El Gobierno no ha enviado todavía los primeros expedientes de menores a Marruecos

54 días después del estallido de la crisis migratoria y humanitaria que atraviesa Ceuta, el Gobierno no ha enviado todavía los primeros expedientes de menores a Marruecos. Este martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, actualizaba el número de niños, niñas y adolescentes que permanecen bajo protección de los sistemas de acogida ceutís: 2.321 menores filiados. Una cifra a la que habría que sumar cerca de 500 niños refugiados en los espacios habilitados para adultos —y que el Gobierno está obligado a reubicar— y entre 500 y 700 menores que siguen viviendo, cerca de dos meses después, en las calles de la ciudad. En total, el futuro de más de 3.000 niños sigue en al aire, en medio del cruce de reproches entre el Gobierno central y el ejecutivo ceutí.

La prioridad es la reagrupación familiar, insisten desde el equipo de Torres. En otras palabras, que la mayoría de niños y niñas que hay en Ceuta termine regresando a Marruecos. Preferiblemente, al seno de sus familias, completan en conversación con Público fuentes de Política Territorial, culpando de cualquier retraso al gobierno del popular Juan Jesús Vivas. «Hasta el pasado lunes», recuerdan, «no había representante del menor, una figura legal necesaria» para empezar con las labores de triaje. Así lo revelaba, hace justo una semana, Torres, haciendo público un conflicto entre las dos administraciones por la contratación y el pago de esa figura. Un choque que ha mantenido bloqueados, durante mes y medio y hasta el pasado lunes, todos los expedientes de menores. Abiertos como tal, explicaba, este martes Torres, hay 2.321 expedientes, «tantos como niños». Ahora bien, reconocía el ministro, la mayoría en estado preliminar y pendientes todavía de la entrevista individual.

En las próximas semanas, seguía explicando el ministro, Ceuta tendrá ya «unas decenas» de expedientes avanzados para enviar un «primer corpus» de casos a Marruecos. Fuentes del Ministerio que regenta Torres confirman a Público que todavía no se ha enviado al país norteafricano ningún expediente de los miles de menores que permanecen en la ciudad. Un primer paso imprescindible para comprobar que el menor dispone de una familia a la que regresar y que el régimen de Mohamed VI está verdaderamente dispuesto a colaborar en la repatriación de los que públicamente llama «sus niños». Y es que, tal y como contó Público, España lleva al menos 14 años sin devolver un solo menor a Rabat, a pesar del acuerdo bilateral que los dos países suscribieron en 2007. Por si fuera poco, entre 2021 y julio de 2026, el Gobierno ha remitido al reino alauí más de 600 expedientes de repatriación de menores. Todos ellos sin respuesta por parte de las autoridades marroquíes.

Desde el equipo de Torres no pierden la esperanza. Marruecos, sacan a relucir, se ha mostrado en el último mes «receptivo» a la reagrupación de estos menores. Lo que no quita que, en caso de que dicha reagrupación se tornara imposible, se perfilaran solo dos soluciones: «O se quedan en Ceuta o son reubicados en otros territorios españoles». Ante cualquiera de estos escenarios, advierten, es imprescindible la «voluntad expresa» del gobierno de Vivas, que, quiera o no, ostenta la tutela legal de esos más de 3.000 niños y niñas.

¿Cómo es el procedimiento de repatriación de un menor?

Complejo y largo, valoran en conversación con Público fuentes de Infancia, recordando que el faro de todo el procedimiento es el interés superior del menor. Tal y como explica el Reglamento de Extranjería (entre los Artículos 167 y 171), para incoar un expediente, Ceuta, como responsable legal de los menores, tiene que facilitar toda la información que obra en su poder sobre cada niño, después de las labores de triaje. Esa información se incorpora al expediente del menor que, una vez listo, la Delegación de Gobierno, a través de los servicios consulares, remite al país de origen. En este caso, Marruecos. Aquí entra en juego la voluntad de colaboración de las autoridades marroquíes a las que se solicita un informe completo sobre las circunstancias familiares del niño. Un menor al que, en cualquier caso, la Delegación tiene que tomar declaración. Según el reglamento, a partir de los 12 años, el niño dispone de «juicio suficiente» para hablar en primera persona. Un reconocimiento que se torna obligatorio en el caso de los adolescentes de entre 16 y 18 años de edad.

