El Gobierno prepara un decreto exprés de vivienda

El desahucio de Maricarmen ha generado una catarsis en la sociedad española, un mar de indignación que ha salpicado a todas las administraciones políticas, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid principalmente, pero también al Gobierno de España. La imagen de la anciana de 87 años expulsada de la casa en la que ha vivido 70 años en camilla y en ambulancia ha disparado la frustración tras la movilización popular de los últimos meses liderada por el Sindicato de Inquilinas. 

La presión popular obliga al Gobierno a actuar. El Ministerio de Vivienda ultima la redacción de un decreto para llevarlo al Consejo de Ministros en los próximos días, que estaba previsto que se aprobara antes del verano. Finalmente, pese a la presión de los de Yolanda Díaz, quedó en el cajón ante la evidencia de que el Ejecutivo no lograba los votos suficientes para convalidarlo en el Congreso por los vetos cruzados de Podemos y de Junts. Sumar optaba por aprobarlo y que los grupos se retrataran en su votación en la Cámara Baja, el PSOE prefería evitar otra posible derrota parlamentaria. Ahora vienen las prisas. 

Según ha podido saber Público, el decreto se llevará al próximo Consejo de Ministros, el martes 29 de septiembre. Incluso se baraja la opción de un Consejo extraordinario este viernes, 25 de septiembre. El compromiso era aprobarlo a la vuelta del verano, pero el mes de septiembre está a punto de terminar. Este miércoles, tras el desahucio de Maricarmen, Sumar volvía a subir el tono. 

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy declaraba este miércoles contundente en el Congreso: «Esta indecencia tiene nombre y apellidos, porque tres veces esta Cámara ha tumbado la moratoria antidesahucios. El nuevo decreto de vivienda debe ir al Consejo de Ministros el próximo martes. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos». La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también hablaba en los pasillos de la Cámara Baja: «Hemos mediado para poder adquirir esa vivienda, para poder compensar esas rentas». Y señalaba a la Comunidad de Madrid: «Hay quien está trabajando en la dirección contraria».

El ministro de Cultura, por su parte, Ernest Urtasun, advertía a sus socios de Gobierno, al PSOE: «La semana que viene, sin falta, el Consejo de Ministros debe aprobar el Real Decreto de vivienda con los desahucios, traerlo al Congreso y y que todo el mundo esté a la altura». En el seno del espacio político de la izquierda alternativa, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau se mostraba contundente reclamando a Sumar romper con el PSOE en el Gobierno si este no garantiza el derecho a la vivienda. 

El Ministerio de Vivienda, según han explicado fuentes de la cartera a este periódico, trabaja en un texto que intenta recoger todas las peticiones de los grupos parlamentarios, algunas de ellas contrapuestas entre sí, como en el caso de Podemos y Junts. Busca, relatan desde el Ministerio de Rodríguez, incorporar algunas rebajas fiscales para los propietarios que puedan ser atractivas para partidos de derechas como PNV y los nacionalistas catalanes y, por otro lado, busca incorporar medidas que regulen el mercado del alquiler.

La propuesta del Ministerio de Vivienda plantea que los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional queden suspendidos hasta que la Administración les ofrezca una solución, eliminando en esos casos el límite actual de dos o cuatro meses. Además, prevé que las comunidades autónomas compensen a los pequeños propietarios por los costes derivados de esa suspensión y que la medida pueda aplicarse también a procedimientos ya en curso.