Concepción Fernández Villanueva: «El PP y Vox atacan a un periodismo que puede desmentir sus versiones y hacer daño a sus objetivos»

«La situación es preocupante». Concepción Fernández Villanueva (Madrid, 1951) valora con estas palabras el aumento y la normalización de la violencia política que vive España. La catedrática emérita de Psicología Social en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha estudiado durante años cómo se moviliza la extrema derecha a través de las redes sociales y critica que las fuerzas conservadoras «legitimen» con su silencio unos ataques cada vez más habituales. Fernández Villanueva ha dirigido proyectos de investigación sobre la violencia en los medios de comunicación y ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Feministas. La profesora concede una entrevista a este medio pocos días después de las agresiones sufridas por una diputada en Ceuta y dos militantes de izquierdas en Oviedo. Y cuando se cumple -además- un mes de los ataques contra varios periodistas de RTVE. «La violencia política está desprotegida en el sistema jurídico», reconoce durante su conversación con Público, una conversación en la que rechaza la equidistancia y señala -por su responsabilidad- a PP y Vox.
Los ataques contra periodistas, activistas o políticos de izquierdas se han intensificado en los últimos meses, especialmente tras la crisis humanitaria de Ceuta. ¿Esto es violencia política?
La violencia política tiene una larga tradición basada en distintos factores. Ceuta me hizo recordar algunas acciones de partidos de extrema derecha, como aquel cartel en el que Vox decía que los «menas» cobraban «4.700 euros al mes» mientras «tu abuela» recibía «426» de pensión. La comparativa era falsa, pero el cartel tuvo mucha influencia. Ceuta ha recibido a cientos de menores migrantes este verano y tenemos partidos que llevan tiempo deshumanizándolos. Estas actitudes no son inocuas y producen violencia.
La exageración es otro de los elementos que ayuda a proyectar maldad contra políticos, periodistas y activistas. Estas semanas hemos visto a cargos públicos -de derechas- hablar de «invasión» y eso inevitablemente produce miedo. El mismo miedo que generan las supuestas violaciones y la supuesta delincuencia que atribuyen estos mismos partidos a los hombres musulmanes. Los posicionamientos son falsos y están absolutamente distorsionados, pero generan un cóctel que antes o después termina explotando. Y cuando alguien sale a desmentirlos, nunca consigue el mismo impacto que ha conseguido previamente el bulo o rumor. Las consecuencias son agresiones como las perpetradas contra dos activistas en Oviedo o contra el coche de una diputada en Ceuta.
Santiago Abascal denunció recientemente un supuesto ataque durante un mitin. ¿La violencia política se ejerce también contra figuras de derecha o extrema derecha?
Los grupos de extrema derecha tienden a victimizarse. Los insultos también se dirigen a veces contra ellos, sobre todo en las redes sociales; ahora bien, no se puede comparar una cosa con la otra porque la justificación que hacen los líderes de cada uno de los bandos es completamente distinta. Los insultos de los políticos de derechas no tienen correlato entre los dirigentes de izquierdas. La legitimación que hacen de esas violencias no es la misma.
Borja Sémper prometía hace unos días acabar con el insulto en cuanto el PP llegara a la Moncloa, pero es precisamente su partido el que ha popularizado consignas como el «me gusta la fruta» para llamar «hijo de puta» a Pedro Sánchez. ¿Cómo explica esta contradicción?
La explicación es que las derechas no consideran que el «me gusta la fruta» sea un insulto, sino que lo disfrazan de libertad de expresión, distorsionan el sentido de las palabras y no quieren darse cuenta del daño que realmente hacen. Los votantes de izquierdas, cuando ven o reciben estos insultos, no siempre logran contenerse, pero no es lo mismo la violencia defensiva que la ofensiva. Y volvemos a la principal diferencia entre ambas prácticas: los politicos de izquierdas rara vez legitiman esos ataques. Los de derechas, sí lo hacen.
Ana Vázquez (PP), de hecho, sacó un frasco de gas pimienta esta semana en el Congreso. ¿Qué precedente sientan actitudes de este tipo?
El hecho de exhibir un arma que hace daño -lo hizo, en efecto, porque hubo una docena de personas afectadas en la Cámara Baja- y además amenaza e intimida, por mucho que no se llegara a utilizar, también es violencia política, porque hablamos de un acto protagonizado por una representante política durante un acto político. Ana Vázquez ha pretendido legitimar esa violencia amparándose en la no responsabilidad y en la mentira. Lo primero que dijo es que el frasco estaba vacío y resultó que era falso.
