El ‘caso Roger Español’ nueve años después: arranca el único juicio contra policías por las cargas del 1-O

Roger Español se ha convertido en el máximo exponente de la represión contra el independentismo durante el referéndum del 1-O. A las diez y media de la mañana de aquel 1 de octubre del 2017, cuando se encontraba en la calle junto a la escuela Ramon Llull de Barcelona, recibió el impacto de una bala de goma disparada por un agente de la Policía Nacional y perdió la visión del ojo derecho. Han pasado prácticamente nueve años de aquel día, que marcó un antes y un después en la política catalana y en la vida de este activista independentista.

Tras un largo periplo judicial, este miércoles el caso Roger Español llega a juicio. El escopetero, un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional se sentarán en el banquillo de los acusados. Español -representado por el abogado Benet Salellas- ejerce la acusación particular como víctima del delito, con la coordinación jurídica de Irídia, y hay tres acusaciones populares: Irídia, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana. Reclaman para cada procesado 13 años de prisión e inhabilitación.

Los cuatro agentes de Policía Nacional acusados lo están por un delito de lesiones con pérdida de órgano principal y por un delito de tortura. El ministerio fiscal, en cambio, considera que los hechos no constituyen delito por la eximente de «cumplimiento de un deber». La instrucción ha permitido acreditar indiciariamente que el agente disparó hasta tres veces, y que el disparo que causó la amputación del ojo se efectuó a una distancia de 14,12 metros, totalmente contraria al reglamento.

Los jueces de la Audiencia de Barcelona deben determinar si consideran proporcionada la actuación policial y si estaba justificado el disparo de balas de goma, un arma prohibida por el Parlament de Catalunya para los Mossos desde 2014 pero que la Policía Nacional utilizó durante la celebración del referéndum del 1-O en Catalunya.

Para Irídia, la actuación policial contra Español «se efectuó como represalia por participar» en el 1-O. En una conversación con Públic Ton Mansilla, abogado de Irídia en la causa, explica que una de las principales dificultades del procedimiento ha sido el análisis de las imágenes grabadas durante cargas y la identificación del escopetero que disparó contra Español. Según el letrado, esta tarea ha requerido un «trabajo incansable» durante toda la instrucción y ha permitido llegar al juicio con la autoría del disparo «claramente identificada».

Esto hace que el debate judicial no se centre tanto en quién disparó, sino en si la actuación policial fue legítima y proporcional. «La cuestión principal es determinar si el uso de balas de goma en ese contexto estaba justificado y se ajustaba a las directrices internas de la Policía o si, por el contrario, fue desproporcionada y totalmente antirreglamentaria», explica Mansilla.

En este sentido, Mansilla considera que hay «elementos más que suficientes» para acreditar que el escopetero «tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo y plena intención de lesionarle». Según explica, el agente llegó a disparar hasta tres veces contra Español, un elemento que considera relevante para sostener esta tesis.

Más allá del resultado de la sentencia, desde Irídia consideran que el mismo hecho de que el caso haya llegado a juicio constituye una forma de reparación para la víctima. En este sentido, Mansilla destaca la importancia de que los agentes acusados se sienten ante un tribunal y que Español pueda ser escuchado «en calidad de víctima de estos hechos». También espera que el proceso sirva para hacer justicia al resto de personas afectadas por la violencia policial durante el 1-O.

Una misión internacional

Para apoyar a Español, más de un centenar de entidades y 50 personalidades del mundo de la cultura han iniciado una campaña de apoyo Stop Balas de Goma que culminará con una gran manifestación el primero de octubre y un concierto solidario al día siguiente en la Sala Paral·lel de Barcelona. La campaña también recoge donativos para ayudar a pagar los gastos judiciales que ha tenido el procedimiento, y que calculan que superan los 100.000 euros.

El apoyo también es internacional. Seis organizaciones de derechos humanos y contra la tortura seguirán el juicio en el marco de una misión internacional de derechos humanos y contra la tortura. Son Amnistía Internacional; la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que reúne a más de 200 organizaciones de 90 países; la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles (INCLO), formada por una decimosexta de organizaciones de todo el mundo expertas en derechos de manifestación y en el uso de la fuerza y de armas menos letales; REDRESS, especializada en tortura, acceso a la justicia y derechos de las víctimas; ICHRP-España, con experiencia en estándares y mecanismos internacionales de derechos humanos y protección del espacio cívico; y DqD (Defender a quien Defiende).

Los observadores internacionales centrarán la atención en si el proceso ofrece las garantías propias de un juicio justo, en la valoración de la prueba sobre el uso de la fuerza, en los estándares internacionales aplicables a las armas menos letales, en la rendición de cuentas ante alegaciones de tortura o en la responsabilidad de mando.

Sin amnistía para los cuatro policías

Roger Español fue una de las 1.066 personas heridas que se registraron ese día hace nueve años, según datos del Departament de Salut. Ahora bien, este es el único caso derivado de la represión policial de aquella jornada que ha llegado a juicio. El resto han sido archivados por la justicia o amnistiados. De hecho, los cuatro agentes que serán juzgados esta semana son los únicos que aún no se les ha aplicado la ley de amnistía.

Según un balance del pasado mayo de Alerta Solidaria, dos años después de aprobarse la ley de amnistía, la han recibido 181 manifestantes y activistas y 64 políticos, cargos públicos o empresarios. Desde entonces, ha habido una veintena de amnistiados más, la mayoría condenados o encausados por malversación o terrorismo. A la espera de aplicarse a figuras como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, los otros grandes beneficiados de la amnistía han sido los policías que actuaron durante el procés.

La aplicación de la amnistía a los policías es prácticamente total: a 158 se les ha otorgado (89 policías nacionales, 62 guardias civiles y 7 mossos), no hay ningún caso pendiente y sólo a cuatro se les ha denegado, que son los policías nacionales acusados haber vaciado un ojo a Roger Español el 1-O. El tribunal lo rechazó al considerar que existen indicios suficientes de criminalidad y que la pérdida de un órgano o de un sentido figura entre las excepciones previstas por la norma.

Cabe recordar que Roger Español también llegó a estar procesado por atentado contra agentes de la autoridad por el lanzamiento de una valla metálica contra la línea policial el mismo día que recibió el impacto de la bola de foam. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona archivó la causa contra él al aplicarle la amnistía.

Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y el colectivo Irídia han recurrido ante el Tribunal Supremo la amnistía a 46 policías que su juicio, actuaron «con una clara intencionalidad de humillar y castigar a los ciudadanos que libre y democráticamente querían ejercer sus derechos».

El caso de Roger Español se ha convertido en el principal símbolo de la violencia policial del 1-O y en el único procedimiento judicial que ha llegado a juicio contra agentes de la Policía Nacional por las cargas durante el referéndum. Nueve años después de los hechos, el caso llega finalmente a los tribunales, con la incógnita de si los agentes acabarán respondiendo penalmente por su actuación y de si la justicia determinará responsabilidades por las lesiones que Español sufrió durante aquella jornada.