Diez medidas clave de los decretos ley de vivienda aprobados este martes por el Gobierno

Los dos decretos ley de vivienda que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros incluyen diversas medidas de protección ante los desahucios, estabilización de los contratos de alquiler, prohibición de la compra especulativa a los fondos y regulación del alquiler de temporada de habitación y turístico.

También contienen cambios fiscales en el IRPF, el IVA y la tributación de las socimis (sociedades de inversión inmobiliaria), así como la renovación automática de contratos como medida única de uno de los decretos.

A falta de los detalles que se plasmen en los texto de los decretos, estos son diez de los más relevantes:

Claves de los decretos de vivienda

Por un lado, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, que no son automáticas, sino que los inquilinos las tienen que solicitar. También incluyen la congelación de rentas con subidas en las actualizaciones anuales del 0% y la protección antidesahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030.

El texto plantea la regulación del alquiler de temporada y del alquiler por habitaciones, estableciendo una duración máxima de 12 meses para el alquiler temporal y extendiendo a estos contratos las garantías de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y los derechos propios del alquiler habitual, como la prohibición de cobrar honorarios, los límites de fianza y la aplicación de los límites de precios.

A su vez, se obliga a justificar la temporalidad del contrato y, si no queda debidamente acreditada, se considerará que el contrato es de vivienda habitual, al igual que cuando se encadenen contratos temporales con el mismo inquilino; y los alquileres de habitaciones pasan a tener el precio regulado (la suma de la renta de las habitaciones no podrá superar el tope establecido para las viviendas) y los inquilinos quedan protegidos con las mismas garantías que si tuvieran un alquiler habitual de todo un piso.

Una quinta medida es la prohibición durante dos años a los fondos de inversión de comprar viviendas para uso especulativo. Asimismo, plantea la renovación automática de los contratos -por lo que arrendador deberá justificar la no renovación del contrato o, en caso contrario, indemnizar al inquilino- y la tributación de los pisos turísticos con un 21 % del IVA.

Incluyen también reducciones fiscales para caseros que rebajen la renta respecto al contrato anterior, bonificaciones fiscales para inquilinos con bajos ingresos y ayudas a la compra de la primera vivienda, así como un incremento en la fiscalidad de las socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) del 15% al 25% de los beneficios no distribuidos.

Por último, los ayuntamientos podrán cobrar el doble de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a las casas que lleven cerradas más de tres años.