Si la variable familiar no aplica —y el menor está de acuerdo— se puede contemplar la acogida del niño en los sistemas de protección de su país natal. Una alternativa que, reconocen desde Infancia, es muy inhabitual. Sea como fuere, tras la respuesta de Marruecos, la decisión final queda, en principio, en manos de la Delegación del Gobierno, que adopta la resolución final en fase administrativa. No obstante, si el menor se opone a regresar (la casuística más habitual), entra en juego la Fiscalía de Menores, que realiza, tal y como ha explicado a Público, «una labor de control» de todo el procedimiento. La última decisión terminaría, en estos supuestos, en manos de un juez. También pueden poner trabas a la repatriación los propios servicios sociales de Ceuta, obligados a elaborar un informe sobre la situación del menor en España que recoja cualquier indicio de vulnerabilidad.

La válvula de escape de Ceuta: los traslados

Reubicar a los niños, niñas y adolescentes que siguen en Ceuta en la Península. Es la exigencia que la pata de Sumar en el Gobierno, encabezado por la ministra de Infancia, Sira Rego, lleva semanas poniendo sobre la mesa. ¿Cómo? Por tres vías, insisten desde Infancia. Por un lado, a través de los acuerdos bilaterales que pueda firmar Ceuta con otras comunidades autónomas. Hasta ahora, tal y como contó Público, solo Andalucía mantenía en vigor un convenio de estas características, firmado en 2024, antes de la entrada de Vox en el Gobierno del popular Juan Manuel Moreno Bonilla. No obstante, el pasado 10 de septiembre, Navarra anunciaba la acogida de las primeras cinco niñas provenientes de la ciudad autónoma. El traslado, explican a este diario fuentes del gobierno foral, se cerró precisamente a través de un acuerdo bilateral ad hoc, con el que los de María Chivite daban el primer paso para «romper el bloqueo del sistema de reparto solidario por parte de las comunidades gobernadas por las derechas y ultraderechas».

La vía número dos es precisamente la activación de ese reparto vinculante entre comunidades, contemplado en el artículo 35 de la Ley de Extranjería. De nuevo, haría falta la voluntad expresa de Ceuta para poner en marcha los traslados, además de sortear el no de las comunidades gobernadas por el PP y, muy especialmente, de las que encabezan el tándem PP-Vox: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Territorios, todos ellos, que, según desveló El País y ha corroborado Público, han seguido recibiendo, a lo largo de agosto y septiembre, a menores migrantes no acompañados de Ceuta. Eso sí, a aquellos que estaban en la ciudad autónoma antes del cruce multitudinario de los días 30 y 31 de julio. La tercera y última opción, plantean voces de Infancia, es que el gobierno ceutí firme, por fin, el plan de traslado a recursos de diversas ONG de un grupo de 500 niñas especialmente vulnerables. Una propuesta que el ministerio puso a disposición de Ceuta hace ya cerca de un mes y que, aseguran los de Sira Regi, «ahí sigue disponible», a falta de una única cosa: la firma de Vivas.

Público se ha puesto en contacto con el gobierno de Ceuta para preguntarle por el estado de los expedientes de los miles de menores que acoge la ciudad. También le ha interrogado por el acuerdo bilateral firmado con Navarra para trasladar a esas primeras cinco niñas. ¿Significa que el equipo de gobierno ha cambiado de opinión y ya no aboga por la devolución de «todas» las personas que entraron, a finales de julio, a través de la frontera de Ceuta? ¿Hay conversaciones, en la misma línea, con otras comunidades? Por último, este diario ha querido saber si Ceuta firmará, finalmente, a ese plan de traslado de 500 menores a los sistemas de protección de ONG. Hasta el momento de la publicación de este artículo, no ha obtenido respuesta.