El Gobierno de Ayuso sigue sin desvelar quién dio la orden de compra del ático ni por qué se eligió el de Chamberí

Miguel Ángel García Martín ha vuelto a insistir, este lunes, en que el ático del paseo General Martínez Campos se compró para ponerlo al servicio de las necesidades de la Comunidad de Madrid (un lugar de trabajo con área de descanso y alojamiento ocasional) y, por lo tanto, mantiene la negativa de que fuera a tener un uso meramente residencial. Y lo ha hecho a pesar de las evidencias que se desprenden de los documentos hechos públicos por el propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado jueves. Así, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local —el elegido por la presidenta madrileña para tratar de dar carpetazo al asunto del ático— ha afirmado que esos informes distribuidos la semana pasada evidenciarían «la gran mentira» que, según la perspectiva que ha tratado de trasladar, se habría intentado armar alrededor del inmueble para perjudicar a Ayuso. Con todo, sigue sin responder a las dos grandes preguntas: quién dio la orden de compra y por qué se decidió comprar un ático situado enfrente de donde vive la madre de la baronesa.

A todas luces, la estrategia del Gobierno madrileño es la misma que hace unas semanas, aunque con algunas variaciones en los detalles. García Martín, que es el consejero del que depende políticamente Planifica Madrid, sigue sin admitir que el ático fuera comprado para que Ayuso viviera en él y, acusado por los diputados de PSOE y Más Madrid, ha aseverado que él no ha mentido jamás en sede parlamentaria «ni fuera de ella». Tampoco, por lo tanto, cuando ha repetido reiteradamente que el uso del ático de Chamberí iba a ser el de oficina temporal mientras durasen las obras de la Puerta del Sol. La novedad de la comparecencia de este lunes, que se ha llevado a cabo en la Comisión de Presidencia de la Asamblea de Madrid, es que el inmueble se iba a poner «al servicio» de «todas las consejerías».

El consejero obvia en su explicación documentos extraordinariamente claros claros como la Memoria de arrendamiento de inmueble institucional, en el que se especifica que, igual que ocurre en otras autonomías, el Gobierno madrileño «estima necesaria» la «posibilidad de contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración». 

O el informe de la Abogacía del Estado en el que se cita el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) y donde se apunta algo que tampoco es trivial. Establece una diferencia clave con el carácter de residencia «ocasional» que se refleja en la memoria de arrendamiento. «Es uso residencial», reza el artículo 7.3.1 del Plan, «el que sirve para proporcionar alojamiento permanente a las personas». En otro informe, en este caso firmado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, se explica que el ático «presenta una configuración física propia de vivienda». Pese a todo ello, el Gobierno de Ayuso mantiene que el ático iba a servir para apoyar las labores de oficina y, eventualmente, para alojar a autoridades.

Al mismo tiempo, García Martín ha señalado que no existió un «encargo» a Planifica Madrid para comprar el ático, sugiriendo que habría sido una decisión de Pedro Corbalán, CEO de la empresa pública. De todas formas, ante las preguntas de los diputados de Más Madrid Juan Varela, Emilio Delgado y Hugo Martínez Abarca o de la socialista Tatiana Jiménez, García Martín se ha negado a responder acerca de quién dio la orden de compra. Conviene recordar que el PP ha impedido que se pueda citar a Corbalán para comparecer en la cámara madrileña.

Dudas con los documentos

Más allá de tratar de acorralar a García Martín con la eterna incógnita —quién ordenó la compra del ático—, los diputados de Más Madrid y PSOE han percutido con otra cuestión. Como respuesta a la insistencia del consejero acerca de la «transparencia» con la que estaría actuando su Gobierno (por las comparecencias ofrecidas y los documentos distribuidos), los partidos citados se han quejado de que esos informes «no tienen trazabilidad». «Ni siquiera consta en ellos los números de expediente», se ha quejado Tatiana Jiménez. «Ustedes han seleccionado una serie de documentos para alardear de transparencia», ha abrochado la diputada socialista.

Lo que vienen a decir los diputados de la oposición es que no se puede comprobar que todos los papales publicados sean reales ni que se hayan distribuido todos los documentos de los que constan los expedientes de «compra, puesta a disposición y venta», tal y como los ha enumerado García Martín. El PSOE y Más Madrid no se conforma con realizar un acto de fe.

La respuesta de García Martín ha sido la esperada: defender que se han publicado «todos» los documentos —ocultando solo los datos que debían ser «anonimizados»— y echar balones fuera con críticas —al más puro estilo Ayuso— al Gobierno central. En esa línea, ha acusado a «pagafantas» a los diputados de Más Madrid por sostener a Pedro Sánchez.