El Congreso lanza un contundente apoyo al Sáhara y Marruecos denuncia «iniciativas desacertadas que generan discordia»

Marruecos y el Sáhara Occidental. Dos territorios que han protagonizado una buena parte de la política exterior española en los últimos años. Especialmente tras el giro dado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022 al apoyar la autonomía que plantea el reino alauita para solucionar el conflicto. Este jueves ha tenido lugar un capítulo muy simbólico tanto por el fondo como por la forma. Todo además en un contexto en el que las relaciones con el país vecino están en el foco principal de los partidos políticos tras la crisis de Ceuta. 

El Congreso ha aprobado, con solo el voto en contra de Vox, la ley que permite otorgar la nacionalidad española a las personas nacidas en el territorio saharaui durante la etapa en la que eran una colonia de España. Es más, el dictador Francisco Franco la designó como la provincia 53. La iniciativa beneficiará, según los cálculos de sus impulsores, a entre 80.000 y 100.000 personas. Son las que nacieron antes de 1977 y sus descendientes directos.

Pocas horas después de que la ley saliera adelante en la Cámara Baja, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Marruecos emitía un comunicado en el que denunciaba que «instituciones legislativas y judiciales de prestigio cometan errores mediante iniciativas desacertadas que generan discordia», refiriéndose a España. Además, Rabat se negaba «a ser utilizado como peón político preelectoral, ni aceptará ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos».

A a la aprobación de la ley se ha llegado tras un complejo camino. Es una reivindicación habitual a la izquierda del PSOE y ya Unidas Podemos la llevó al Congreso en 2022. En la actual legislatura Sumar, con los diputados Enrique Santiago y Tesh Sidi a la cabeza, lo volvió a poner encima de la mesa. El pasado año el PSOE votó en contra de su admisión a trámite pero la ley continuó su camino por el voto favorable del PP. 

Cuando parecía congelada en la Comisión de Justicia por falta de apoyos, de manera sorpresiva, como reconocieron varias fuentes parlamentarias, la ley dio un giro. Las negociaciones entre Sumar y los socialistas fructificaron y se aceleró su aprobación. Como publicó este medio el papel de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cierta debilidad del PSOE en el final de la legislatura o la necesidad de hacer un gesto hacia los saharauis son algunos de los factores que explican este cambio. 

Durante el debate parlamentario fue significativo especialmente el discurso del diputado socialista Artemi Rallo. El PSOE recibió críticas del resto de grupos por ese cambio de posición de 2022 y el sometimiento a Marruecos pese a apoyar la ley. «Este es un acto de soberanía, de un parlamento democrático, libre, sin servidumbres ni complejos. Es un acto de una democracia con los Derechos Humanos por bandera», proclamó Rallo en un intento de quitarse esa etiqueta de sumisión a las presiones marroquíes. 

Antes, diputados como Josep Pagès, de Junts, habían acusado a los socialistas de «incoherencia y oportunismo» por «acordarse» de los saharauis «por puro interés electoral». Una visión que es compartida por otros grupos que destacan que dentro del PSOE hay «dos almas» en relación a un asunto de especial sensibilidad para muchas personas dentro del partido. Un ejemplo muy visible es la mencionada Armengol. En el mes de julio habló por primera vez de manera pública de su vida personal como madre de acogida de niños saharauis. Y además fue la primera presidenta del Congreso que recibió a los niños y niñas saharauis que participan en el programa Vacaciones en Paz. 

¿Consecuencias con Marruecos?

Como en cualquier asunto relacionado con el pueblo saharaui es inevitable preguntar si habrá algún tipo de consecuencia en las relaciones bilaterales con Marruecos. «Es la gran pregunta. Lo desconozco. Visto lo visto puede pasar cualquier cosa pero no me atrevo a hacer previsiones», apunta una fuente parlamentaria. 

Tanto el debate como en la votación se pudieron ver integrantes del Frente Polisario, organización legítima representante del pueblo saharaui ante la ONU, y del movimiento de apoyo solidario español en la tribuna del Congreso. Todos los grupos se dirigieron de manera expresa a ellos y se vieron ropas tradicionales saharauis, daraas y melfas, como sucediera hace más de 50 años cuando había procuradores saharauis en las Cortes franquistas. Es más, por la mañana todos los representantes políticos, con Armengol a la cabeza, tuvieron un encuentro público con los invitados. «Casi más que la ley, esta foto seguro que no gusta en Marruecos», apuntaba una de las personas asistentes. 

«Marruecos pensaba que esta ley no iba a salir», señala una fuente conocedora del conflicto que resalta que es una ley que no gusta lo más mínimo al país vecino. Fuentes de Sumar inciden en que la nacionalidad española imposibilitará que alguien pueda sufrir las vulneraciones que sufren actualmente a nivel administrativo o en cuestiones de Derechos Humanos para los que viven en los territorios ocupados. 