La actitud de la diputada popular puede influir en varios niveles. Lo que hizo con el gas pimienta incrementa la sensación de inseguridad y miedo en Ceuta. Los políticos son referentes de conducta, sobre todo para aquellas personas que creen en sus ideologías, pero la influencia en este caso será aún mayor si otros líderes y compañeros trivializan con lo sucedido o lo intentan justificar.
La derecha y la extrema derecha también han intensificado sus ataques contra los reporteros de RTVE. ¿El periodismo se ha convertido en un enemigo a batir?
Los ataques no se dirigen contra todo el periodismo, sino contra un periodismo que puede desmentir sus versiones y reducir su influencia, contra un periodismo que cuestiona las fake news y puede hacer daño a los objetivos que persiguen la derecha y la extrema derecha.
¿Qué responsabilidad tienen en la proliferación de esta violencia los partidos políticos, concretamente PP y Vox?
El PP y Vox han legitimado la violencia: legitimar significa justificar, no condenar, significa, en el fondo, estar de acuerdo. Los partidos que callan o dicen que los agresores son «chavales jóvenes» y buena gente, como hizo el alcalde de Oviedo (Alfredo Canteli, PP) tras el apuñalamiento de dos militantes de la Asamblea Moza d’Asturies, están legitimando esa violencia. Todo agresor necesita que su violencia se legitime de alguna manera. Y si lo hacen partidos que tienen una amplia representación parlamentaria y una militancia fuerte, la violencia no solo no cesa, sino que aumenta. Y muchas veces ni siquiera se menciona. La derecha y la extrema derecha suelen disfrazar esa violencia de libertad de expresión.
Esto es una práctica común a otros países de Europa, ¿no?
Sí. Esto es un rasgo común de la derecha internacional que llama libertad de expresión a la violencia contra los adversarios. La animalización, la deshumanización y la ridiculización no son un fenómeno actual ni únicamente español, hablamos de prácticas que llevan años encima de la mesa. En la Alemania nazi se justificaban estrategias de este tipo contra los judíos y los seguidores de Jair Bolsonaro hicieron memes de este tipo en Brasil. Lo mismo ocurre con Donald Trump en EEUU. Las agresiones simbólicas se han ido recuperando a nivel internacional.
Los influencers se han convertido también en un actor relevante en la expansión de estos ataques…
El problema es que los jóvenes le dan mucha importancia a lo que dicen los influencers porque no transmiten un mensaje directamente político, sino que utilizan un lenguaje más simple y emocional, fácilmente comprensible. Esto hace que los mensajes tengan muchísimo más impacto y peligro. Los políticos de derechas lo saben y por eso invierten recursos en unas redes sociales que tienen mucho más alcance de lo que las izquierdas creen. Los influencers juegan un papel ideológicamente importante porque no tienen contrapeso. Las plataformas creo que están muy sesgadas hacia un lado. El lenguaje y los códigos no permiten en cualquier caso hacer una crítica política seria.
¿La violencia política tiene algún sesgo de género, tanto a la hora de ejercerla como de recibirla?
Sí. La violencia política tiene un sesgo de género evidente porque se dirige -en una parte importante- contra las mujeres y especialmente contra las mujeres feministas. Los grupos que la ejercen lo hacen con mucha misoginia. Las mujeres que ocupan cargos y espacios públicos son uno de sus blancos más habituales. Lo vimos con figuras como Irene Montero.
La conclusión es clara: una mujer en política posiblemente reciba alguna agresión añadida no solo por hacer política, sino también por el mero hecho de ser mujer.
¿Qué se puede hacer para frenar este tipo de violencia? ¿España todavía puede dar marcha atrás?
La solución pasa por desmontar todas las bases que justifican esta violencia. Lo primero, poner coto a las fake news. Lo segundo, identificar las exageraciones de los sentimientos, los discursos en los que se habla de «invasiones» o «amenazas». Y lo tercero, sancionar la violencia física y también la simbólica. El problema es que el sistema legal no está todavía preparado para todo lo que exigen las violencias que se producen en redes contra periodistas, militantes o políticos.
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