El Gobierno asegura que publicará «todo lo que tiene» sobre Ceuta tras acusarle el PP de recortar los informes

La web oficial de Moncloa será el mayor punto de atención informativa este miércoles. En el portal del Gobierno se publicarán, a una hora indeterminada todavía, diferente documentación relativa a la crisis de Ceuta de los pasados días 30 y 31 de julio. Según desveló este martes la ministra portavoz Elma Saiz se trata de alrededor de 40 diferentes documentos. 

Los informes pertenecen, según fuentes de Moncloa, a las diferentes agencias de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Esto incluye la Policía Nacional, el Ejército o la Guardia Civil. Y concretamente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). También, según avanzan estas fuentes, se incluirán comunicaciones entre agencias o departamentos, algunas de ellas en formato de correo electrónico. Algo que servirá para comprobar la información que compartieron las FCSE esos días.

El horizonte temporal de la documentación que estará disponible para toda la ciudadanía abarca entre el 1 de julio y el 1 de agosto. En Moncloa inciden en que este martes se publicarán «todos los documentos» con los que cuenta en estos momentos el Gobierno de Pedro Sánchez. «Lo que queremos publicar es todo. Si el Gobierno le pide a todas las entidades que nos den toda la información entendemos que nos lo han dado todo», reflexionan en el Ejecutivo. 

Pero las fuentes gubernamentales consultadas señalan que «en el caso de que se conozcan a posteriori» más informes se podrán incorporar al dossier. «Lo que queremos es que no haya dudas. Publicaremos todo», insisten. Es decir, en Moncloa no descartan que la documentación se amplíe más adelante. 

Lo que sí aseguran en la cúpula del Ejecutivo es que los 40 de este martes se publicarán de manera íntegra ya que no tienen información especialmente sensible para la seguridad nacional. En el caso de que hubiera sido así, o en un hipotético futuro, la voluntad del Gobierno es que esa documentación se envíe a la Comisión de Secretos del Congreso. En ese foro solo pueden consultarla los representantes de los partidos políticos. 

«No hay trampa ni cartón», inciden en el Gobierno. En este sentido responden a las declaraciones del presidente del PP Alberto Núñez Feijóo. El dirigente gallego dijo que no espera «nada» de la desclasificación de estos informes. «Están recortados», llegó a decir sin haberlos visto todavía. 

«El señor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder y se colocara del lado del Gobierno y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas», dijo al respecto Saiz en la rueda de prensa ofrecida en Moncloa tras el Consejo de Ministros. «La vuelta la normalidad pasa por la colaboración entre administraciones. No ayuda en nada poner en palos en la rueda», añadió. 

La desclasificación de los documentos e informes fue uno de los anuncios principales que hizo Sánchez el pasado jueves durante su comparecencia en el Congreso. «El Gobierno no tiene nada que ocultar en este asunto. Tanto es así que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarlos por sí solos y por sí mismos», afirmó.

El presidente reivindicó entonces la «absoluta transparencia» en este asunto, algo que también hizo este martes la portavoz del Gobierno. «Una cosa es detectar que los cruces a nado estaban creciendo que es algo que detectamos todas las instituciones, y que nos pusimos a la labor inmediatamente. Y otra cosa es decir que hay que extremar las cautelas para anticipar, en cuestión de horas, la llegada de 70.000 personas en Ceuta. Eso, señorías, no lo hizo ningún informe, al menos ninguno que llegara a manos del Gobierno de España», anticipó ya Sánchez ese día.

Por su parte, en Sumar, socios de coalición del PSOE, consideran que el Gobierno «acierta» con la desclasificación de los informes. «Para nosotras cuanta más transparencia mejor. Necesitamos claridad, necesitamos respuestas, y el Gobierno acierta con esta desclasificación. Las responsabilidades que toque depurar en su momento, que se depuren», dijo en una rueda de prensa en el Congreso la portavoz del grupo Sumar Verónica Martínez Barbero. 

Lo que se conocía o no antes de finales de julio ha sido uno de los temas que han generado mayor tensión política durante el mes de agosto. De hecho se transmitieron públicamente diferentes versiones entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska sobre si se había informado previamente de que la entrada masiva pudiera ocurrir. 

La jueza María Tardón, en el foco 

El líder del Ejecutivo reafirmó entonces que no existían pruebas de la implicación de Marruecos en esta entrada masiva de personas. El día anterior a la comparecencia de Sánchez se conocía un informe que señalaba a gendarmes marroquíes. En el Gobierno expresaron en primer lugar su malestar por la filtración como un paso más de la operación «mediática-judicial» en su contra. El documento en sí no incluía ninguna prueba contundente contra la implicación de Marruecos salvo varios indicios. La Policía constató la imposibilidad de determinar la autoría pero apuntó a una serie de indicios «reveladores de las características del autor intelectual y material».

El ministerio de Interior que dirige Marlaska llegó a expresar además una queja formal contra la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón. La magistrada dio orden a los investigadores de no comunicar a sus superiores ningún aspecto relacionado con la elaboración de este informe. Es decir, el Gobierno no lo conocía.

En paralelo a esta publicación del dossier, la causa en la Audiencia Nacional avanza en un proceso que dirige la mencionada jueza. El Gobierno se ha personado como perjudicado, así como la administración de la ciudad de Ceuta. Y además ha elevado ya el tono de manera clara contra el proceder de Tardón. El ministro de Transportes Óscar Puente manifestó que «hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad», según declaró en el programa Hora 25 de la Cadena Ser. Fuentes de Moncloa avalan esa posición y señalan que Puente «es un portavoz autorizado del Gobierno».