«Reconoce que los saharauis no son marroquíes por el propio título de la ley», añaden estas fuentes. Marruecos, en cambio, considera a los saharauis como unos marroquíes más y se refieren al territorio como «provincias del Sur» o «Sáhara marroquí». La lectura de estas fuentes también añade que la ley asocia a España y a Marruecos con el referéndum porque es el documento probatorio y les implica más en la solución del conflicto. 

Oficialmente Marruecos no se ha pronunciado sobre esta ley ni de manera institucional ni a través por ejemplo de su agencia de comunicación oficial, MAP. Tampoco lo ha hecho en un comunicado emitido este jueves en el que acusa a España de usarlos como «chivo expiatorio» en ajustes de cuentas políticos. Sí hay algunos artículos en prensa cercana al oficialismo del rey Mohamed VI que ponen el foco en la ley y las relaciones con el actual Gobierno de Sánchez. «Una nueva prueba para las relaciones entre Marruecos y España: el ‘partido de Sánchez’ apoya la naturalización de los saharauis», tituló este 8 de septiembre el medio Hespress. Otro texto de esta misma semana publicado en el medio Assahifa recoge la opinión del profesor de Relaciones Internacionales Khalid Chiat que enmarca esta ley en una decisión «política y no humanitaria». 

Además hay voces que relacionan, como publicó este medio, lo sucedido en Ceuta a finales de julio con el avance de esta ley o el reciente viaje a Argelia de Sánchez, país enormemente enfrentado con sus vecinos marroquíes. Es un pensamiento muy extendido en el colectivo saharaui, especialmente por el recuerdo de 2021. En aquel momento entraron unas 10.000 personas poco después de conocerse la acogida de carácter sanitario en España del líder del Polisario Brahim Gali. En el Gobierno han desligado en todo momento cualquier similitud con lo que pasó hace cinco años.

De momento, según los informes publicados por Moncloa este jueves las únicas pruebas recogidas por el Ejército o Fuerzas Armadas lo que hacen es señalar la «pasividad» de los agentes marroquíes durante la entrada de personas a la ciudad autónoma. Otros informes apuntan también como factor de riesgo la «voluntad» de reforzar durante el discurso del rey Mohamed VI «la percepción de dependencia de España y la UE» del control migratorio ejercido por Marruecos en su frontera sur. 

En paralelo ha sido el propio ministro de Exteriores José Manuel Albares, que llegó al cargo ese año con el objetivo de cerrar la crisis con Marruecos, quien ha avalado el impulso a esta ley. Lo anunció públicamente durante una sesión de control en el Congreso a finales de junio. Preguntado su ministerio sobre si la aprobación este jueves supondría alguna consecuencia en las relaciones bilaterales con Marruecos, fuentes de Exteriores han remitido a Público esta respuesta: «Es una decisión soberana del Parlamento español que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno como indicó el Ministro Albares defenderán y apoyarán». 

Una hemeroteca llena de roces

Más allá del episodio de Ceuta en 2021 y que acabó con el cese como ministra de Exteriores de Arancha González Laya, la hemeroteca nos deja otra serie de roces por cuestiones relacionadas con el Sáhara Occidental de manera más o menos reciente. 

Ya con Sánchez en el Gobierno, en 2018, el entonces ministro de Exteriores, José Borrell, vetó la celebración de un debate sobre el conflicto en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión, su informe desfavorable contó con el beneplácito también del PP. «Cualquier acción por parte de poderes públicos conducente a respaldar las reivindicaciones de la RASD o del Frente Polisario puede tener efectos inmediatos en las relaciones bilaterales con el consecuente impacto en el interés general», señaló en su argumentación entre críticas de los partidos de izquierda. 

En febrero de 2020, el entonces secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez, de Unidas Podemos, se reunió con la ministra de Asuntos Sociales saharaui, Suelma Beiruk para firmar un convenio junto a la ONCE para ayudar a personas con discapacidad en los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf. El encuentro fue difundido en redes sociales sin generar demasiado impacto pero González Laya publicó un par de mensajes reconociendo que su homólogo marroquí lo había llamado para aclarar que la posición del Gobierno respecto al Sahara no había cambiado y que España no reconocía a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El tuit de la reunión fue borrado.

Otro episodio que generó revuelo fue un mensaje en redes sociales, en noviembre de 2020, del entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. El dirigente de Podemos se limitó a escribir unas líneas de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 1995: «La ONU reitera su empeño en que celebre, sin más demora, un referéndum libre, limpio e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental…». +González Laya se vio obligada también a llamar a Marruecos, Argelia o Mauritania para expresar que la posición del Gobierno la marcaban Exteriores y Sánchez.