David Sánchez pide la absolución y denuncia una «investigación prospectiva» contra él

La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado un recurso de apelación a la sentencia que le condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por su contratación en la Diputación de Badajoz, en el que considera que hubo una «investigación prospectiva» contra él.

En su escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), su abogado, Emilio Cortés, alega vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, todo ello fruto de un expediente judicial sostenido sobre «una investigación prospectiva».

«No hay argumentación alguna que acredite más allá de toda duda razonable» que David Sánchez participara en el proceso de impulso, preparación y tramitación del expediente por el que se creó su puesto como coordinador de los conservatorios pacenses, se expone en el recurso, en el que Cortés pide la absolución para su cliente.

En opinión del letrado, las imputaciones a David Sánchez «se esconden tras la argumentación judicial, no cabe duda, por el libro de familia de los padres de nuestro mandante; esto es, por la condición de político de su hermano», Pedro Sánchez.

A lo largo del recurso, de más de cien páginas, Cortés se muestra muy crítico con el inicio de una instrucción derivada de la denuncia de Manos Limpias que se sostiene en informaciones periodísticas.

«La mera publicación de informaciones en medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación», si la denuncia o querella que «los incorpora, como es el caso, no aporta u ofrece algún indicio de su comisión que pueda ser calificado como accesible y racional», recuerda Cortés haciéndose eco de un auto del Tribunal Supremo.

De hecho, tal como se expone, nada de lo que se planteaba en la denuncia con signos delictivos: enriquecimiento injusto, fraudes, malversación o exacciones ilegales, o contra la Hacienda Pública, «resistió un mínimo de investigación».

A juicio de Cortés, «con base en el cebo de un absentismo laboral inexistente» por parte de David Sánchez, «se abre la veda» para desplegar una investigación judicial que «sólo cabe reputar racionalmente como prospectiva».

Atendiendo a la condena de nueve años de inhabilitación para cargo o función pública por prevaricación administrativa, que solo atiende al cambio de denominación de su puesto de trabajo en la Diputación pacense -de coordinador de conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas-, Cortés asevera que en ningún momento de la sentencia se acredita «qué hizo o dejó de hacer» David Sánchez para «torcer el Derecho» y convertir este proceso en una supuesta ilegalidad administrativa.

Remarca el letrado que la sentencia «mezcla» los fundamentos (sustantivos y probatorios) de la cuautoría con la cooperación necesaria «como si fueran homologables», lo que constituye un signo de quiebra de las garantías de tutela judicial efectiva» y de la presunción de inocencia.

Asimismo, considera que algunas de las acusaciones populares personadas en este procedimiento, entre ellas -sin citarlas- figuran Vox, PP, Manos Limpias e Iustitia Europa, «tienen por objeto social la redacción de querellas para la tutela de fines etéreos que envuelven artificiosamente otros intereses, de los que se están conociendo ahora que se acercan las elecciones generales».

No obstante, Cortés afirma que todas las acusaciones populares, «menos Manos Limpias, que obró con toda limpieza procesal en este momento -referido a la presentación de las conclusiones definitivas en el juicio-, operaron en «fraude de ley» al tratar de «alterar el grado de participación» de David Sánchez tras declararse la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal.