrido a lo largo de las últimas semanas media docena de políticos, letrados, activistas o reporteros. «Las democracias parlamentarias no se caracterizan únicamente por el nivel de pulcritud de sus elecciones, sino que también cabe valorar otros componentes como la libertad de expresión o la capacidad de generar un contraste de opiniones dentro de la sociedad y una cultura política que pueda dar cabida a esas diferentes expresiones. El hecho de que no se critiquen las acciones de violencia política e incluso sean amparadas por los principales partidos habla de la ausencia de calidad democrática en España», reconoce Pau Casanellas. El timing es a veces caprichoso. Santiago Abascal denunció el pasado viernes una supuesta agresión durante un mitin en Tarragona. Alberto Núñez Feijóo no dudó -esta vez sí- en salir a reaccionar de manera contundente: «En la España democrática, nadie puede ser agredido por defender sus ideas».

La fórmula para acabar con los ataques

El contexto es desfavorable por el aumento de los discursos de extrema derecha en todo el mundo, tanto en la vida real como en los entornos digitales. Las fuentes consultadas por este diario reconocen, sin embargo, que «no es imposible» poner coto a incidentes violentos como los que han sufrido Julia Ferreras, Rafael Borrego, Rubén Rosón o Mikel Etxarri. «Las agresiones y cualquier tipo de violencia tienen que ser castigados y en esta labor policial no puede fallar el Estado de Derecho», sostiene el profesor Armando Zerolo.

Gabriel Bayarri Lezcano, por su parte, recuerda que «frenar la violencia política exige intervenir mucho antes» de que esta alcance su expresión física y tenga un impacto psicológico. Y pone el foco -de nuevo- en la necesaria «condena institucional» que deben realizar quienes ocupan cargos públicos y en la transparencia que tenemos que exigir a las plataformas. «La cuestión central es preservar la diferencia entre adversario y enemigo: una democracia puede albergar conflictos ideológicos intensos, pero se deteriora cuando la polarización afectiva convierte a quienes piensan de manera diferente en sujetos moralmente ilegítimos y merecedores de exclusión, silenciamiento y agresión», termina el investigador.